El freno a la obra pública se convierte en el principal foco de conflicto entre Milei y los gobernadores.

La parálisis de la obra pública nacional se posiciona como el mayor punto de tensión entre el gobierno de Javier Milei y las provincias. Gobernadores de distintos signos políticos, en especial los considerados dialoguistas, ven frustradas sus expectativas de reactivación económicade reactivación económica para este año, en el que también se juega una agenda electoral clave. El nuevo acuerdo con el FMI , que eleva la exigencia de superávit primario del 1,3% al 1,6% del PBI, complica aún más cualquier posibilidad de recuperar las inversiones en infraestructura.

Aunque en los primeros meses del año se incrementaron algunos giros discrecionales – principalmente por pagos–principalmente por pagos judiciales a CABA–, los fondos destinados a obra pública se mantienen muy por debajo del promedio histórico , lo que desdibuja cualquier efecto positivo real en los territorios. Según datos oficiales, la Inversión Real Directa ( IRD ) pagada(IRD) pagada en el primer trimestre de 2025 fue de $127.328 millones , un 101,8% más en términos reales interanuales, pero un 53% inferior al promedio registrado desde 1995 .

El componente más afectado sigue siendo el de “construcciones” ( obras(obras viales, hidráulicas, educativas, sanitarias), que registró un alza del 64,9% frente a 2024, aunque su participación cayó del 67,3% al 55,5% del IRD total. En varias provincias, este rubro representa el 100% de la inversión pública nacional; sin embargo, en La Pampa, La Rioja, San Luis y Chubut no se registró ejecución alguna en loen lo que va del año.

Avales sin ejecución y judicialización de proyectos

Varios gobernadores lograron, tras gestiones individuales, que el Ministerio de Economía autorizara avales para tomar deuda destinada a obras, pero la mayoría no se ejecutaron . La incertidumbre macroeconómica, las dificultades del mercado internacional y los plazos cortos en el financiamiento local. impiden que las provincias avimpiden que las provincias avancen en ese camino con fluidez.

Un caso paradigmático es el de la Autopista 19 entreentre Córdoba y San Francisco, obra financiada por el BID , que fue transferida de Nación a la provincia y terminó judicializada . La Uy terminó judicializada. La UTE a cargo de los trabajos denunció irregularidades ante el organismo multilateral por la rescisión de contrato y la relicitación durante la transición. Desde la Cámara Argentina de la Construcción aclararon que se trata de un caso excepcional, pero reconocen el riesgo sistémico que implica el corte de contratos con financiamiento externo .

Desconfianza creciente y reconfiguración política

El creciente malestar de los mandatarios provinciales se traduce ya en gestos concretos: algunos legisladores aliados se desmarcan en el Congreso , y otros condicionan su apoyo futuro a cambios en la estrategia del Ejecutivo. El caso del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil , es ilustrativo: sus diputados dieron quórum para habilitar la comisión investigadora del escándalo $LIBRA, marcando un giro inesperado en su vínculo con la Casa Rosada.

En este escenario, el freno de la obra pública no solo representa un conflicto presupuestario , sino también una pérdida de capacidad territorial para mostrar gestión. en un año donde los gobernadores también enfrentanen un año donde los gobernadores también enfrentan su propio calendario electoral. En muchos casos, los proyectos provinciales clave permanecen paralizados , o en el mejor de los casos, avanzan lentamente gracias a financiamiento internacional o fondos propios .

El riesgo es claro: una crisis de inversión en infraestructura que impacta en el empleoque impacta en el empleo, la competitividad y los servicios básicos, con efectos directos en la población y consecuencias políticas para todos los niveles de gobierno.