Inflación y obra pública: empresas hacen propuestas 50% más caras que el presupuesto oficial

Preocupación del Gobierno por el aumento en los valores de las licitaciones que presentan las constructoras. En la foto, continúan las obras en la Ruta Provincial 82 Panamericana en el departamento de Luján.

El descontrol de los precios y la falta de materiales conspiran con costo de las obras. En los próximos días habrá una reunión del Gobierno con organizaciones empresariales de la construcción. Pedirán adelantar la cancelación de certificados que hoy se hace a 60 días.

El Gobierno Provincial se ha mostrado preocupado por la crisis económica a nivel nacional, más el grado de incertidumbre que atraviesa el país. En las últimas semanas, el complejo sector de la construcción ha recibido varios golpes que han desestabilizado al normal funcionamiento de las empresas, debido a decisiones de la Nación que han generado, por un lado, faltantes en los materiales; y por otro lado, entregas de los mismos sin precios de referencia. Todo este combo, a su vez, ha aumentado la incertidumbre en el Gobierno de Rodolfo Suárez, que ha visto un desfasaje importante en las ofertas presentadas por una serie de empresas constructoras que participaron en licitaciones públicas de las últimas semanas, con montos superiores al 50% de lo que había presupuestado el Poder Ejecutivo.

Desde diferentes cámaras que nuclean a las empresas constructoras defendieron el trabajo de cada una de las empresas y negaron que existiera algún tipo de especulación sino “todo lo contrario”. “No tenemos cómo cubrirnos de la situación inestable de este país. No conseguimos materiales, y si los conseguimos, nos los entregan sin precio. Así es imposible trabajar”, comentaron.

También hablaron de la influencia de la pérdida del valor del peso, más los certificados que se cancelan por parte del Estado “a 60 días”, lo que complica aún más la situación. De esta manera, se prevé para esta semana una reunión entre representantes de cámaras de la construcción con funcionarios del Poder Ejecutivo, en la cual analizarán en conjunto la situación.

LICITACIONES CON AUMENTOS
Hay dos ejemplos de las últimas semanas que han prendido las luces de alerta a los ministerios de Infraestructura y de Hacienda. Uno de ellos fue la licitación de la ampliación del hospital Lencinas, que comprende obras tanto con la refuncionalización del Laboratorio de Salud Pública, más la construcción de nuevos consultorios externos.

El 8 de julio se realizó la apertura de sobres del proyecto, cuyo presupuesto oficial era de $833 millones. Sin embargo, las dos ofertas que se recibieron tuvieron un aumento de casi 100%. Por un lado, OHA Construcciones ofertó $1.559 millones; mientras que la de la UTE Sanco – Capsa $1.648 millones, más otra alternativa por $1.608 millones.

Otra licitación que encendió las alertas fue la construcción de la Escuela 4-209 Blanca Nélida Gutiérrez, de San Martín, con una inversión que el Ejecutivo tasó en $200 millones, según informaron desde Infraestructura. El 7 de julio se abrieron los sobres; las empresas que participaron de la licitación fueron Capsa SRL y Terra SA. Ganó Capsa, con una oferta de $310 millones, más de 50% por encima del presupuesto oficial.

PREOCUPACIÓN OFICIAL
Desde la cartera que conduce Mario Isgró, comentaron en el caso del Lencinas, que el desfasaje del presupuesto. “Los aumentos vienen porque las empresas necesitan cubrirse por posibles aumentos de precios durante el desarrollo de la obra, lo cual es relativo porque desde el Estado esos aumentos los tenemos considerados por las redeterminaciones, así que no debería haber previsiones tan grandes”, dijo el ministro de Infraestructura a Los Andes.

Mario Isgró, ministro de Infraestructura.
Mario Isgró, ministro de Infraestructura.
El ministro luego explicó que “los precios con los que salen las licitaciones tienen algún tiempo desde que se hace el presuesto hasta que la licitación sale. Cuando se adjudica, todo ese tiempo está considerado en la oferta que presentan las empresas; todo lo que pueda variar después no lo maneja nadie, pero para eso están las redeterminaciones. La diferencia de las ofertas nos llama la atención”.

Desde Hacienda no toman a estos aumentos necesariamente como una “especulación”, aunque sí como una “reacción de las empresas a la incertidumbre”. “Nadie sabe cómo seguirán los precios o si habrá insumos. El tema hierro, con su faltante; más el gasoil, como para nombrar algunos factores, inciden en el estudio de los costos”, marcaron.

Además expresaron que las empresas cuando tienen contratos con el Estado, “no pueden salir”, por lo que “el riesgo que falten insumos o que los precios se vayan hacia arriba”, les hacen tratar de asegurarse que la fórmula prevista no refleje un mal acuerdo y paso en falso.

Respecto a estos últimos porcentajes de pliegos por encima de las expectativas del Estado, marcaron que si bien hay que analizar siempre en qué momento se calcularon, es una situación que “preocupa” y que “nos generará un desafío adicional a la hora de ejecutar las obras públicas”.

EMPRESARIOS BUSCARÁN NEGOCIAR CON EL EJECUTIVO
Del lado de los empresarios, Los Andes dialogó con algunos referentes de cámaras, quienes mostraron un panorama similar sobre un contexto lleno de dificultades y con incertidumbre.

Dalmiro Barbeito, presidente de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (Cecim), expresó que los cambios en el gabinete de Alberto Fernández, más los problemas económicos que atraviesa el país, tales como la inflación, el dólar blue y el Riesgo País, entre otros, en aumento, “atacan fuertemente a la industria de la construcción, que se mueve con grandes volúmenes de capital”.

Para el empresario, ésta es una crisis “por la devaluación del peso”. “Todo lo que se devalúa incide en el aumento de los materiales. Vemos con incertidumbre también un problema en la construcción de los materiales; y eso hace que los comerciantes, al no saber a cuánto tendrán que reponer, no entregan, o lo hacen con remito sin precio”.

También habló de la falta de materiales, que implica en la interrupción de “toda una cadena, que ya se está viendo”. En este sentido, marcó que falta hierro del 6 y del 8, vidrio y aluminio, entre otros; lo que impacta de lleno en una economía “volátil” que tenemos en Argentina.

Todo eso, para el titular de la Cecim, ha hecho en que las empresas presenten presupuestos que “no son altos, sino que se ajustan a la situación del país; porque hay incertidumbre y en muchos casos esos montos oficiales están desactualizados y desfasados. No hay beneficio empresario”, se defendió.

Ante esto, amplió y dijo que la ley “es clara” y que el Gobierno puede comparar precios, para notar que “no hay especulación de las empresas”.

“Donde hay más incertidumbre es en el costo financiero (ndr: interés del banco que otorga un crédito a 30 días). Antes era de entre un 3 y un 5%; pero hoy entre el 8 y el 10%”, marcó; y expresó que las empresas han pedido que el pago de los certificados del Estado baje de los 60 a los 45 días por lo menos.

De esta manera, expresó que es necesario “trabajar en conjunto con el Estado para resolver esta situación”, y añadió que esta semana habrá un encuentro con funcionarios de Infraestructura y Hacienda

Por otro lado, José Candeloro, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC) delegación Mendoza, coincidió con Barbeito al calificar la situación como “crítica”, y señaló que el problema para conseguir precios o materiales, influye en “no poder avanzar con las obras al ritmo previsto y tenés que seguir pagando gastos generales”.

Ante esto, también habló de la reunión que mantendrán con el Gobierno, para “buscar una solución a este problema”, teniendo en cuenta que si bien el Gobierno “tiene un sistema de redeterminación que ha funcionado bien, el problema es que la inflación que tenemos no acompaña a la realidad”.

En este sentido, pedirá que “se acorten plazos de pago y que haya un sistema que pueda actualizar los certificados mes a mes”.

Los Andes también habló con Mario Yaser, ex presidente del Círculo de Constructores e integrante de la Cecim, quien marcó, tal como el resto, un escenario de incertidumbre y una situación que las empresas están “padeciendo”.

“Tenemos que pagar entre 15 y 30% de aumento en los valores con las obras con el Estado porque los plazos se ven entorpecidos, tenemos problemas con los materiales y recién se reconoce el aumento a los 3 o 4 meses”, comentó.

También dijo que los presupuestos oficiales “no están actualizados” y que por ese motivo, también “muchas licitaciones están quedando desiertas”.

“Las licitaciones no reflejan esta eventualidad. El Estado licita con precios que no son actuales”, comentó; y señaló que, el costo financiero complica la situación y que, al igual que los demás, solicitará “un achique del plazo de pago de las certificaciones”.

 

Fuente: Los Andes