Fin del Registro de Constructores de Obras Publicas

El gobierno de Javier Milei, junto con el ministro de Transformación del Estado, está a punto de implementar cambios significativos en la ley de obras públicas que podrían transformar el panorama de las licitaciones en Argentina. La eliminación del artículo 13 de la ley 13.064, que establece un registro nacional de constructores, permitirá que empresas ajenas al sector de la construcción puedan participar en licitaciones. Este cambio busca aumentar la competencia y, según el gobierno, agilizar los trabajos de infraestructura.

Hasta ahora, el registro ha funcionado como un filtro que limita la participación a grandes constructoras, otorgando un certificado de capacidad que favorece a quienes ya tienen experiencia en el sector. Con la nueva normativa, cualquier empresa que declare su capacidad para realizar una obra podrá presentarse, lo que podría abrir la puerta a nuevos jugadores, incluyendo empresas extranjeras. Esto se considera un paso hacia la desarticulación de lo que se ha denominado el «club de la obra pública», que ha sido criticado por fomentar la cartelización y limitar la competencia.

El gobierno argumenta que la actual estructura del registro desincentiva la reducción de precios, ya que las empresas saben que el proyecto se repartirá entre ellas, independientemente de sus ofertas. Al eliminar este requisito, se espera que las empresas se vean obligadas a competir más agresivamente en términos de costos y calidad. Sin embargo, este cambio también plantea riesgos, ya que podría permitir que empresas sin la experiencia adecuada se involucren en proyectos críticos.

Además de la reforma del registro, el gobierno ha tomado medidas que impactan directamente en el financiamiento de la obra pública. Se ha solicitado la devolución de un billón de pesos que estaban destinados a proyectos de infraestructura, lo que ha generado preocupación entre los constructores sobre la disponibilidad de fondos para futuros proyectos. Esta decisión se suma a la reducción de recursos provenientes del impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria, que originalmente se destinaba en parte a obras de infraestructura.

En resumen, la administración de Milei está buscando desmantelar las barreras que han mantenido a las grandes constructoras en una posición privilegiada, al tiempo que enfrenta desafíos significativos en términos de financiamiento y la capacidad de las nuevas empresas para cumplir con los estándares requeridos en obras públicas. La eliminación del registro y la apertura a nuevas empresas podrían cambiar radicalmente el panorama de la construcción en Argentina, pero también conllevan riesgos que deberán ser cuidadosamente gestionados.