Denuncias por irregularidades en la licitación de mobiliario escolar en Buenos Aires

La licitación pública 9/24, impulsada por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, ha generado controversia debido a presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato por más de 4.000 millones de pesos para la compra de muebles escolares.

Empresas del sector presentaron impugnaciones tras detectar especificaciones técnicas que, según denunciaron, favorecían a un proveedor en particular. Se señala que los requisitos de materiales y diseño eran tan específicos que restringían la competencia, una práctica que ha sido criticada en anteriores procesos licitatorios.

Ante estas denuncias, el gobierno bonaerense decidió posponer la licitación para revisar las quejas. No obstante, tras casi quince días de análisis, ratificó sin modificaciones las condiciones del pliego original, lo que generó aún más sospechas sobre la transparencia del proceso.

Uno de los aspectos más cuestionados fue la adjudicación conjunta de dos renglones del contrato. La empresa Tamecas SRL, mencionada en impugnaciones previas por su supuesta vinculación con grupos beneficiados en otras licitaciones, presentó una oferta alta en el primer renglón y una más competitiva en el segundo. Esta estrategia habría permitido a

la adjudicación de ambos segmentos, resultando en un sobreprecio estimado en 1.200 millones de pesos.

En un contexto de emergencia económica declarada por el gobierno provincial, la licitación 9/24 expone la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la contratación pública. Las cláusulas restrictivas no solo encarecen los costos para la provincia, sino que también limitan la competencia y facilitan la concentración de adjudicaciones en ciertos grupos empresariales.

La situación ha reavivado el debate sobre la urgencia de implementar reformas que garanticen procesos licitatorios más equitativos y eficientes, asegurando que los fondos públicos sean utilizados de manera responsable y en beneficio de la educación y otros sectores clave de la provincia.

Los 4.000 millones de Axel Kicillof que dejaron al descubierto las trampas de las licitaciones