Los PPP viales mueven fichas para no ir a juicio contra el Estado

Las concesionarias afinan sus argumentos legales. Las posibles salidas no traumáticas al conflicto. Movimientos en el gabinete de Katopodis tras las renuncias.

Mientras esperan ser llamados por los nuevos funcionarios de Obras Públicas que llevarán adelante las negociaciones para desactivar los contratos de las rutas y autopistas heredadas del macrismo, los concesionarios de los PPP viales han comenzado a pulir los ítems y argumentos que piensan poner sobre la mesa para tratar de llegar a una solución consensuada y evitar ir a juicio contra el Estado.

Tras la decisión tomada por el titular de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, de extender hasta 30 de noviembre el plazo de las negociaciones para darle fin a los PPP, los cinco grupos que operan los seis corredores viales en juego pusieron a trabajar a sus asesores legales para que afinen los reclamos económicos que elevarán al Gobierno en las próximas semanas.

Más allá de los aspectos específicos que tiene cada tramo adjudicado, las empresas que operan los corredores A (Paolini-Vial Agro-INC), B (Green y el grupo chino CCA), C (Cartellone), E y F (Helport, Panedile, Eleprint y Copasa) y Sur (Rovella Carranza, JCR y Mota-Engil) consideran que la mejor salida sería la prevista bajo la figura contractual de una «rescisión por intereses público».

Esa alternativa, que ya había sido planteada a principios de año cuando la administración de Alberto Fernández emitió las primeras señales para disolver los PPP viales, se basa en que el Gobierno les reconozca a las constructoras la totalidad de los gastos e inversiones que efectuaron desde mediados de 2018 hasta la actualidad.

Los cálculos que hacen en el sector indican que esa vía salida podría representar para cada concesionario una compensación económica que oscilaría entre diez y 20 millones de dólares.

De acuerdo con los datos obtenidos por Letra P, los primeros borradores que intercambiaron los estudios jurídicos de los concesionarios estarían haciendo foco en el siguiente listado de 11 rubros que el Estado debería reintegrar:

-Devolución de las garantías bancarias de “Cierre Financiero, Obras Principales y Servicios Principales”.

-Costos de estructuración de los consorcios: letrados, consultores, agencias calificadoras.

-Costos de financiamiento: constitución de fideicomisos, cobertura de seguros y gastos bancarios.

-Armado y traslado de obradores.

-Amortización de equipos y máquinas viales.

-Costos de habilitaciones municipales y provinciales.

-Indemnizaciones del personal y gastos de liquidación de las sociedades.

-Proyectos ejecutivos y técnicos aprobados por las autoridades.

-Costos del montaje y funcionamiento de los laboratorios de control y certificación de materiales.

-Gastos administrativos del sistema de cobro de peajes.

-Servicios y obras adicionales que se ejecutaron por pedido de los funcionarios.

Con esta batería de reclamos, los concesionarios de los PPP viales buscarán contrarrestar la posición más dura que sostienen algunos funcionarios de la Casa Rosada de rescindir las concesiones en forma unilateral y ejecutar los casi 600 millones de dólares de las garantías contractuales.

La postura extrema de dar de baja las concesiones alegando el incumplimiento financiero y la falta de obras había provocado a fines de agosto, , la renuncia de tres funcionarios clave de Obras Públicas que no estaban de acuerdo con esa línea: el jefe de Gabinete, Gerardo Otero; el gerente ejecutivo de Planeamiento y Concesiones de Vialidad, Gerardo Tarchinale, y el titular del área de Asuntos Jurídicos de Vialidad, Juan Manuel Prada.

 

Emma Albrieu.

En remplazo de los funcionarios salientes de Vialidad, Katopodis nombró a Emma Albrieu, la gerenta ejecutiva de proyectos del organismo, que pasó a absorber el área de Concesiones, y a Mariano Ríos Ordoñez, exjefe de Gabinete de la municipalidad de La Matanza y ex asesor del ENOHSA, que ahora quedó a cargo de Asuntos Jurídicos.

En teoría, los nuevos funcionarios y los letrados del ministerio serían los encargados de iniciar las negociaciones finales con los concesionarios que aún como informó aguardan ser convocados de manera oficial para conocer cuál es la postura definitiva del Gobierno y qué chances habría de alcanzar una salida que no sea traumática ni conflictiva.

Mientras tanto, las empresas locales salieron a buscar el apoyo institucional de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). Ante un pedido elevado por las socias de la entidad involucradas con los PPP viales, el titular de la Cámara, Iván Szczech, se comprometió a gestionar una reunión con el presidente Alberto Fernández con el fin de exponer la posición de las empresas y destacar lo nocivo que sería para el sector y los inversores externos una anulación intempestiva de las concesiones.

 

ACCESOS.

En medio de la polémica por los PPP, las autoridades de Obras Públicas celebraron la noticia recibida del ámbito judicial vinculada con que habían sido aprobadas por el exministro de Transporte Guillermo Dietrich y el ex titular de Vialidad Javier Iguacel.

El juez federal Julián Ercolini aceptó como querellantes a Vialidad Nacional y a la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa que corría el riesgo de quedar paralizada luego de que se anularan la semana pasada los procesamientos de los exfuncionarios macristas que había dictado el ex juez antes de jubilarse.

El fiscal de la causa es Carlos Stornelli y hasta la decisión de Ercolini no existían querellantes que pudieran impulsar la investigación y aportar nuevas pruebas.

Los funcionarios macristas están acusados de haber incurrido en “defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública” al prorrogar los contratos con Ausol y GCO, las concesionarias del grupo Abertis que no habían cumplido con las inversiones y acumulaban varias penalidades contractuales.

Según habían denunciado los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, el grupo Abertis preparó el terreno para la irregular renegociación con dos reclamos ante el CIADI que contenían un pedido de indemnización al Estado por atrasos tarifarios superior a los 1.000 millones de dólares.

Las presentaciones en el CIADI se hicieron a fines de 2015, unos días antes de la asunción de Macri, y se retiraron casi dos años después, sin que se registraran avances en el proceso de arbitraje, una vez que se renegociaron las concesiones con cambios ampliamente favorables para las empresas: una extensión de los contratos hasta 2030, el pago de una compensación de casi 500 millones de dólares y un fuerte ajuste tarifario de casi el 300%.

Fuente: Letra P