El Gobierno dio de baja concesiones viales firmadas por la gestión de Macri

En el contexto de la creciente tensión con la oposición, y aduciendo «irregularidades e incumplimientos» de las concesionarias, el gobierno de Alberto Fernández dio otro paso para desactivar una de las «joyas» del gobierno de Mauricio Macri: el esquema de Participación Público Privada (PPP) para financiar obras públicas impulsada durante la gestión de Cambiemos por el exministro de Transporte Guillermo Dietrich.

De común acuerdo, el Ministerio de Obras Públicas, que encabeza Gabriel Katopodis, y las empresas rescindieron, como había adelantado LA NACIÓN el 7 de septiembre, los contratos de dos corredores viales de los seis adjudicados inicialmente, centrados en las rutas entre Buenos Aires y Córdoba. La contratista PPP conformada por Helport SA, Panedile SA, Eleprint S.A. y COPASA (España), a cargo de los corredores E y F, acordó con el Gobierno la extinción de los contratos y seguirá negociando con el ministerio hasta el 30 de noviembre una salida similar.

«El esquema Público-Privado de la gestión macrista fue un fracaso y era ruinoso para el Estado: beneficiaba al sector financiero y las obras prometidas no se hicieron», afirmó Katopodis, Y continuó: «El costo de las obras iba a ser el triple del que correspondía. Estos contratos en dólares representaban un gigantesco negocio para unos pocos», agregó el ministro de Obras Públicas y exintendente de San Martín. «El sistema de PPP nació muerto en 2018, cuando el gobierno anterior ya no tenía crédito. Las empresas no consiguieron financiamiento y las obras no se hicieron», detallaron a LA NACION desde ese ministerio.

Desde Obras Públicas sostuvieron que en mayo pasado «comenzó a intimarse» a las empresas por sus inclumplimientos en los trabajos. A través de Vialidad Nacional, se llegó al acuerdo de rescisión con las empresas, que tendrán dos meses más para «salir» de la negociación con el Estado en buenos términos en las concesiones restantes.

El Corredor E abarca las Rutas N° 9 (Autopista Campana – Rosario) y la Ruta 183, en Buenos Aires; la Nº 11, la Nº 34, la A-008 y la A-012 en Santa Fe; mientras que el Corredor F comprende la Ruta N° 9 AU Rosario-Córdoba y la Ruta N° 33, informaron fuentes oficiales. «Luego de más de dos años, las inversiones mínimas y la ejecución física del Plan de Obras Principales llega en promedio solo al 2 por ciento», aseguraron desde Obras Públicas a través de un comunicado.

«Desde el Gobierno mantenemos la misma posición desde que asumimos: defender con todas las herramientas el patrimonio de los argentinos y argentinas. Por eso, Vialidad Nacional, como organismo rector en la planificación vial, va a realizar las obras que no se hicieron en estos dos años», agregó Katopodis.

Los seis proyectos prometían una inversión de US$ 5400 millones en cinco años para la construcción de 3400 km de autopistas y rutas. «Sin embargo, el costo total era bastante más elevado, ya que incluía el costo del financiamiento a 10 años de plazo: entre US$ 10.000 y US$ 13.000 millones, dependiendo del nivel del riesgo país. De esta manera, este mecanismo de contratación traía aparejado un costo adicional a la construcción de las rutas por el impacto del costo del financiamiento», agregaron desde el Gobierno, dónde prometieron que las obras paralizadas «se van a retomar» en los próximos meses.

 

No se trata, por cierto, del primer embate del Gobierno contra Dietrich y el expresidente Mauricio Macri en esta área. Hace diez días, la Dirección de Vialidad Nacional, a cargo de Gustavo Arrieta, pidió ser querellante en la causa judicial donde se investigan presuntas maniobras fraudulentas en la renegociación de los contratos de Autopistas del Sol, empresas que estaban vinculadas a la familia Macri, en perjuicio del Estado nacional.

 

En esta causa, y horas antes de jubilarse, el exjuez Rodolfo Canicoba Corral procesó no sólo a Dietrich sino además al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, al exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, y al exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel. Los procesamientos fueron anulados a principios de mes por la Cámara Federal. «La causa de los peajes está armada con fines políticos», respondió Dietrich a La Nación+ al conocerse su procesamiento.

Fuente: La Nación