Dará de baja “Argentina Hace” en seis meses

Dará de baja “Argentina Hace” en seis meses. Opciones para que las provincias y municipios terminen mejoras barriales. Nuevo marco legal para otros dos planes.

El ministro de Economía definió la hoja de ruta a seguir para rehabilitar y eliminar en un plazo máximo de seis meses los planes de viviendas y de accesos a los servicios básicos que se habían implementado durante la gestión de Alberto Fernández.

Por medio de tres resoluciones, Caputo estableció los lineamientos que deberá seguir la Secretaría de Obras Públicas a cargo de Luis Giovine para reconfigurar los programas heredados de la administración del Frente de Todos: “Argentina Hace”, “Reconstruir” y “Casa Propia-Construir Futuro”.

Las tres alternativas de Toto Caputo
En relación con el programa Argentina Hace, lanzado en marzo de 2020 para trabajos de mejoras en servicios básicos barriales y de fortalecimiento de redes comunitarias en 2.300 municipios del país, la resolución 452/23 planteó tres alternativas posibles para las autoridades provinciales y locales que habían quedado a cargo de las obras con los fondos aportados desde las arcas nacionales.

En los casos en que se detecten incumplimientos y atrasos en las obras pagadas por la Nación, las provincias y municipios tendrán que devolver las sumas que cobraron y no destinaron a los trabajos acordados.

A su vez, las administraciones del interior que decidan terminar las obras con fondos propios o de terceros deberán firmar un acuerdo y concluir los trabajos en un plazo no mayor a 120 días.

En los casos en que las provincias y municipios no acepten asumir el financiamiento restante, la Secretaría de Obras Públicas tendrá que determinar “de manera restrictiva y fundada, la conveniencia o no de continuar con las obras teniendo especialmente en cuenta: el grado de avance; el interés público comprometido y los costos que conlleve la ejecución”.

Fecha de defunción
Según los datos oficiales, el plan “Argentina Hace” tiene frenadas y pendientes de una definición alrededor de 950 obras de baja escala que involucran un monto total del orden de los $500.000 millones. Se trata de fondos destinados a la construcción de veredas, cunetas y piletas municipales; y de arreglos en cementerios e instalaciones deportivas.

Cualquiera sea el camino que se adopte del menú fijado por Caputo, el programa ya tiene los días contados y va camino a ser dado de baja en un plazo máximo de seis meses.

Nuevo marco legal para otros dos programas
Para la reactivación de los planes de viviendas y ampliaciones habitacionales que forman parte de los planes “Reconstruir” y “Casa Propia-Construir Futuro”, la cartera de Economía aprobó un nuevo esquema legal que regirá para la firma de los convenios con las autoridades provinciales, las cooperativas y las organizaciones no gubernamentales que tienen las obras estancadas por la aplicación de la motosierra mileísta.

Por medio de las resoluciones 361 y 368, Caputo definió los lineamientos y la metodología que se aplicará para reiniciar la construcción de alrededor de 70.000 viviendas que se encuentran paralizadas en casi todas las provincias.

Junto con la posibilidad de incorporar “terceros interesados que asuman de modo total o parcial la asistencia financiera necesaria para la finalización de las obras»; el nuevo encuadre legal establece estas condiciones:

Los convenios específicos para reiniciar las obras podrán suscribirse con los gobiernos provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires. También con organizaciones no gubernamentales de trayectoria reconocida, fondos fiduciarios y entes del sector público nacional que se hayan adherido a los programas de viviendas.
Además de concluir las obras, las autoridades que se hagan cargo de los proyectos tendrán tres tareas: proceder a la entrega de las viviendas terminadas con su correspondiente título de propiedad, gestionar el recupero del financiamiento en cuotas y llevar adelante las acciones para monitorear el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los adjudicatarios.
Las viviendas tendrán como beneficiarios a «los hogares residentes en todo el territorio nacional que se encuentren en situación de déficit o vulnerabilidad habitacional y los sectores de medianos recursos con dificultad de acceso a una solución habitacional».
Los nuevos ejecutores de las obras deberán implementar y gestionar un sistema de recupero de los montos financiados en cuotas mensuales y consecutivas que no podrán superar el equivalente al 30% del ingreso familiar de los adjudicatarios de las viviendas. El valor de las cuotas y la cantidad serán expresados en Unidades de Vivienda (UVI).
En los casos de cofinanciamiento, el recupero deberá ser recaudado por el ente ejecutor y distribuido proporcionalmente al financiamiento fijado en cada convenio.
Condiciones para el anticipo de fondos
En caso de no obtener financiación de terceros, el esquema diseñado por Caputo determina que tanto las administraciones provinciales y municipales como las entidades no gubernamentales podrían recibir un «anticipo de fondos nacionales para la terminación de las obras, cuyo monto será equivalente al 20% del total de Unidades de Vivienda (UVI) que contiene cada proyecto».

Esa chance de aporte estatal tiene un condicionante: sólo se podrá mantener siempre y cuando el Gobierno no enfrente problemas de caja.

En ese sentido, Caputo abrió el paraguas y dejó establecido que «todos los convenios de financiamiento se encuentran supeditados a la existencia de partida presupuestaria de la fuente de financiamiento correspondiente. En el caso de escasez o falta de ella, la autoridad de aplicación podrá suspender los desembolsos de financiamiento hasta tanto se solucione la situación mencionada o proceder a su cancelación definitiva».

 

Fuente: https://www.letrap.com.ar/