En dos meses el gobierno provincial saldó las deudas de obra pública con empresas, comunas y municipios

Con el objetivo de darle continuidad a la obra provincial, el gobierno de Santa Fe saldó en estos dos meses de gestión importantes deudas con empresas, municipios y comunas. “Es un esfuerzo administrativo de la nueva gestión en el Ministerio de Obras Públicas, donde muchas empresas pudieron recibir el cobro de certificados adeudados por la gestión anterior. Hoy prácticamente quedaron al día”, resaltaron.

Una porción de estos fondos entregados durante los primeros meses de la era Pullaro, también fue destinada a comunas y municipalidades, que durante el año pasado se encargaron de sostener las tareas de mantenimiento en rutas secundarias y trabajos de desmalezados, pero la pasada gestión no había cumplido con sus pagos. La mayoría de los gobiernos locales no percibían estos fondos desde inicios de 2023, aseguran desde la actual gestión.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó sobre estos esfuerzos coordinados con el Ministerio de Economía, que le permitieron a la Provincia reactivar obras provinciales (no nacionales) que corrían riesgos de ser neutralizadas por los atrasos de pagos que hubo hasta el pasado diciembre: “Desde Obras Públicas tenemos la misión de transparentar su funcionamiento, y en este sentido, estamos transmitiendo el cumplimiento de pagos durante los dos primeros meses de gestión. En total, los esfuerzos económicos que hemos hecho desde el Ministerio superan los 28 mil millones de pesos y son fondos que se transfirieron a contratistas (empresas de obras), municipios y comunas que cuando asumimos estaban disconformes, porque no recibían pagos desde los primeros meses del 2023, en una determinación política irresponsable y poco solidaria que había definido la gestión de Omar Perotti en su último año”, señalo el ministro.

“Con estos pagos de certificaciones de noviembre, podemos decir que prácticamente estamos al día, lo que posibilita generar confianza con las empresas y gobiernos locales para que no detengan sus compromisos y se le pueda dar continuidad a la obra pública en este escenario inflacionario tan complejo”, agregó Enrico.

Además de mejorar la infraestructura, la continuidad de las obras permite “sostener miles de puestos de trabajos en la provincia mediante las empresas contratistas. Al respecto estamos trabajando permanentemente con los representantes de la Cámara de la Construcción, eso posibilita ponernos de acuerdo y unir criterios para que el ritmo de obras pueda reflotarse en un contexto muy crítico”, valoró Enrico.

Parte de los fondos entregados desde el 10 de diciembre hasta el 9 de febrero a comunas y municipios son reintegros hechos por la Dirección Provincial de Vialidad y por la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (dependientes de Obras Públicas), debido a que muchas veces son los propios presidentes comunales e intendentes con sus equipos quienes dan respuestas a la atención del corte de pasto en banquinas, al reacondicionamiento de los caminos, o bien, dan avance a las construcciones de viviendas; aunque esas tareas para que puedan ser repetidas en el tiempo deben ser respaldas por la Provincia por los costos que implican.

Nuevos decretos clave

Si bien fue clave el pago de deudas a los contratistas para que la obra pública provincial no se detenga, en este desafío que lleva adelante el Ministerio durante sus primeros meses también resultó importante el hecho de que el nuevo gobierno provincial disponga de dos decretos para llegar a un acuerdo ante los reclamos que manifestaba la Cámara de Construcción. De este modo, se pudo lograr darle continuidad a la obra pública en un contexto económico muy complejo como el que se atraviesa actualmente.

En referencia a esas adecuaciones normativas que efectuó el gobierno de Pullaro, se puede señalar el decreto del ICC (esta gestión provincial reeditó el N° 2225), a través del cual los certificados se actualizan provisoriamente por el índice de costo de la construcción al momento en que las empresas lo emiten.

El otro cambio relevante fue la adecuación del decreto reglamentario de la “ley de redeterminaciones de precios”. A partir de enero los certificados se actualizan según el índice de variaciones de precios del mismo mes en el cual se efectuaron los trabajos, y ya no se utiliza el índice del mes anterior como venía ocurriendo.

Desde la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio se informó que los $28.295.893.457 ($11.243.058.177 del 10/12 al 9/1 y 17.052.835.280 del 10/1 al 9/2) se saldaron de la siguiente manera:

Administración Central: $ 10.798.117.966 (contratistas $10.028.146.221 y Municipios/Comunas $ 769.971.745)

Dirección Provincial de Vialidad: $ 16.888.200.101 (contratistas $ 15.831.713.068 y Municipios/Comunas $ 1.056.487.033).

Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo: $ 609.575.390 (contratistas $475.111.010 y Municipios/Comunas $ 134.464.380).

Fuente: https://www.venado24.com.ar/