La encrucijada de las obras públicas paradas

Esta semana los llamados “gobernadores dialoguistas” van a tratar de conseguir en la Casa Rosada el financiamiento para la ejecución de obras públicas consideradas prioritarias. Esto surge luego de que se conoció que la Nación eliminó el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) y de los planteos de los empresarios del Norte por la deuda federal de $ 12.000 millones y por las obras paradas o “neutralizadas” que están expuestas a las inclemencias climáticas y al vandalismo. Esto, además de la crisis social en el sector, en el que se han perdido 20.000 puestos de trabajo.

El panorama es radicalmente opuesto al de marzo del año pasado, cuando desde la Nación se estimulaba a que se planteasen las obras que necesitaba la provincia y a que se acelerasen las que ya estaban en ejecución. En ese movimiento estaban obras grandes como el nuevo acueducto de Vipos -propuesto para dar solución de agua potable a 240.00 habitantes de la zona norte del Gran San Miguel, que es la que está creciendo aceleradamente en estos tiempos-; la autopista a Termas de Río Hondo y la cárcel de Benjamín Paz. Había obras de menor envergadura como red de cloacas y plantas de tratamiento de Simoca y de San Andrés, y muchas obras de rutas y caminos, por las cuales reclaman los constructores, que también expresaron inquietud por los trabajos parados en viviendas. Paralelamente, han expresado sus quejas sectores productivos por la falta de mantenimiento de caminos y rutas considerados relevantes para varias localidades y para la producción, que desde hace años esperan la reparación o la renovación, como es el caso de las rutas 321 y 334, así como inquieta a la comunidad el riesgoso parate que sufre el mantenimiento del acceso a la capital por San Andrés, en el cruce de las rutas 9 y 306.

Es decir, la administración provincial, así como sus pares de la región se ha visto enfrentada a una realidad opuesta a la de hace un año y medio, con todos los compromisos “neutralizados” y a la espera de un cambio de actitud que no parece que fuera a llegar, si se tiene en cuenta la idea fuerza del ministro federal de Desregulación y Transformación del Estado de que no va a haber más obra pública. La Provincia, en ese marco, se ha ido haciendo cargo en lo posible de algunos trabajos, como ha sido la inconclusa reparación de las fisuras en el dique El Cadillal, la reanudación de parte de los trabajos de la cárcel de Benjamín Paz y los arreglos en la ruta 307 a la altura de El Infiernillo, así como la nueva reparación del puente sobre el río Santa María en Amaicha. Todo esto, sin tener claridad de que vayan a ser devueltos los fondos por parte de la Nación.

En este complejo contexto, correspondería que los referentes de la política debatan claramente cuál es el camino en cuanto a las obras públicas. ¿Cómo se van a financiar? ¿Cómo se va a determinar su urgencia? ¿Cuál es la estrategia para conseguirlas? El debate es amplio y debería ser un tema central de la agenda política.