Habilitan obra de un barrio en la ex Ciudad Deportiva de Boca

La Cámara de Apelaciones porteña anuló un recurso de amparo y les dio la razón a la empresa IRSA y al Gobierno porteño. Cómo es el proyecto

La Justicia porteña destrabó la construcción de un parque y un barrio en los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, en la Costanera Sur.

Lo hizo la Cámara de Apelaciones, con un fallo de su Sala IV, según le confirmaron a Clarín fuentes de la Justicia, la Legislatura y el Ejecutivo de la Ciudad.

Se trata de un convenio urbanístico que la empresa IRSA, dueña del terreno, acordó con el Gobierno porteño, y que luego fue convertido en ley por la Legislatura de la Ciudad.

Según ese convenio, la empresa cedía a el Estado porteño 47 de las 71 hectáreas que ocupa la ex Ciudad Deportiva, para la instalación de un parque público con acceso al Río de la Plata.

A cambio, la Ciudad le autoriza la construcción del proyecto Costa Urbana, una desarrollo urbanístico que incluye torres y edificios más bajos para departamentos, oficinas, restaurantes, comercios y otros servicios, como hoteles o establecimientos educativos.

Se trataría, en la práctica, de una suerte de continuación de Puerto Madero, pero al sur de la Reserva Ecológica y del barrio Rodrigo Bueno.

Tras la aprobación legislativa de este convenio urbanístico, a fines de diciembre de 2022, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), Unidad Popular (UP) y la Defensoría de Laburantes (LA DEFE) presentaron un recurso de amparo ante el fuero Contravencional de la Ciudad.

Pedían que se frenara ese convenio, con el argumento de que, previo a la firma del convenio, no se había llevado adelante una audiencia pública que garantizara la participación vecinal en una iniciativa que modificaría el paisaje y el destino de una parte de la Ciudad.

Esa audiencia pública sí se realizó después, entre la primera y la segunda aprobación del convenio en la Legislatura, tal como marca el procedimiento para este tipo de leyes que modifican el Código Urbanístico.

Lo cierto es que el juez Aurelio Ammirato les dio la razón a los demandantes, y declaró nulo el proyecto.

El Gobierno porteño y la empresa apelaron. Y ahora, casi un año después del fallo de primera instancia, la Sala IV de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo revocó la decisión inicial.

Con los votos de las juezas María de las Nieves Macchiavelli Agrelo y Laura Perugini, le dio la razón al Estado e IRSA. «No puede afirmarse que en el caso se haya omitido cumplir con una instancia participativa obligatoria», escribieron las camaristas.

El argumento central, en pocas palabras, es que la sola firma del convenio no constituye una obligación, y que el paso legalmente relevante fue la aprobación de la ley, que sí cumplió con la obligación de la audiencia pública.