Obra pública: el debate ahora es quién paga la deuda de los proyectos transferidos a las provincias

Las empresas reclaman unos $400.000 millones; a las gobernaciones pasaron 882 proyectos, que incluyen todo tipo de trabajos; los problemas legales que demoran los reinicios.

CÓRDOBA.- El Gobierno nacional viene firmando acuerdos de traspaso de obra pública a las provincias y ya 882 tienen ese destino. Como las empresas reclaman deudas por $400.000 millones, la pregunta es quién la pagará. LA NACION trasladó la consulta a Economía y desde el ministerio indicaron “eso se conversará en cada caso”. Primero indicaron que en las “obras nacionales, las deudas las paga Nación”, pero ante la insistencia de las que se transfieren a las provincias la precisión fue la de “conversar”.

Según reconstruyó este diario, ni el ministro Luis Caputo ni el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, dieron alguna precisión a los empresarios respecto de cómo se pagará lo adeudado, que está estimado en $400.000 millones por la cámara del sector, de los que hay unos $250.000 millones facturados y el resto está sujeto a procesos de redeterminación de precios.

“La intención es transferir las deudas a las provincias, es decir, que el paquete sea completo. Dependerá de cada gobernador la batalla que esté dispuesto a dar. A algunos [Guillermo] Francos les dijo que se pagaba lo anterior y después se transferían”, precisó un empresario que pidió mantener su nombre en reserva.

Desde Economía insisten en que “las deudas de las obras nacionales que se van a reiniciar se van a pagar, por supuesto”.

Giovine detalló en la convención de la Cámara de la Construcción (Camarco) que serán 376 las obras que se quedó Nación, que quedaron paralizadas, pero que se reiniciarán. En cambio, 924 serán discontinuadas (la mayoría del programa Argentina Hace, del cual 170 se pasan a las provincias). El criterio de distribución sobre qué nivel de gobierno se queda con qué obra no fue muy claro, pero en general primó que Nación seguirá aquellos trabajos que tenían el mayor avance.

Desde los gobiernos provinciales y desde las empresas admiten que el reinicio de las obras llevará “un tiempo”, porque en muchas hay un cambio contractual por el que se pasa de un convenio firmado por Nación a uno que deberá suscribir la provincia. Hay mandatarios que requieren incluso autorización legislativa y administraciones que analizan relicitar determinados trabajos.

Secretaría de Obras Públicas
La heterogeneidad de obras es amplia. Están las que el financiamiento es de Nación, pero el contrato está firmado por las provincias o municipios. En ese caso el responsable legal de la deuda es la gobernación o la intendencia. “La [Casa] Rosada había quedado en mandarles el dinero, pero si hay demanda judicial es contra el que firmó”, explica un funcionario provincial. Es el caso, por ejemplo, de los planes de vivienda.

Otro grupo es el de obras que tienen financiamiento internacional (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo o la Corporación Andina de Fomento, por ejemplo). “Si el que firmó es Nación, de un día para el otro no puede pasarse a las provincias, porque las instituciones no lo contemplan. Hay que cerrar una etapa y abrir otra”, añade.

El otro segmento es el de obras licitadas por Nación. Los contratos están suscriptos por el Estado, con lo cual la transferencia de deuda debe ser aceptada y firmada por los gobernadores que deberán acordar con las empresas cómo pagar.

Los empresarios -de diversos tamaños de compañías- consultados por este diario coinciden con el planteo de que Nación no puede ocuparse de hacer baños en un cementerio o una pileta, tal como hay convenios firmados con municipios durante la gestión de Alberto Fernández. También subrayan que “hacia adelante” pueden cambiar, pero “hacia atrás el Estado es uno y debe hacerse cargo de lo que se hizo, aunque no se esté de acuerdo”.

“Lo que hay es un desorden legal importante -indican desde Camarco-. Hay obras transferidas que están incluso terminadas, pero otras que quedaron abandonadas, donde incluso hay pequeñas empresas que desaparecieron. Hay una infinidad de situaciones que requieren de tiempo para resolverse”.

El tiempo juega en contra en la Argentina, donde, no es novedad, hay serias deficiencias de infraestructura, de realización y de mantenimiento. “Si el Estado fuera una empresa, debería computar como gasto la depreciación de los bienes de capital y eso es lo que está pasando”, ejemplifica un exfuncionario provincial.

Un ejemplo es la orden del Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche de este mes de reparar de manera urgente y completa el tramo de la Ruta Nacional 40 que une Bariloche y El Bolsón, tal como se enmarca en la causa impulsada el año pasado por el entonces senador nacional y hoy gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y diversas entidades provinciales y locales debido al deterioro crítico de la mencionada ruta.

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/