Hidrovía: en plena feria, se inició la ofensiva judicial y administrativa para frenar la polémica licitación

La licitación para el dragado y señalamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una vía fluvial clave para el comercio argentino, se encuentra en medio de una controversia judicial y administrativa. Empresas interesadas han presentado impugnaciones y medidas cautelares, cuestionando varios aspectos del proceso licitatorio que otorga una concesión por 30 años con opción a 30 más.

Uno de los principales cuestionamientos se centra en la información técnica del río utilizada para la licitación. Se argumenta que esta información, aportada por los anteriores operadores Emepa y Jan de Nul, podría ser incompleta o contener información sesgada. Las empresas competidoras solicitan más tiempo para realizar estudios propios, pero las prórrogas otorgadas se consideran insuficientes para un relevamiento exhaustivo de una vía fluvial tan extensa. Esto genera una desventaja para las empresas que no contaban con información previa.

La Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya había frenado una licitación anterior en 2022 por irregularidades, está preparando un nuevo informe sobre este proceso. La Justicia en lo Contencioso Administrativo también intervino, habilitando la feria judicial para tratar una medida cautelar presentada por la empresa belga Dredging Internacional (DEME), competencia directa de Jan de Nul. Otra empresa también prepara una medida cautelar similar, a la espera del resultado de la presentada por DEME.

La licitación, que no pasó por el Congreso ni está contemplada en la Ley Bases, ha generado acusaciones de favoritismo hacia ciertas compañías. Se menciona que Jan de Nul, actual operador y cuyo exsocio estuvo involucrado en un caso de coimas, contaría con una ventaja por su conocimiento previo de la hidrovía. También se cuestiona la exclusión de empresas chinas, argumentando que no sería conveniente que un Estado soberano participe en la concesión.

En resumen, la licitación de la Hidrovía se encuentra judicializada y bajo investigación administrativa. Las empresas DEME, Jan de Nul, Emepa, y la china CCCC Shanghai Dredging son mencionadas como participantes o involucradas en el proceso. Los problemas centrales son la supuesta falta de equidad en el acceso a la información técnica, la extensión de la concesión a 30 años con opción a 30 más, y las acusaciones de favoritismo. No se describen detalles constructivos de obras físicas, ya que la controversia se centra en el proceso licitatorio en sí.