Mendoza. Contratistas del Estado tendrán que tener un código de ética

Las empresas tendrán que presentar un «Programa de Integridad» para participar de las licitaciones. Se trata de una adecuación a una norma nacional.

Días atrás el Senado convirtió en ley un proyecto de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas que apunta a combatir los actos de corrupción en las contrataciones públicas. La norma apunta a que las empresas proveedoras del Estado tengan un programa de ética para prevenir ilícitos.

La norma es una adaptación de la Ley Nacional Nº 27.401, que estableció un régimen de responsabilidad penal aplicable a “las personas jurídicas privadas, ya sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal”.

“En noviembre de 2017 el Congreso nacional dictó una ley que tiene que ver con la responsabilidad penal de personas jurídicas. En su artículo 28 decía que las provincias debían adecuar sus legislaciones. Cumplimos con la adecuación de normas de tipo administrativo en la relación del Estado con contratistas y la modificación del Código Procesal de Mendoza para la aplicación del Código Penal de la nación donde estén involucradas personas jurídicas”, explicó el autor del proyecto, el senador radical Juan Carlos Jaliff.

Con esta aprobación, la Cámara Alta estableció las condiciones y los protocolos que deberán cumplir las empresas para prevenir la comisión de delitos como cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, concusión, enriquecimiento ilícito y balances o informes falsos agravados.

En concreto, esta ley apunta a lograr la “transparencia” en las contrataciones del Estado. Para eso, una de las exigencias que deberán cumplir las firmas que participen de licitaciones públicas será la creación de un “Programa de Integridad”.

Ese programa deberá contener al menos un código de ética aplicable a todos los empleados y administradores, reglas para prevenir ilícitos en procesos licitatorios y una política de protección de denunciantes contra represalias, entre otros aspectos.

Asimismo, las empresas deberán incluir los procedimientos que comprueben la trayectoria y la integridad de terceros o socios de negocios.

“Para contratar con el gobierno nacional hay que tener un programa de integridad interno, ahora en Mendoza ocurrirá lo mismo”, explicó el diputado Jorge Difonso, que analizó el proyecto en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.

Por otra parte, en caso de que las firmas sean sancionadas, la ley establece que los organismos correspondientes deberán suspender o eliminar a las empresas del registro en el cual estén anotadas mientras dure la condena. También se estableció que cuando las compañías se inscriban deberán presentar una declaración jurada indicando que no tienen sanciones ni procesos pendientes por los delitos nombrados anteriormente.

Estas nuevas exigencias se solicitaron para la obra hidroeléctrica Portezuelo del Viento, pese a que esta ley todavía no había sido sancionada.

Fuente: El Sol