Remax: por qué ordenaron su disolución, cuál es la guerra judicial que se viene y cómo seguirá operando la red de inmobiliarias

La empresa aseguró que sus oficinas no dejarán de prestar servicio a sus clientes, adelantó que apelará la decisión de la IGJ

El golpeado sector inmobiliario —que viene con más de dos años de caída interanual en cantidad de operaciones y un desplome histórico durante la cuarentena— se vio impactado en las últimas horas por una resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) que determinó que la cadena de inmobiliarias Remax ya no podrá operar en la Argentina.

Desde la empresa, que tiene presencia en la Argentina desde 2004, ya adelantaron que van a apelar la resolución. La IGJ es el organismo que regula y controla a las sociedades comerciales y con su decisión respondió a una denuncia del Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios porteño (Cucicba), que considera que Remax hace un “ejercicio ilícito” de la actividad inmobiliaria. La entidad agrupa a los profesionales inmobiliarios que operan en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

El organismo consideró que no es lícito que la actividad inmobiliaria se desarrolle bajo un régimen de franquicias

La IGJ solicitó la disolución y liquidación de la empresa de servicios inmobiliarios. Pero el trámite no es automático ni sencillo: para que eso se concrete, el organismo deberá iniciar un juicio contra Remax en el fuero comercial. Y la empresa tiene ahora la posibilidad de apelar en la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, con un plazo estimado de 15 días.

“Remax va a ejercer sus derechos. La IGJ no tiene facultades y vamos a discutirlo en la Justicia”, anticipó Santiago Monti, abogado de la compañía. “Cucicba está atacando a inmobiliarias con herramientas más modernas y marcas. Creemos que atrás de esto hay una cuestión comercial”, agregó.

Desde el colegio reclaman que la profesión sea ejercida solo por corredores matriculados

¿Cuáles son los fundamentos de la decisión de la IGJ? El organismo consideró que no es lícito que la actividad inmobiliaria se desarrolle bajo un régimen de franquicias, ya que hay una franquicia internacional de primer grado que se otorgó a Remax Argentina y que luego se subfranquició a una red de agentes o corredores inmobiliarios.

“Es una persona jurídica que otorgó franquicias y subfranquicias. Pero para ejercer la actividad inmobiliaria tiene que ser una persona humana con la correspondiente habilitación profesional. Nadie puede transmitir un derecho que no tiene”, explicó a Infobae Manuel Cuiñas Rodríguez, subinspector General de Justicia.

Remax manifestó que no ejerce el corretaje inmobiliario, que lo hacen los corredores inmobiliarios matriculados que contratan sus servicios

“La marca genera la confianza de que detrás de cada operación está Remax y no es así. Detrás de cada operación debería estar un corredor pero se induce a pensar que hay una persona jurídica. Vimos que la denuncia tenía asidero y viabilidad”, indicó el subinspector.

Sin embargo, desde la empresa, aclararon que Remax Argentina contrata a inmobiliarias y corredores inmobiliarios a los que les presta servicios. “Las oficinas no son de su propiedad ni de su gestión. En cada una hay una persona matriculada que tiene un contrato de licencia para usar la marca, pero las operaciones las cierran los corredores”, explicó Monti.

Con todo, las oficinas seguirán prestando servicio a sus clientes. La red de Remax incluye 140 oficinas en 42 ciudades de todo el país, que abarcan a unas 5.000 familias, según detallaron. “La resolución de la IGJ nos parece excesiva. Vamos a defender nuestros derechos en sede judicial, que es el único órgano competente”, indicó el abogado.

Y criticó la velocidad con la que el organismo tomó la decisión. La empresa recibió la notificación de la denuncia a comienzos del mes pasado, presentó su respuesta el 29 de agosto. Y la resolución de la IGJ fue publicada el 8 de septiembre.

En el texto de la resolución, la IGJ argumenta que la “exteriorización” de la marca Remax por parte de las subfranquiciadas genera una “falsa apariencia” de pertenecer a un grupo económico, mientras que la franquiciante se beneficia porque puede participar indirectamente de una operación que no podría realizar por sí misma.

La pelea entre los corredores y las inmobiliarias tradicionales y las empresas que operan bajo marcas internacionales no es nueva. En septiembre de 2019, cinco de las principales marcas internacionales del rubro inmobiliario que tienen presencia en la Argentina se unieron para crear su propia cámara sectorial. Son Century 21, Coldwell Banker, Keymex, Remax y Sotheby’s que integran la Cámara de Empresa de Servicios Inmobiliarios.

Las marcas internacionales consideraron que los colegios de las distintas jurisdicciones buscan “expulsar y proscribir” a empresas que prestan servicios complementarios para los profesionales del sector inmobiliario.

El año pasado, una de las charlas del Congreso del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, que se realizó en Mar del Plata, fue “Por una Argentina sin franquicias inmobiliarias”.

En ese momento, las marcas internacionales que operan en el país consideraron que los colegios de las distintas jurisdicciones buscan “expulsar y proscribir” a empresas que prestan servicios complementarios para los profesionales del sector inmobiliario.

“Quienes tienen el poder de control de la profesión, a su vez son titulares de inmobiliarias, lo cual representa un claro conflicto de intereses. Esta situación es tan ilógica como pensar que un partido River-Boca sea arbitrado por una de las partes”, explicaban en esa oportunidad desde las empresas que formaron la nueva cámara.

Fuente: Infobae