Empresas rechazan el 30% de obra pública para cooperativas

Empresas reaccionaron al decreto anunciado para dar empleo registrado a beneficiarios de planes. Hablan de «competencia desleal» y buscan apoyo de la UOCRA.

Empresas de la construcción salieron en repudio de la decisión del gobierno de Alberto Fernández de asegurarle el 30% de las obras públicas nacionales de hasta 300 millones de pesos a las cooperativas de trabajo gestionadas por movimientos sociales. La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) apuntó contra la informalidad que impera en esos sellos y aseguró que las pequeñas y medianas empresas (pymes) compiten en desventaja.

La medida forma parte del mismo decreto 728, publicado el viernes, que cierra el ingreso de más personas a los programas sociales de empleo, como una compensación para las organizaciones sociales que administran los planes ante el ajuste. La normativa ordena que “se promueva en favor de las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular el otorgamiento del 30% de la Obra Pública Nacional bajo la modalidad de contratación que corresponda”.

Apenas oficializada, Camarco advirtió que habrá “constructoras en peligro de extinción por competencia desleal de cooperativas informales en la obra pública” y rechazó “enfáticamente” esa reserva de mercado. “La consecuente competencia desleal condenará a la inactividad y a la ruina a numerosas empresas pymes que trabajan formalmente, pagando impuestos y dando empleo registrado y seguro a sus trabajadores”, alertó la entidad empresaria.

Su representante en Entre Ríos, Laura Hereñú, ratificó en declaraciones a UNO el repudio del sector al decreto. “En la provincia muchas empresas pymes no pueden competir en las licitaciones de obras públicas contra cooperativas, cuyos integrantes no son cooperativistas sino personal informal. Son empresas encubiertas, con dos o tres personas que encabezan la cooperativa y el resto es gente no registrada. Hay una diferencia abismal entre los impuestos que pagan las pymes y las cooperativas”, describió.

La delegada entrerriana de Camarco anticipó buscará tender puentes con el sindicato de los albañiles para resistir la medida. “Vamos a tener que trabajar en conjunto con UOCRA. Los compañeros del sindicato están en disparidad con otros trabajadores. Las cooperativas deberían cumplir otros requisitos para que la gente esté a la misma altura que un trabajador de la UOCRA”, señaló.

“No estamos en contra de la cooperativas”, aclaró Hereñú, pero aseveró que “hay situaciones irregulares dentro de su personal, que no es registrado correctamente, y competencia desleal, sobre todo en las provincias”.

La Cámara tiene 103 empresas asociadas en Entre Ríos, aunque existen más de 400 firmas registradas en el rubro en la provincia. Más de un 80 por ciento son pequeñas y medianas, estimó la dirigente de Camarco.

Consultada sobre el importante grado de informalidad que existe en el rubo de la construcción, Hereñú recordó que la Secretaría de Trabajo de la Provincia realiza inspecciones en las obras, al igual que la UOCRA. Y mencionó iniciativas de la Cámara de la Construcción para sumar población al trabajo registrado. “Hemos tomado acciones para incorporar mano de obra. Tenemos un plan para incorporar personas beneficiarias de planes sociales en la mano de obra de la construcción y que puedan mantener el programa durante un año”. En estos casos, explicó, la empresa paga la diferencia entre el monto del plan y el sueldo correspondiente a la función.

Finalmente, sobre las expectativas o posibles acciones de parte de la delegación entrerriana de Camarco, la titular de la entidad dijo que esperarán precisiones de la implementación del decreto a nivel nacional y, luego, buscarán conocer “qué tipo de adhesión hace el gobierno provincial”.

“Pseudo-cooperativistas”
El comunicado de Camarco a nivel nacional es contundente contra las cooperativas de la construcción. La Cámara afirmó que comparte “la necesidad de la transición de los planes sociales a programas de empleo”, pero consideró que es “un error entender que la apertura de la competencia a organizaciones sociales o cooperativas de trabajo no formales contribuye a una ampliación, integra y transparente, de la concurrencia al mercado de la obra pública”.

En esa línea, agregaron que “la medida dispuesta será un incentivo al trabajo informal en fraude a las normas laborales y previsionales vigentes y condenará a las empresas formales que deben atender costos salariales un 54 % superiores a los atendidos por una pseudo-cooperativa de trabajo”.

“Es la experiencia acumulada que esa figura es usada para cometer un verdadero y generalizado fraude laboral, pues los supuestos ‘cooperativistas’ no lo son, sino que son trabajadores dependientes encubiertos, informales. Así se evaden los aportes y contribuciones al sistema sanitario y previsional por esos trabajadores”, resaltaron.