Polémica por los presos. La historia de la cárcel que nunca nadie terminó de pagar

Recién llegado al Ministerio de Justicia, Germán Garavano y su equipo advirtieron que era urgente comenzar con la construcción de nuevas cárceles en el país, paralizadas en el kirchnerismo. Pero en el medio de esa propuesta se encontraron con un escollo impensado: el Estado debía una suma millonaria por la construcción y el leasing de los penales de Ezeiza y de Marcos Paz, los dos establecimientos más importantes del país.

Las obras habían sido lanzadas durante la administración de Carlos Menem y estaban en funcionamiento desde la llegada de Néstor Kirchner al poder, pero 20 años después del contrato original nadie había terminado de pagarlas.

El problema para Garavano era similar el que podría tener un mal pagador en los comercios del barrio. Si las empresas que habían hecho el complejo no cobraron, ¿quién querría volver a trabajar para el Estado argentino en la construcción de cárceles? Con un agravante: entre los acreedores estaba nada menos que Techint, la mayor compañía privada del país y una de las que tiene más gimnasia en las negociaciones con el sector público.

El penal de Ezeiza se hizo al mismo tiempo que el de Marcos Paz. La construcción estuvo a cargo de una UTE liderada por Techint, que en 2018 aceptó un pago en bonos que vencen en 2022.

El equipo de Garavano se puso en contacto con las autoridades que manejaban la economía para discutir alternativas con vistas a cancelar la deuda. En la cartera que manejaba Nicolás Dujovne desde enero de 2017 entendieron el pedido y se hicieron otras preguntas. Entre ellas, cómo era posible que en todo ese tiempo nadie hubiese decidido cancelar los números en rojo para avanzar en la construcción de nuevas cárceles federales, según recordaron los negociadores de aquel momento ante la consulta de LA NACION.

Esa disyuntiva quizás cobra una vigencia impensada hoy, cuando las malas condiciones de los penales justificó la salida anticipada de presos, a quienes se les otorgó el arresto domiciliario en medio de la pandemia de coronavirus . Según informó el Servicio Penitenciario Federal (SPF), de los 1280 presos con riesgo de contagio fueron «externados» 320.

En el caso de Ezeiza, la administración de Mauricio Macri llegó a un acuerdo para pagar la deuda. El 5 de febrero de 2018, Dujovne y Garavano se comprometieron por escrito con un conjunto de empresas privadas comandadas por Techint a saldar un pasivo de $1150 millones que tenía el Estado por la construcción del complejo penitenciario, según corroboran documentos revisados por LA NACION. El dólar costaba unos $19,48, de manera que el monto total de la operación, en términos estimados, fue de US$60 millones.Las restantes integrantes de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) eran Impregilo (una firma italiana que también participó en la construcción de Yacyretá y le hizo juicios al Estado) e Iglys.

En cambio, el complejo de Marcos Paz fue construido por la UTE Dragados y Construcciones, Fomento de Construcciones y Contrataciones y DYCASA, empresa mayoritariamente de origen español. Los representantes de ese penal no aceptaron la oferta que había convencido a Techint.

En las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza están alojados presos y condenados por delitos como narcotráfico, trata de personas, homicidios y también corrupción , como Ricardo Jaime.

En 2002, las obras habían quedado envueltas en la ley de Emergencia Económica, que prohibió la indexación de contratos en moneda extranjera y pesificó los precios y tarifas con los que se manejaba la economía, algo que violentó los acuerdos firmados en la década anterior.

En el caso de Ezeiza, la administración de Mauricio Macri llegó a un acuerdo para pagar la deuda, como muestra el documento. No ocurrió lo mismo con el penal de Marcos Paz.

El Ministerio de Justicia había hecho la recepción definitiva de los complejos entre 2003 y 2004, pero en enero de 2006 el Estado discontinuó el pago de los cánones en las condiciones acordadas. Dos años después, la UTE de Techint demandó al país en la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional para resolver el conflicto.

Para diluir la dificultad, el kirchnerismo volvió a desplegar un paso que tenía ensayado. Inició discusiones en la Unidad de Renegociación de Contratos (Uniren), que llegó a un acuerdo con los acreedores privados de Ezeiza en 2011. Sin embargo, nunca pagó. Algo similar había ocurrido con la renegociación de tarifas de servicios públicos: todos pusieron la firma, pero el Gobierno no cumplió con su parte.

A fines de 2017 se aceleraron las discusiones. Los negociadores privados querían cobrar en dólares y de manera líquida. Es decir, en un instrumento lo más parecido posible al dinero. La Secretaría de Finanzas, a cargo de Santiago Bausili, rechazó esa alternativa: Techint y sus socios tenían una deuda ajustable por CER, no en moneda norteamericana.

Dujovne y Garavano le pusieron fin a esa controversia, al menos desde la mirada del Estado. Los constructores de Ezeiza cobrarían el 90% de la deuda en títulos del Estado (los denominados Bonos de la Nación Argentina en Pesos Badlar Privada + 200 puntos básicos Vencimiento 2022), para lo que el Gobierno amplió una emisión anterior.

En cambio, quienes hicieron Marcos Paz rechazaron la oferta y la negociación llegó a un punto muerto.

Techint y sus socios cobraron los bonos, según confirmaron fuentes privadas al tanto de la discusión, de manera que el pago está hecho. La salvedad es que el dinero aún no salió del todo del Estado. Eso ocurriría en dos años, cuando venzan los papeles y la Argentina deba cancelarlos. Pero el saldo en contra del Estado por la cárcel de Marcos Paz aún espera resolución.

 

Fuente: La Nación