El Gobierno avanza con la fusión de Vialidad Nacional y otros organismos viales

El Gobierno nacional ultima detalles para la fusión de Vialidad Nacional, Corredores Viales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial en una nueva entidad con competencias sobre todas las rutas nacionales. Esta reestructuración busca reducir costos y eliminar cargos jerárquicos, en el marco de un proceso de reorganización del Estado.

Según fuentes oficiales, el decreto que establecerá la fusión se encuentra en su fase final y forma parte de las iniciativas del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Se prevé que de los más de 1.500 cargos jerárquicos actuales en Vialidad Nacional, solo 170 sean retenidos. En total, la medida impactará en aproximadamente 10.000 empleados públicos que actualmente integran estos organismos.

El modelo a seguir es similar al de la reciente creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que absorbió la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. Con la implementación del decreto, Vialidad Nacional dejará de existir como entidad independiente, dando paso a una nueva agencia vial con una estructura más reducida y centralizada.

En paralelo, el Gobierno avanza con la privatización de rutas bajo jurisdicción estatal. La concesión del corredor mesopotámico, que abarca las rutas 12, 14 y 172, finaliza el 9 de abril. Mientras se desarrolla el proceso de licitación, el Estado asumirá temporalmente la operación de estos tramos, lo que podría generar la desvinculación de unos 500 trabajadores. Aún no se ha definido el futuro de otras concesiones administradas por Corredores Viales, que también están bajo evaluación.

Uno de los aspectos clave de esta reestructuración es la designación de la autoridad que encabezará la nueva agencia. Actualmente, Vialidad Nacional está dirigida formalmente por Marcelo Jorge Campoy, aunque el poder real dentro del organismo recae en Eduardo “Lule” Menem, cercano a Karina Milei. Se espera que la decisión final sobre la conducción de la entidad surja desde la cúpula del Gobierno.

Con esta transformación, el Ejecutivo busca optimizar la gestión vial, reducir estructuras burocráticas y avanzar en un esquema de mayor participación privada en la infraestructura de transporte.

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