8637 Terminal de Retiro con veedores

Con un retorno de los servicios que están paralizados desde hace un mes que por ahora se perfila incierto y lejano y en medio de los crecientes pedidos de auxilio económico de las empresas del sector; el ministro de Transporte, Mario Meoni, ha comenzado a mover las fichas para solucionar uno de los problemas contractuales más significativos que dejó como herencia la gestión de Guillermo Dietrich y que afecta a los usuarios y a las líneas de ómnibus de larga distancia.

Se trata del funcionamiento de la terminal de pasajeros de Retiro, que, luego de los tres intentos fallidos de reprivatización del macrismo, sigue en manos del mismo concesionario que la explota desde hace más de dos décadas: el polémico empresario Néstor Otero, quien fue condenado por haberle pagado dádivas al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y actualmente se encuentra procesado y con prisión domiciliaria en la causa de los cuadernos.

Tras tomar nota de las quejas que venían expresando los pasajeros y una inspección in situ efectuada antes de que se impusiera la cuarentena y de la cancelación de todos los servicios interurbanos, el titular de Transporte decidió enviar a la empresa concesionaria TEBA tres veedores oficiales para fiscalizarla de cerca y conocer de primera mano cuál es el estado real de las instalaciones de la terminal más importante del país.

Pesada herencia. Dietrich dejó la concesión de la terminal de Retiro vencida después de tres licitaciones frustradas. El trío de los virtuales interventores de la terminal de Retiro está integrado por el director nacional de Transporte Automotor de Pasajeros, Ignacio Olocco; Raúl Ferrara y Mariana Insaurralde. Fueron designados por un plazo inicial de seis meses para llevar adelante cuatro tareas clave:

• Relevar el estado de las instalaciones y condiciones de la prestación de los servicios.
• Proponer un plan de contingencia para la prestación de los servicios, determinando urgencias y prioridades.
• Analizar la situación del actual operador y los contratistas autorizados, junto con el estado de los respectivos locales.
• Elevar los informes finales sobre las situaciones detectadas.

Junto con el desembarco del equipo de veedores, la cartera de Transporte procedió a “emprolijar” la situación contractual de TEBA, que venía con una prórroga vencida el año pasado que no había sido actualizada por la administración macrista. Y en los próximos días también se daría formalmente por caído el último proceso licitatorio de la terminal que Dietrich dejó en la nebulosa con dos ofertas en danza que no llegaron a calificarse.

Una vez que se habilite la actividad de la construcción en el territorio porteño, la intención de Meoni sería intimar a la firma de Otero para que preste los servicios mínimos y haga los arreglos prioritarios que tiene atrasados. Entre otras deficiencias que debería resolver el concesionario se encuentran las escaleras mecánicas sin funcionar; los pisos y cielorrasos deteriorados, la deficiente iluminación interior y exterior, las filtraciones de agua, la señalización poco clara, la generalizada ausencia de limpieza y falta de seguridad dentro de la estación.

Con respecto al futuro de la terminal, la apuesta de Transporte es tener listos los nuevos pliegos de bases y condiciones antes del último trimestre del año para ver si el escenario económico y político que aflore tras la superación del coronavirus permite licitar la reprivatización de Retiro.

 

FRACASO MACRISTA. Cuando asumió a fines de 2015, Dietrich había dicho que uno de sus principales objetivos era la transformación y el cambio del operador privado de la terminal. Pero, durante sus cuatro años de gestión, lo único que hizo fue acumular tres procesos fallidos de licitación.

El primer intento que fracasó había arrancado en febrero de 2016 y tenía como fecha de apertura de ofertas el 6 de abril de ese año. La recepción de ofertas fue prorrogada cuatro veces y, al ver que la única candidata en carrera era la empresa de Otero TTA (Terminales Terrestres Argentinas), Dietrich decidió darle de baja y convocar a una nueva licitación con varios cambios en las reglas de juego.

Para la segunda convocatoria -iniciada en el segundo semestre de 2017- se introdujeron tres cambios relevantes: la ampliación del plazo inicial de la concesión de 2037 hasta 2052; la flexibilización del plan de obras obligatorias y un nuevo sistema de evaluación de las ofertas. Se presentaron cuatro oferentes y TTA volvió a quedar ubicada en el primer lugar por experiencia y plan de obras. Esta vez, Dietrich puso como excusa, para dejar sin efecto la licitación y convocar a una nueva, “los cambios urbanísticos y la redefinición constructiva de la zona de Retiro”, que había aprobado la administración porteña.

La tercera licitación lanzada a mediados de 2019 tuvo dos competidores. La empresa controlada por Otero con proyecto denominado “Retiro Terminal Parque”, que contemplaba la construcción de un parque y espacio verde de cinco hectáreas; un túnel para ingreso y salida de ómnibus, un hotel y un centro de convenciones. Y una sociedad del grupo Neuss, con un proyecto que preveía un nuevo espacio y hall de ingreso, un centro comercial y un edificio de oficinas.

Pese a que inicialmente la licitación había estado direccionada para Neuss, la empresa de Otero volvió a superar a su rival en las puntuaciones preliminares de antecedentes y obras. En este caso, la decisión de Dietrich fue demorar los tiempos de adjudicación y dejarle el tema irresuelto a la administración de Alberto Fernández.

DESARRAIGO CORDOBES. En un momento donde existe una fuerte presión de la gente para que el Gobierno aplique a los funcionarios y empleados estatales un recorte salarial como el que viene soportando la mayor parte de los empleados del sector privado, uno de los principales integrantes del gabinete de Meoni ha quedado en la mira por el cobro de una polémica y excepcional reparación económica.

Se trata del secretario de Gestión de Transporte, Walter Saieg, quien procedió gestionar la liquidación de una “compensación por desarraigo” por el hecho de estar domiciliado en la provincia de Córdoba y tener que venir a trabajar a la Capital Federal.

Tras acreditar que tiene su residencia permanente en la localidad de Alta Gracia, el ex intendente de esa ciudad y exlegislador provincial logró ser incluido dentro del “régimen especial de compensaciones” que fue aprobado por medio del decreto 1.840 del 1986 para los funcionarios con cargos políticos que viven a más de 100 kilómetros de sus lugares de trabajo.

Saieg, que llegó al Ministerio de Transporte por un acuerdo que habían cerrado Alberto Fernández, Sergio Massa y el senador nacional por Córdoba Carlos Caserio, es el único funcionario de alto rango del equipo de Meoni que pidió cobrar por “desarraigo” una suma que oscilará entre los 15.000 y los 20.000 pesos mensuales y que para algunos de sus pares resulta políticamente inoportuna.

Fuente: Letra P