¿Cuántas empresas compiten en la obra pública?
Uno de los temas de interés de las empresas constructoras es conocer la cantidad de entidades que participan en las compulsas de precios por licitación de obra pública en la República Argentina.
Para ello hemos de utilizar los propios datos qué proporcionan el Registro Nacional de Constructores y los que aportan el IERIC (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción), qué entendemos son parámetros confiables.
Según manifestaron autoridades del Registro Nacional, en marzo del año 2021 se encontraban inscriptas 726 empresas constructoras; las cuales poseen su Capacidad de Obra actualizada para presentarse en licitaciones, destacando que hay otras 650 empresas con su inscripción en trámite o en estado de subsanación de expediente.
Tomando los datos últimos que informa el IERIC en su página web, sobre empresas constructoras con su arancel actualizado, en enero de 2021, existen 19.632 personas o sociedades comerciales que poseen personal contratado bajo este régimen laboral.
Para un análisis más preciso podemos descontar de esa totalidad las 7.090 constructoras que son personas humanas o físicas, por entender qué se trata de constructoras muy pequeñas, queda un total de 12.542 empresas constructoras de tipo societaria (SRL, SA…. etc).
Volviendo entonces a las 726 empresas, que posee actualmente el Registro, estás alcanzan solo al 5,8 % de la totalidad de las constructoras existentes. Y si tomáramos la totalidad de inscriptos en el IERIC (personas y sociedades), este porcentaje desciende a 3,4 %.
Esto significa que cada 100 empresas existentes solo pueden participar 6, las otras 94 o no compiten, o trabajan como sub contratistas.
Las autoridades Nacionales, que administran la obra pública en la República Argentina, deben apreciar que con solo el 5,8 % de las empresas existentes, no se logra el nivel de puja que es necesario para una compulsa razonable y que dicho número propicia la distorsión de precios y la falta de competencia.
El modo de corregir esta distorsión está en facilitar la inscripción y actualización de las Capacidades de Obra evitando el requerimiento excesivo de documentación.
A principios del año 2019, se impuso un régimen digital plagado de errores, reconocido ello por la propia Auditoría General de la Nación, situación que en estos momentos se está corrigiendo.
No obstante ello el sistema es sumamente engorroso y complejo, lo cual se va a evidenciar cuando finalice el plazo de extensión de las validaciones de la Capacidad de Obra y las constructoras deban actualizar sus legajos.
Fuente: ConstruAr
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En estos números de empresas constructoras que compiten en la obra pública ¿están las inscriptas en los veinticuatro Registros Provinciales?
Estimado:
Corresponden a empresas inscriptas en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.
La distorsión de precios en la Obra Pública no se debe a la falta de competencia, sino exclusivamente a los incumplimientos contractuales de los Comitentes. No se pagan los anticipos cuando corresponde, no se cancelan los certificados en los plazos fijados en los Pliegos y Contratos, se dilatan inexplicablemente y por tiempos abusivos las aprobaciones de las redeterminaciones y su cancelación es una lucha que puede durar varios años y a veces no llega nunca. Cuando en la Provincia de Buenos Aires funcionaba correctamente el Fondo Fiduciario de Infraestructura (que pagaba todo puntualmente), las obras que se incorporaban a este fideicomiso, tenián precios un 30% más bajos que las que se pagaban por el procedimiento habitual. Por otra parte, la disminución de exigencias para el Registro, lo que producirá es la incorporación de empresas sin solvencia, sin experiencia, sin capacidad profesional, con consecuencias desastrosas para las obras y responsabilidades civiles y penales para los funcionarios intervinientes.