Centrales eléctricas: Procesaron a ex funcionarios por administración fraudulenta y a representantes de Isolux e IECSA  

El juez federal procesó por administración fraudulenta a Exequiel Espinosa y Santiago Pierro, dos hombres claves de Enarsa. Es por la construcción de dos centrales eléctricas. También procesó a directivos de IECSA e Isolux. Ahora investigará la privatización de las usinas durante el macrismo.

El juez federal Sebastián Casanello procesó a Exequiel Espinosa, ex presidente Enarsa durante los gobiernos kirchneristas, y a Santiago Pierro, ex gerente de Energía Eléctrica de la empresa estatal. El magistrado los encontró co-autores del delito de administración fraudulenta por su accionar en la construcción de las centrales térmicas Ensenada Barragán y Brigadier López, dos de las usinas instaladas durante la gestión del ex ministro de Planificación Julio De Vido. La noticia se conoció en el programa Pasaron Cosas de Radio Con vos.

Casanello también procesó como partícipes necesarios sin prisión preventiva a cinco representantes de la UTE conformada por las constructoras Isolux e IECSA, que estuvo a cargo de las obras. Se trata de Juan Carlos De Goycochea, ex presidente de Isolux; Héctor Javier Sánchez Caballero, mano derecha de Ángelo Calcaterra en IECSA; y Alejandra Kademián, Osvaldo Macías y Santiago Altieri, todos directivos del consorcio. A todos —también a los ex funcionarios— les trabó un embargo preventivo por $ 750 millones. Ahora se abre la etapa de impugnaciones. Lo más probable es que los condenados apelen la sentencia en la Cámara Federal.

En un consistente fallo de 82 páginas, el juez federal no sólo revisa el proceso de licitación y posterior construcción de las dos centrales para probar que la falta de planificación redundó en un mayor costo para el Estado. Sino que también explica cómo funcionó el sistema de cartelización que repartió entre varias empresas —como Isolux, IECSA, Electroingeniería y Siemens— los principales proyectos de infraestructura energética que se realizaron en esos años.

La investigación de Casanello se inició en 2014 a partir de la denuncia radicada por el entonces diputado Manuel Garrido, que se basó en un duro informe de la AGN que puntualiza numerosas irregularidades en torno a los proyectos eléctricos.

La sentencia a la accedió EconoJournal concluye, en los hechos, la primera parte de la investigación judicial. A partir de ahora se iniciará la segunda, que buscará indagar si existieron irregularidades en el proceso de privatización de las centrales durante el gobierno de Mauricio Macri. Ensenada Barragán fue transferida a YPF y Pampa Energía, mientras que Brigadier López quedó en manos de Central Puerto.

 

Dos hipótesis centrales

La pesquisa esta apuntalada en dos hipótesis concatenadas entre sí.

1. La primera busca probar que existió un reparto amañado de las obras durante la etapa de licitación en favor de IECSA-Isolux.
2. La segunda es que la UTE obtuvo ventajas indebidas durante la fase de ejecución como consecuencia de una lista de desvíos como a) la incorporación de obras adicionales en forma directa (sin procesos competitivos); b) el aumento en el precio de los contratos; y c) la demora en la entrega de las obras.

Casanello comprueba ambas premisas. Su línea de investigación es la siguiente: tras constatar que los contratos de adjudicación fueron modificados con varias adendas que provocaron fuertes aumentos del presupuesto original, concluye los cambios en los proyectos ejecutivos no fueron resultado de la negligencia de los funcionarios que confección el pliego de obra. Sino que, por el contrato, esa planificación ineficiente formó parte, en realidad, de “un acuerdo previo entre funcionarios y directivos para que la contratista reciba ventajas indebidas de forma no competitiva”.

 

La central Ensenada Barragán se licitó en 2007. Aún no está terminada

La construcción de Ensenada Barragán requirió de al menos tres adendas contractuales para readecuar el proyecto de ingeniería. Una de esas adendas (la Nº4) contempló el pago de $ 367,9 millones adicional a IECSA-Isolux para construir una estación transformadora. La Nº5 erogó otros $ 89,6 millones para tender una línea de alta tensión para inyectar la energía generada en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

¿Se puede licitar la construcción de una central termoeléctrica sin planificar, de entrada, las obras para despachar la energía generada?

¿Cuál es la utilidad de contar con una usina de gran porte como de la Ensenada si no está conectada a la red de alta tensión?

Casanello concluye, con sentido común, que es un absurdo. Advierte, incluso, que el tendido de las líneas de alta tensión estaba incluido en el pliego de especificaciones generales (PETG) inicial que había confeccionado Enarsa. Sin embargo, fueron excluidas del pliego que finalmente salió a la calle. Luego, con la obra ya lanzada, fue necesario incluir esas obras sobre la marcha.

Casanello llega a dos conclusiones sobre ese punto:

1. La incorrecta planificación redundó en un sobrecosto de los proyectos porque una parte importante de la infraestructura contratada (como por ejemplo, las estaciones transformadoras y las líneas de alta tensión) se adjudicó de forma directa en un entorno en el que no existió la competencia. En lugar de poder licitar esas obras en la búsqueda del mejor precio —y por consiguiente, de un ahorro de fondos públicos—, el Estado se vio obligado a contratar a IECSA-Isolux.
2. La deciente planificación de las centrales no obedeció a la negligencia o errores no forzados de los directivos de Enarsa, sino que formó parte de un “acuerdo espurio” pre-meditado entre funcionarios y ejecutivos de la contratista. “La errónea planificación no fue producto de la imprevisión o negligencia. Por el contrario, las obras incorporadas para conectar energía al SADI, al no estar contempladas en el contrato, consistieron en una garantía de mayor rentabilidad sin competencia que permitía a la contratista —por ser indispensables para la funcionalidad de la central— asegurarse las ventajas de una planificación inadecuada”, concluye la sentencia.

Los abogados de Espinosa y Santigo Pierro, el polémico ejecutivo de la empresa estatal que estuvo a cargo de la ampliación del sector eléctrico entre 2007 y 2012 y luego se desempeñó como consultor de empresas privadas (como APR Energy), plantearon que las modificaciones técnicas del proyecto y las obras adicionales respondieron a la velocidad en la toma de decisiones motivada por la emergencia del sector eléctrico. Alegaron que la Secretaría de Energía, que en ese momento estaba a cargo de Daniel Cameron, que operaba bajo la órbita del Ministerio de Planificación, incumplió su responsabilidad de realizar las obras de conexión de la central a la red. Pero Casanello no hizo lugar a ese argumento.

 

Santiago Pierro, ex gerente de Enarsa, fue el armador de la licitación que investigó Casanello

Tanto Espinosa y Pierro en Enarsa, como Cameron, en Energía, reportaban políticamente a Julio De Vido. En esos años, funcionaban como bloque. No existió —explica el fallo— ningún acontecimiento de carácter excepcional que justifique las modificaciones sustanciales que sufrieron los proyectos. “Las circunstancias concernientes al modo de abastecimiento para poner en marcha la central (Ensenada Barragán) eran conocidas de antemano. La contratista debía verificar con Enargas y TGS la presión de diseño (…) El transcurso del tiempo evidencia que no existió ninguna circunstancia extraordinaria que tornase imposible conocer aquella exigencia, sino un comportamiento complaciente entre las partes”, resume la sentencia judicial.

 

Colusión energética

La denuncia de Garrido apuntaba a que la Justicia indague sobre eventuales irregularidades en el proceso de licitación y ejecución de las centrales Ensenada Barragán y Brigadier López. Pero, en ese objetivo, Casanello reconstruyó en detalle lo actuado en la licitación pública 02/2007, que compulsó la contratación de cinco usinas: Ensenada Barragán, Brigadier López, Manuel Belgrano II, Necochea II e Ingeniero Francisco Bazán. Sólo las dos primeras llegaron a construirse.

A partir de documentación recabada en Enarsa y del testimonio de directivos de empresas privadas que participaron de ese proceso, desgrana cómo funcionó el sistema de colusión y cartelización que armaron los privados con la anuencia de los funcionarios para repartirse obras de presupuestos millonarios.

La primera observación que gura en el expediente es que, aunque el pliego fue adquirido por otras empresas (Ansaldo Argentina y SADEFEM), sólo tres consorcios avanzaron en el proceso licitatorio: la UTE entre IECSA-Isolux; la de Electroingeniería—Siemens; y la de Cotersa, una subsidiaria de Electroingeniería.

 

Cada obra, señala Casanello, recibió sólo una oferta con excepción de Necochea II (que obtuvo dos).

“Es decir, las empresas no compitieron, aunque se sospecha que negociaron”, advierte. IECSA-Isolux se quedaron con las obras de porte intermedio como Ensenada y Brigadier. Electroingeniería fue la única que se presentó y ganó la construcción de la central Manuel Belgrano II, una imponente central de ciclo combinado de 800 MW que nunca se concretó por demoras burocráticas. Y porque en 2012 el ex ministro De Vido perdió poder dentro del área energética frente al avance de Axel Kicillof, que le bajó el pulgar a esa iniciativa.

La declaración de Daniel Demitrio fue clave para destapar el esquema de colusión.

 

Una declaración clave

Si sólo hubo una oferta por cada proyecto, no existió competencia en el proceso. La sentencia de Casanello le otorga una centralidad a Electroingeniería, la empresa de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra, que tuvo una doble participación en el concurso: en UTE con la alemana Siemens y como integrante de Cotersa, otro consorcio integrado también por Inelectra y Construcciones Argentina. No es usual que una misma empresa reparta sus acciones en dos propuestas en una misma licitación.

Tampoco lo fue que Cotersa, cuyo equipo técnico había trabajado durante meses para formular una propuesta técnicoeconómica para pelear por Ensenada Barragán, finalmente desistiera de su participación un día antes de la presentación.

Así lo expuso Daniel Demitrio, ex apoderado de Inelectra, quien en declaración judicial aclaró “él mismo fue el encargado de elaborar, desde el área comercial, la oferta para la obra Ensenada Barragán”, pero que “el día anterior a la presentación de ofertas fue contactado por una de las autoridades de la empresa Inelectra (Lorman Correa) quien le dio la orden de no presentarla”.

“Todo hace sospechar que la decisión intempestiva de suspender la oferta de Ensenada, a pocas horas de la presentación, respondió a un acuerdo previo entre oferentes con el propósito de que la UTE IECSA-Isolux resultase adjudicataria, anulando la capacidad de negociación del Estado”, deduce Casanello. “Ese modo de colusión es conocido como supresión de ofertas”, concluye. Para conocer las penas definitivas que deberán cumplir los condenados habrá que esperar hasta conocer si hay apelaciones y en ese caso, el caso pasará a la Cámara.

Fuente: EconoJournal