«No hay plata»: cómo afecta a la obra pública en Mendoza el ajuste de Nación

Qué proyectos están paralizados por el ajuste de Nación y ponen en riesgo al empleo. La situación de la obra pública que financia el Gobierno de Mendoza.

Al límite. Así puede decirse que están las empresas de la construcción por el ajuste «a machetazos» que desde la Nación el Gobierno de Javier Milei aplica al presupuesto de obra pública. Y que, por falta de recursos, tiene al empleo del sector como variableen Mendoza.

Los que están en el rubro califican la situación como «crítica» la situación, sobre todo de los proyectos que venían financiados con dinero del Tesoro nacional.

Mientras ruge la motosierra nacional, en Mendoza todo parece ser distinto. Es que si bien no hay obras paralizadas, sino que marchan a menor ritmo, tampoco da para «tirar manteca al techo» por ahora y, por el contrario, obliga a reordenar recursos.

«Esperamos que con el reordenamiento de la macro los precios se acomoden. Pero sin duda las empresas que no trabajan con obra pública de la Nación están mejor paradas», diagnosticó José Candeloro, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción filial Mendoza.

El ajuste a la obra pública que ya había anticipado Milei se hace sentir en mayor o menor medida. Lo cierto es que, luego de que el nivel de actividad se desplomara en enero un 20%, para Candeloro «hay que esperar los datos de febrero y también ver qué pasa en marzo».

Obra pública nacional: proyectos paralizados
En Mendoza hay al menos una veintena de empresas constructoras sin trabajo a raíz de al menos 8 proyectos que se habían licitado hasta 2023, y que producto del ajuste cruento del presupuesto nacional no tienen cómo seguir adelante.

En el listado aparecen el Procrear de Guaymallén, un complejo de 450 departamentos anunciado con bombos y platillos en los últimos meses de gestión de Alberto Fernández, en la órbita del ex Ministerio de Hábitat y Desarrollo Territorial.

Misma situación atraviesa un barrio de 224 viviendas en Tunuyán, que también debía ejecutarse con recursos nacionales. :

Tampoco se salvaron los proyectos solventados a través del polémico FISU (Fondo de Infraestructura Socio Urbana), uno de los fideicomisos que están bajo auditoría de Nación a partir de la decisión de Milei de eliminar su presupuesto o achicarlo a su mínima expresión.

En el caso del FISU, pasó de captar 9% del impuesto País a sólo 0,3%. Administrado por el MTE (Movimiento de Trabajadores Excluídos) de Juan Grabois, el programa llevaba adelante en Mendoza dos proyectos de infraestructura (agua y cloacas, cordón, cuneta y banquina, etc) en asentamientos de Maipú y San Carlos.

Hay otros casos, como el de un Polo Educativo en Santa Rosa.

Agua y cloacas también
Hay más obras de infraestructura que estaban en el presupuesto de distintos organismos. Y con el ajuste su destino es incierto.

Uno de ellos es el ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento). En la localidad de Ballofet (San Rafael) había iniciado el tendido de una red de agua potable y cloacas además de la ampliación de una planta potabilizadora de AYSAM, con un préstamo de u$d 150 millones del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), que ahora está en suspenso hasta nuevo aviso.

La ambiciosa obra tiene la particularidad de que la provincia de Mendoza hizo un aporte (no se precisó el monto) para evitar frenarla, pero tampoco alcanzó.

Algo similar ocurre con el colector cloacal iniciado en Las Heras.

Y aunque es un proyecto similar a diferencia del resto la red de cloacas que estaba ejecutándose en Maipú podría llegar a buen puerto tarde o temprano.

Es que un criterio para «zafar» del recorte es el grado de avance de cada obra. Justamente, la de Maipú había completado un 80% , y se estima que requeriría de unos $2000 millones para concluirla.

Mendoza, a menos ritmo
La situación de la obra pública financiada con dinero del Tesoro mendocino asoma, por el momento, menos crítica. Esto, a pesar de la rediscusión de los recursos que son parte de la Coparticipación y los ANR (Aportes No Reintegrables).

Para las empresas constructoras de Mendoza el mandato desde el Ejecutivo mendocino es unívoco: bajar a la mitad el ritmo de ejecución de los distintos proyectos, mientras los fondos no lleguen y la recaudación tampoco crezca.

Eso implica certificar menos para que la plata alcance y no se interrumpa del todo el financiamiento.

Es lo que monitorean por estos días desde la DPV (Dirección Provincial de Vialidad) en las obras de infraestructura vial. Y por su parte, también el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda), en pos de sostener sus distintos programas como Construyo Mi Casa. Una práctica que, por ahora, se aplicará durante los próximos 3 a 4 meses.

Un ejemplo concreto: si una empresa constructora certifica avance de obra a un ritmo del 7%, en adelante no deberá superar el 4%.

Claro que aquí tambien aplica el criterio del desarrollo: si un proyecto ya alcanzó o superó el 80%, esa ralentización será menor. O sea, se podrá certificar por un porcentaje más alto para poder terminar lo más rápidamente posible.

Entre tanto, el empleo es una variable que se monitorea cotidianamente.

«A nivel nacional ya se perdieron más de 100 mil puestos. Pero en Mendoza la situación es distinta: las empresas están haciendo un esfuerzo para mantener su plantel de trabajadores, aunque sabemos que las que están diversificadas y no dependen tanto de Nación tienen más espalda para hacerlo», redondeó Candeloro.

Fuente: https://www.sitioandino.com.ar/