Del «compre nacional» al «compre provincial»

Como ya sucediera con el freno a la instalación de nuevos hipermercados, o la barrera impuesta a la expansión de los supermercados chinos, tanto en Buenos Aires como en el interior del paí­s, se siguen edificando verdaderas murallas que restringen las posibilidades de negocios de las empresas.

La última muestra de esta tendencia se encuentra en las baterí­as de medidas que, en este último tiempo, son impulsadas por gobernaciones como Mendoza y La Pampa, y que vienen a sumarse a las ya vigentes en Córdoba, Santa Fe y Catamarca, entre otros territorios.

A través de normativas, que varios especialistas subrayan como inconstitucionales, buscan dejar fuera de competencia a empresas que están instaladas en otras provincias, para así­ favorecer a las firmas locales. Y este fenómeno cobra mayor relevancia para el caso de licitaciones públicas.

De esta manera, buscan garantizar que aquellas compañí­as que están dentro del territorio corran con una ventaja de hasta un 12% a la hora de cotizar un trabajo.

En particular, los referidos a la realización de obras públicas o la provisión de insumos, mercaderí­as y servicios contratados por Estados provinciales.

La diferencia que esconde ese porcentaje, reconocieron a iProfesional.com abogados y funcionarios provinciales, son cientos de miles de dólares en el caso de emprendimientos de gran envergadura, como puede ser la construcción de caminos o el desarrollo de edificios gubernamentales. Del «compre nacional» al «compre provincial»Uno de los primeros territorios en hacer punta en este tipo de medidas fue Catamarca que, en 2001, aprobó una ley que establece preferencias por los proveedores catamarqueños, aun cuando su oferta resulte –precisamente- hasta un 12% menos ventajosa que la de sus competidores.

Esto es aplicable para el abastecimiento de bienes y servicios a la gobernación.Córdoba, en tanto, y de acuerdo a información suministrada a iProfesional.com por la Secretarí­a de Industria provincial, mantiene vigente una norma de fines del 2006 que, en su artí­culo séptimo, establece hasta un 10% de beneficio para las compañí­as cordobesas en cualquier proceso licitatorio abierto por el Estado.

Para acceder a este paraguas, las empresas deben además de probar su origen, producir «materiales, mercaderí­as, productos, bienes de uso o capital, servicios» y sus respectivos componentes, en suelo cordobés.

Pero la avanzada de medidas, de acuerdo a sus promotores «proteccionistas», no se detiene ahí­: un número creciente de municipios también impulsan iniciativas similares, que varios expertos constitucionalistas observan como contrapuestas respecto de los propios marcos aprobados por las provincias.

«Si este tipo de ordenanzas continúa avanzando, es muy probable que se llegue a al choque entre normas. Hay que evaluar los potenciales conflictos que irán surgiendo, a medida que se aprueben las ordenanzas municipales que hoy se discuten», resaltó a iProfesional.com Luis Dates, socio del estudio Baker.Una muralla que se extiende

Los movimientos más fuertes de estas controvertidas medidas pertenecen, sin lugar a dudas, a los Ejecutivos provinciales. Catamarca y Córdoba, en ese sentido, encabezan la lista de «versiones más avanzadas», en lo que hace a la instauración de estas normativas a medida.

«Este tipo de normas comenzaron a ser dictadas a fines del 2001, cuando se buscaba proteger la industria nacional ante la crisis. Lo que se hizo, en ese momento, fue reglamentar la ley nacional 25.551 de ‘Compre Trabajo Argentina’. Después, al avanzar a nivel provincial y municipal, se creó un movimiento que motiva conflictos», señaló Dates.

«Obviamente que todo esto afecta el comercio interprovincial y a cláusulas que establece la Constitución Nacional. La aplicación irrazonable e indiscriminada de estas normas darí­a lugar a conflictos de í­ndole constitucional por violación a la igualdad y al mencionado comercio entre provincias», añadió.

Y, con el transcurrir del tiempo, a esta muralla interpuesta por los distintos territorios se están sumando nuevos «ladrillos» para ir extendiéndola aún más.

Así­, a Catamarca y Córdoba se acoplarán, en las próximas semanas Mendoza y La Pampa si, tal como se prevé, logran la aprobación de marcos destinados a beneficiar a proveedores locales.

En el primer caso, el Gobierno impulsa una propuesta legal que otorga preferencias a las empresas mendocinas para la provisión de bienes y servicios.

El nuevo sistema se aplicará en la administración Pública Provincial, centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, sociedades del Estado y de economí­a mixta del Estado Provincial.

Los beneficios contemplan para las firmas locales:

Una «ventaja» de hasta 3% en relación a una oferta más conveniente formulada por una empresa no emplazada en esa provincia.

La misma se incrementará hasta 5% cuando se trate de competencias en donde intervengan pequeñas y medianas empresas.

Y un 1% adicional si el oferente cuenta con certificación de calidad.

De esta forma, se llega a un «beneficio» de hasta el 6% a favor del oferente local, en caso de competir con una empresa no radicada en Mendoza.

La iniciativa ya fue reflejada en los medios mendocinos:

Así­ como en Mendoza, también el gobernador de La Pampa, Oscar Mario Jorge, envió hace una semana un proyecto de ley a la Cámara de Diputados provincial para que las empresas constructoras locales corran con ciertas ventajas en las licitaciones de obras públicas.

Un dato curioso: hace más de un año el mismo gobernador habí­a vetado una ley sancionada en la Legislatura pampeana, que otorgaba ese mismo beneficio porque, tal como reflejaban medios locales, «estaba mal redactada».

La iniciativa de Jorge propone que las firmas pampeanas resulten adjudicatarias de las obras, aún si la cotización es hasta un 5% superior a las ofertas hechas por empresas de capitales de otras jurisdicciones.

La medida, a los ojos de un medio local:

«Nuevamente se roza la inconstitucionalidad. El artí­culo 11 de la Constitución Nacional habla de que todos los productos de fabricación nacional tienen libertad de tránsito entre provincias. Lo mismo en caso de los servicios. Si hay algo claro es que no debe haber aduanas interiores. El espí­ritu de la Constitución es proteger el libre comercio», aseguró a iProfesional.com el abogado constitucionalista Pablo Manili.Ejemplos municipales

Por su parte, una muestra de cómo este tipo de medidas está comenzando a ganar presencia en los municipios puede ubicarse en Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, que está a punto de aprobar un proyecto por el cual la oferta de las empresas locales, en caso de una licitación pública, contarán con un «beneficio» del 5% respecto de sus rivales.

Así­ fue reflejada por la prensa rosarina:

«Planteamos que esta ordenanza sea aplicada por el gobierno provincial y de otras jurisdicciones que compren insumos a usarse dentro de la ciudad. Por ejemplo, para hacer o refaccionar edificios públicos, escuelas, hospitales o juzgados», justificó la medida Stella Clérici, intendenta de Cañada de Gómez.

En esa lí­nea, Arroyo Seco en la misma provincia, y los distritos bonaerenses de Quilmes, Berazategui y Almirante Brown, también aplican pautas que otorgan ventajas a compañí­as locales en las ventas al Estado.

«Los municipios vienen demostrando una avidez fiscal inusitada desde hace 10 años a esta parte. Aplican impuestos a cosas que son inverosí­miles. Pero todos los marcos, tanto a nivel provincial como municipal tienen el vicio de lo inconstitucional, dado que dificultan la circulación de servicios entre las territorios», indicó Manili.

Ante el surgimiento de estas murallas provinciales, y consultado respecto de cuál es el camino que deben seguir las compañí­as para sortear este tipo de obstáculos, el especialista sostuvo que «una de las medidas que se puede tomar es, en principio, tratar de impugnar el pliego de licitación».

«Otro camino que les queda es el de concretar una acción declarativa de inconstitucionalidad. Pero se trata de un movimiento más oneroso para la empresa que lo presenta. Igualmente, el surgimiento de más ordenanzas y leyes vuelve muy complicados este tipo de procesos. Lo que sí­ es seguro, es que los conflictos por estas medidas irán en aumento», concluyó.

Fuente: iprofesional