El Gobierno busca desarmar el sistema de Participación Público-Privada del macrismo

El Gobierno nacional comenzó a llevar adelante una serie de reuniones para desmontar el sistema de Participación Público-Privada (PPP) creado por la administración del ex presidente Mauricio Macri como estrategia para que la obra pública sea financiada parcialmente con fondos privados. En los seis corredores viales que llegaron a adjudicarse con este sistema, luego paralizado por la disparada cambiaria de 2018, se detectaron costos financieros cercanos al 45% en dólares y un incumplimiento global de las garantías de obra. El Gobierno buscará rescindir los contratos sin costo para el Estado Nacional.

El ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis recibió a representantes de los corredores A, B, C, E, F y Sur, los seis proyectos impulsados en la presidencia de Macri por la cartera de Transporte a cargo de Guillermo Dietrich. La propaganda oficial prometía una inversión de 5.400 millones de dólares en cinco años y la construcción de 3.400 km de autopistas y rutas. Pero el precio final era significativamente más alto ya que incluía el costo del financiamiento a 10 años de plazo, que podía llegar al 45% en dólares.

Antes del encuentro, Katopodis señaló que “el modelo de las Participación Público Privada sólo estuvo pensado en beneficiar a los bancos. Respondían a un esquema financiero en detrimento de las cuentas públicas, un sobre endeudamiento para desarrollarlas, con contratos en dólares”. Los bancos involucrados en este beneficioso esquema de financiamiento fueron el Banco de Galicia, Bank of China, Banco Itaú BBA, Banco Itaú Argentina y el Banco Julius Baer.

Además de Katopodis, participaron del encuentro junto a los representantes de las empresas su jefe de gabinete Gerardo Otero, el jefe de asesores de la Presidencia Juan Manuel Olmos, el administrador general de Vialidad Nacional Gustavo Arrieta y el gerente ejecutivo de Concesiones Viales Eduardo Tarchinale. En esta reunión se planteó que con esos costos en dólares el cumplimiento de los contratos es imposible por parte del Estado, que por otro lado exigió una serie de informes sobre el avance de las obras por los severos incumplimientos detectados. El pasado 27 de mayo el Ministerio de Obras Públicas realizó una intimación para que las empresas realicen los descargos correspondientes.

“En todo este período, las obras de fondo no han avanzado y las empresas no han conseguido el financiamiento para construir las autopistas. Luego de 20 meses solo se han efectuado inversiones mínimas: 1,3% del total en promedio y 4% como máximo, dependiendo del corredor del que se trate”, explicaron desde Obras Públicas.

 

Los seis corredores son:

-Corredor A:abarca las Rutas N°3 y N° 226. Las obras a ejecutar estaban a cargo de Paolini Hnos SA, Vial Agro SA, INC Spa Italia.

-Corredor B:comprende la Ruta N° 5. Las obras a ejecutar estaban a cargo de China Construction América SA junto a Green SA.

-Corredor C:incluye la Ruta N° 7. Las obras a ejecutar estaban a cargo de José Cartellone Construcciones Civiles SA.

-Corredor E:abarca las Rutas N° 9, 11, 34 y 193, A-008 y A-012 (Circunvalación Rosario). Las obras a ejecutar estaban a cargo de Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA, COPASA (España).

-Corredor F:comprende la Ruta N° 9 AU Rosario-Córdoba y la Ruta N° 33. La obra a ejecutar estaba a cargo de Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA, COPASA (España).

-Corredor SUR:incluye la AU Riccheri, AU Ezeiza-Cañuelas, las Rutas N° 3 y N° 205. Las obras a ejecutar estaban a cargo de Rovella Carranza SA, JCR SA, Mota-Engil (Portugal).

Fuente: Informe Político