Catamarca deberá asumir el financiamiento de $557 millones en obras hídricas

La provincia de Catamarca enfrentará una carga financiera significativa tras la rescisión del convenio de cooperación y financiamiento con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). La medida, impulsada por el Gobierno Nacional, implica que la provincia deberá cubrir $557.188.166 para evitar la paralización de las obras en curso.

El acuerdo original establecía que la Nación transferiría un total de $3.128.263.704 para la ejecución de diversos proyectos hídricos, de los cuales ya se habían abonado $2.571.075.538 en concepto de anticipo financiero. Con la disolución de ENOHSA mediante el Decreto 1020/2024, la provincia ahora deberá hacerse cargo de los fondos restantes para completar las obras planificadas.

Entre los proyectos afectados se encuentran el Acueducto Valle Viejo, el Sistema de Desagües Cloacales de Fiambalá, la Red Cloacal Colectora Oeste II en la Capital, las Plantas Depuradoras de Efluentes Cloacales Domiciliarios de Saujil y Ancasti, la Refuncionalización de la Planta Potabilizadora de Pirquitas y los Sistemas de Cloacas entre la Capital y Valle Viejo. Estas infraestructuras son clave para mejorar el acceso al agua potable y el saneamiento en la región.

A pesar de la interrupción del financiamiento, el Gobierno Nacional mantiene la facultad de auditar técnica y financieramente el progreso de las obras. Esto significa que la provincia deberá justificar el uso de los fondos recibidos y, en caso de no completar los proyectos, devolver los montos adelantados.

La decisión de disolver ENOHSA responde a una política de reducción de estructuras estatales y transferencia de responsabilidades a otros organismos. Según lo dispuesto, las funciones del ente serán absorbidas por la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas. Este cambio genera incertidumbre sobre el futuro de la infraestructura hídrica en Catamarca y otras provincias que dependían de la financiación nacional.

Frente a este panorama, el Gobierno Provincial deberá evaluar alternativas para garantizar la continuidad de las obras y evitar impactos negativos en el abastecimiento de agua y saneamiento para miles de habitantes.