Suspensión de la obra pública: impacto de la medida nacional

Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras, aseguró que el mes pasado hubo 200 mil puestos de trabajo perdidos

La paralización de la obra pública en la Argentina ha generado una crisis sin precedentes en el sector de la construcción. En Círculo Político (de lunes a viernes, de 14 a 16), por la 91.7 de CiudadanoNews, conversamos con Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina (CPC) para comprender las consecuencias devastadoras de esta medida y la urgencia de encontrar soluciones.

—¿Cuál es el impacto directo en el empleo, debido a la suspensión de la obra pública?

—El mes pasado fueron 200 mil puestos de trabajo perdidos y se espera que en este mes los registros den por encima de los 250 mil. Hoy tenemos el 100% de la obra pública nacional paralizada, en el resto de las provincias también la obra provincial. En el caso de Mendoza, aunque no está completamente paralizada, los avances son significativamente más lentos debido a la falta de financiamiento. La situación es, no nos gusta usar el término ‘catastrófico’, pero la realidad es que estamos en presencia de una catástrofe en el sector.

—¿Cómo se ha manejado la situación en las provincias?

—Hay provincias en las cuales han instado a las empresas a seguir trabajando el grueso de enero, febrero diría que no existió ninguna obra en funcionamiento, estaban todas paralizadas de hecho. Lo que hay, intentamos ser prudentes con las palabras, pero la verdad, cuesta encontrar palabras que describan la situación. Estamos en una absoluta anarquía en el sector y esto significa que no hay funcionarios designados después de 100 días. Esto no se dio nunca en la historia argentina. Tenemos muchos años de gremial empresaria, hemos pasado situaciones de todo tipo, pero nunca hemos estado 100 días sin tener un funcionario, sin tener a quién hablar, que pueda decir “miren, no hagan más nada”, “se va a paralizar”, “rescindir”, “seguir”, nada, cero. No hay persona física que atienda el sector. La verdad, la situación es desesperante.

—Tengo entendido que, en el momento que se pararon las obras, había unas 3 mil en construcción, y ahora viene la responsabilidad contractual del Gobierno y seguramente se vienen juicios.

—Pareciera ser que al Gobierno no le interesa en lo más mínimo, cuesta encontrar adjetivos calificativos que puedan describir lo que estamos viviendo, hay mucha contradicción en todo ámbito, uno escucha a funcionarios del Gobierno defendiendo insistentemente el sistema de Tierra del Fuego y siendo que habrá 3 mil juicios de la obra pública y no le importan a nadie; después escuchamos durante toda la campaña a un presidente que nos dio ausencia de cómo no funciona la economía por el incumplimiento de contratos y la falta de seguridad jurídica y es el Estado el que hoy está incumpliendo los contratos y generando esa inseguridad jurídica.

Cuesta hacer entender a la gente que no entra nada más, no es que un funcionario vino y dijo esta obra la vamos a rescindir, esta va a seguir, esta no, o la vamos a parar, o no, o sea, nadie contestó un teléfono. No hay funcionario designado, no hay contrato rescindido, paralizado. Esto va más allá de lo económico. Estamos en una situación crítica que afecta a miles de familias y a la economía del país. La incertidumbre persiste mientras se espera una respuesta del Gobierno nacional.

—¿Hay una cierta discusión entre los constructores, los fabricantes de elementos de industria de la construcción, si estas decisiones repercuten, no sólo en el ámbito de construcción, sino también en la industria que prevé y en los otros servicios adicionales?

—Afecta. Quiero dejar en claro que el Gobierno está en todo su derecho, ya que ha sido elegido. Sin embargo, lo que buscamos no es más ni menos que una reunión formal en la que se tomen actos administrativos propios. Necesitamos rescindir contratos, buscar asesoramiento legal, sentarnos a resolver, pagar lo trabajado, abandonar obras si es necesario y que el gobierno se haga cargo.

Pero, pasar seis meses sin poder hablar con nadie, sin que nadie dé la cara, es algo sorprendente. Todo lo que ha sucedido hasta ahora ha sido, de hecho, sin derechos absolutamente. La situación es extraña y desesperante. La falta de pago de los certificados de obra ejecutada ha tenido consecuencias en cascada. En septiembre y octubre, las empresas no pudieron pagar a los proveedores lo adeudado.

Esto generó un consumo de capital de trabajo de las empresas y rupturas en la cadena de pagos. La colateralidad es evidente: menos recaudación de impuestos para el gobierno provincial en concepto de ingresos brutos y menos recaudación de impuesto de ingresos nacionales a través del IVA de productos que no se vendieron. Debemos decir que, primero, se encontró el déficit cero a costa de no pagar las obligaciones contraídas. Es una forma un tanto ingrata y capciosa. Además, nadie está explicando que, al no cumplir con las obligaciones, las empresas tampoco pueden cumplir. La situación es más compleja de lo que se muestra en los festejos oficiales.

Panorama de incertidumbre
“Eso significa que el mes que viene, como el Estado nacional y a su vez los estados provinciales recaudan menos dinero que el mes anterior, deben generar mayores ajustes. Entonces, hoy estamos en un espiral negativo inverso.

En vez de estar tensando en crecimiento o en estancamiento, estamos pensando en cómo dejar de caer, porque, en realidad la provincia de Mendoza, en diciembre recaudó 25% menos de coparticipación federal en enero 20 y en febrero 17. Es decir, viene cayendo sistemáticamente la recaudación de la Provincia.

Eso afecta al sector de la industria de la construcción, pero también afecta indirectamente a ustedes con la pauta, para que se entienda, al empleado público, al maestro y al enfermero, porque el Gobierno provincial al recaudar menos dinero, porque hay un freno en la economía, tendrá menor cantidad de ingresos para hacer frente a sus obligaciones. Esto impacta en forma muy violenta al sector de la construcción, pero en forma colateral impacta al resto de las actividades económicas”, se explayó Fernández.

Y finalizó: “Cuando hablamos de construcción, nos referimos a la contención social con la gente, hablamos de la madera, el árido, el cemento, el aluminio, del acero, el corralonero, del empleado que salía y en la esquina se compraba un sándwich y una gaseosa. Todo eso hoy no está pasando y eso está dejando de recaudar impuestos, tanto para la Provincia como para Nación. La pregunta es: ¿Cómo sigue esto? ¿un nuevo ajuste, qué más se va a recortar, hasta dónde va a llegar el incumplimiento de los contratos?

 

Fuente: https://ciudadano.news/