El fin del regimen PPP

El presidente Alberto Fernández dará marcha atrás con una política que fue emblema en la gestión de Mauricio Macri. La gestión actual busca dejar sin efecto el régimen de Participación Público Privada (PPP) y así prevé rescindir concesiones de seis corredores viales. En el caso de Mendoza podrían verse afectadas las obras pertenecientes al corredor C, que abarcan la ruta Nº 7 y 33, desde el límite con San Luis hasta la localidad de Potrerillos.

De este modo el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, intimó a las empresas que dentro del régimen PPP fueron adjudicatarias de las licitaciones para realizar obras en las rutas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Mendoza.

Las estimaciones oficiales dan cuenta de un costo de unos US$ 10.000 millones hasta el año 2033 con el régimen PPP.

«El plan es excesivamente costoso ya que el 40 por ciento restante, unos U$S 4.000 millones, lo constituye el costo financiero”, es el planteo que hacen desde Vialidad Nacional. También cuestionan los contratos realizados en dólares, tanto para el costo del financiamiento como para la ejecución física de las obras.

En la gestión de Macri se implementó el sistema PPP para bajar el gasto desde el Estado sin frenar la obra pública. Las obras fueron adjudicadas cuando el Gobierno sufría la crisis económica y había recurrido a la asistencia del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además el dictamen que hacen de Vialidad es que “en términos globales la ejecución física del plan de obras no supera el 2%”.

Por otra parte, a la crisis económica se le sumó otro problema para la realización de los proyectos: tres firmas que integran las UTE a cargo de las obras quedaron envueltas en la investigación de la causa de los cuadernos de las coimas: son José Cartellone, Vial Agro y el Grupo Eurnekian.

Según un reporte interno que hizo Vialidad Nacional sobre el avance de obras, “en algunos casos la parálisis es total.

Con este panorama y ante el agravamiento de la situación económica, fuentes oficiales sostienen que las empresas no podrán cumplir con lo dispuesto por los distintos contratos acordados con cada Unión Temporal de Empresas (UTE) y que no habrá vuelta atrás en el camino para estatizar esos proyectos.

Las obras que están en la mira:

Corredor A: abarca las Rutas N°3 y N° 226. Obras a cargo de Paolini Hnos SA, Vial Agro SA, INC.

Corredor B: comprende la Ruta N° 5. Obras a cargo de China Construction América SA junto a Green SA.

Corredor C: incluye la Ruta N° 7. Obras a de Cartellone Construcciones Civiles SA.

Corredor E: abarca las Rutas N° 9, 11, 34 y 193, A-008 y A-012 (Circunvalación Rosario). Obras a cargo de Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA, COPASA (España).

Corredor F: comprende la Ruta N° 9 AU Rosario-Córdoba y la Ruta N° 33. Obras a cargo de Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA, COPASA (España).

Corredor SUR: incluye la AU Riccheri, AU Ezeiza-Cañuelas, las Rutas N° 3 y N° 205. Obras a cargo de Rovella Carranza SA, JCR SA, Mota-Engil (Portugal).

Fuente: www.clarín.com.ar

Fuente: Diario el Sol