El Gobierno definió el destino de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse

El Gobierno nacional avanzará con la licitación de las Unidades Turísticas de Chapadmalal (Mar del Plata) y Embalse (Córdoba), dos emblemas del turismo social argentino. La medida contempla la posibilidad de concesionar su uso a privados o bien proceder a su venta, en el marco de una estrategia que busca reducir el déficit operativo de estos complejos. Según fuentes oficiales, en los próximos días se formalizará la transferencia de los inmuebles a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que ya realizó inspecciones técnicas en ambos establecimientos.

La Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes informó que la licitación se abrirá una vez completado este traspaso, y destacó que la iniciativa apunta a “generar millas de puestos de trabajo” ya establecer tarifas “accesibles y competitivas”. No obstante, aclararon que la generación de empleo estará sujeta a la magnitud de las inversiones privadas que se comprometerán en los proyectos adjudicados.

La decisión oficial se fundamenta en la fuerte caída del déficit operativo de estos complejos, que pasó de superar los 10 millones de dólares anuales a alrededor de 1 millón en el último período fiscal. Pese a este avance, el Ejecutivo considera que la operación estatal de los hoteles ya no es sostenible ni compatible con el rol que se le asigna al sector público. Esta postura generó rechazo entre organizaciones del sector turístico, que advierten que la competencia del Estado en la actividad hotelera perjudica al resto de los prestadores privados.

Desde la Cámara Hotelera y Gastronómica se cuestionó el carácter competitivo de estas unidades turísticas frente a emprendimientos locales de Mar del Plata y Embalse, argumentando que se trata de una “competencia desleal” promovida por el Estado. En paralelo, diversos sectores políticos y sociales expresan preocupación por la posible enajenación de estos complejos, ya que ambos se encuentran en terrenos declarados patrimonio histórico y cultural, lo que restringe su venta directa.

El Gobierno analiza posibles modificaciones normativas que permitan sortear estas limitaciones legales. Mientras tanto, sectores de la oposición calificaron la medida como un retroceso en el acceso igualitario al turismo, y remarcaron el valor simbólico y social de estos espacios para las clases populares. En contrapartida, desde el Ejecutivo se sostiene que el Estado debe centrarse en la promoción y difusión del turismo nacional e internacional, y no en la gestión directa de alojamientos.