El proyecto de Meoni para federalizar la Hidrovía Paraná-Paraguay

El gobierno apura la licitación de la Hidrovía y según un documento al cual accedió LPO, busca mejorar la infraestructura para el acceso a los puertos de Chaco, Corrientes y Formosa

En mayo del año próximo vence la concesión del Sistema de Navegación Troncal (SNT), la Hidrovía Paraná-Paraguay, una autopista fluvial por donde se traslada más del 75 por ciento del comercio exterior.

En consecuencia, el gobierno tiene hasta junio para publicar los pliegos de una de las licitaciones más importantes que definirá el modelo de un recurso estratégico fundamental para los próximos años. La actual concesión, que se extendió por 26 años, está en manos de la belga Jan de Nul y la argentina EMEPA, esta última estuvo involucrada en la causa de los cuadernos.

Según un documento que circula por los despachos del Ministerio de Transporte y al cual La Política Online tuvo acceso, estaría tomando mayor relevancia el modelo que diseñaron desde el sector privado en el último año de la gestión de Guillermo Dietrich al frente de la cartera que ahora conduce Mario Meoni.

A principios del año pasado, el gobierno de Mauricio Macri comenzó a diseñar un bosquejo de lo que serían los nuevos pliegos de licitación. Para ello, el entonces ministro Dietrich junto a Gustavo Nardelli y Alberto Padoán, hombres fuertes de Vicentín, impulsaron una mesa con los principales operadores de la agroindustria.

A tal fin, el ministro intentó contratar a la consultora Bain y Serman por 4,5 millones de dólares para que hiciese los estudios técnicos y económicos preliminares pero ante la protesta de los empresarios, se terminó empleando a la consultora Latinoconsult por la mitad de precio. El estudio fue financiado por la Bolsa de Comercio de Rosario, cerealeras, puertos, petroquímicas y siderúrgicas, tal como publicó en su momento el portal Punto Biz.

La propuesta a la que arribaron en el informe de Latinoconsult es muy similar al documento que hoy estudian en el ejecutivo y que tiene como directriz a los intereses de los jugadores fuertes del complejo agroexportador pero con la diferencia que contempla mejoras para el acceso a los puertos públicos que son los recursos que quieren impulsar las provincias del norte.

Es que por entonces, el servicio de dragado y balizamiento desde la ciudad de Santa Fe al norte, hasta la localidad de Confluencia, se iba a contemplar en una segunda licitación lo cual fue motivo de queja de parte de Chaco, Corrientes y Formosa que buscan desarrollar sus terminales.

Ahora, con el proyecto que está en carpeta, se propone concesionarlo a uno o dos empresas nacionales para garantizar el calado a 10 pies y que se financiaría a través del pago de peajes aunque esto último podría quitarles competitividad a los puertos públicos o que la licitación quede desierta por falta de interés de las empresas de dragado: «sostenerlo con peaje es lo mismo que no hacerlo porque no hay carga suficiente», afirmaron en off a LPO.

Pero el principal desafío que enfrentaría la futura concesionaria, según el documento oficial, es la ampliación del calado de 34 a 40 pies desde las terminales de Timbúes a la desembocadura del océano. Especialistas del área, consultados por LPO, explicaron que para llegar a ese nivel se debe duplicar el volumen de toneladas de remoción de sedimentos.

Los cálculos prevén una inversión de 740 millones de dólares y otros 3 mil millones de mantenimiento que se sostendría con el cobro del peaje, a riesgo de la concesión y sin subsidios del gobierno nacional.

De concretarse, aseguran que se ahorraría en dólares por tonelada transportada un 19%, permitiría un mejor aprovechamiento de la bodega al aumentar la capacidad de carga y una disminución del 30 por ciento de los tiempos de navegación y espera. Todo esto, incorporando un sistema de información on line del tipo RIS (River Information System)

En cuanto a la conformación de un órgano de control, que es un tema pendiente desde su privatización en la década de los ’90, la nueva licitación prevería un organismo integrado por autoridades nacionales, usuarios del Sistema de Navegación Troncal y las provincias.

Fuente: La Politica on Line