Reactivan una investigación sobre «el club de la obra pública»

Tras meses de labor a paso cansino, la ex-Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) comenzó a darle un nuevo impulso a su investigación contra las principales constructoras de la Argentina por la cartelización de la obra pública en perjuicio del Estado nacional, confirmaron fuentes del organismo a LA NACION.

La investigación de la ex-CNDC podría conllevar la aplicación de multas millonarias a decenas de empresas, grandes y medianas, locales y extranjeras, y complementar así la pesquisa judicial que comenzó en 2018 con los cuadernos de las coimas que redactó el chofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno.

De consolidarse, la decisión oficial de avanzar desde la ex CNDC contra el «club de la obra pública» marcaría un claro contraste con el mandato político que recibieron los funcionarios de Defensa de la Competencia y de otras áreas del Estado nacional durante el gobierno de Cambiemos. Les ordenaron ralentizar las pesquisas por temor a agudizar aún más la recesión económica, con su consiguiente impacto electoral, según confirmaron tres integrantes de «la línea» de la CNDC a LA NACION.

La decisión de avanzar de la Comisión también podría repercutir puertas adentro del Frente de Todos, ya que la investigación apunta contra los empresarios -algunos de ellos cercanos al kirchnerismo, como Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería-, en tanto que la pesquisa judicial también apunta contra algunos de los máximos exfuncionarios del kirchnerismo, como el exministro Julio De Vido.

Tras el arribo del nuevo presidente de la Comisión, el abogado Rodrigo Luchinsky, sin embargo, la decisión de avanzar sobre las constructoras se debatió dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo -del cual depende la ex CNDC- y recibió la luz verde -al menos inicial- de la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, y del ministro Matías Kulfas.

El primer gesto de Luchinsky pasó, entonces, por ratificar en su cargo a la directora nacional de Conductas Anticompetitivas, Silvia Mariel Babnik, máxima responsable del expediente 45873451, iniciado en septiembre de 2018, poco después de las primeras detenciones y arrepentimientos en la «causa Cuadernos».

A lo largo de 2019, los técnicos de la ex CNDC ya tomaron varias testimoniales y recabaron documentación, pero jamás lograron que el juez federal Claudio Bonadio les enviara las copias que le requirieron de su investigación. Ahora, la Comisión volverá a solicitarlas y evalúa, incluso, convocar a declarar al fiscal de la «causa Cuadernos», Carlos Stornelli.

Luchinsky decidió, también, excusarse de intervenir en la investigación administrativa que se instruye bajo su órbita, según reconstruyó LA NACION. Explicó que como consultor en el sector privado había asesorado a la firma BTU, cuyo fundador, Carlos Mundín, integra el lote de empresarios procesados que Bonadio envió a juicio oral. Fue un trabajo previo, le aclaró a la «línea» de la ex CNDC, no inmediato anterior a su arribo a la Comisión, pero optó por evitar cualquier sospecha de un eventual conflicto de interés.

Escollos y oportunidades

Desde la Comisión, centran ahora la esperanza en hurgar en los hechos que ya admitieron algunos empresarios en sede judicial y podrían repetir, acaso, en la CNDC. Entre ellos, el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Enrique Wagner, quien confesó ante el juez Bonadio cómo las constructoras se repartieron los contratos y pagaron sobornos por entre el 10 y el 20 por ciento del valor de cada proyecto.

El interés sobre lo que puedan aportar en sede administrativa algunos empresarios «arrepentidos» responde a las dificultades que registró la ex CNDC durante los últimos años al avanzar en otras investigaciones. Apuntan, en particular, a las escasas herramientas legales y presupuestarias con que cuentan y a los criterios por demás restrictivos que mostró la Justicia al revisar sus decisiones; en particular, cuando aplicó sanciones.

Otro aporte a la Comisión contra el «cartel de la obra pública» podría llegar desde Brasil, si los fiscales argentinos destraban el cerrojo que desde junio de 2017 impide que las evidencias del «Lava Jato» lleguen a Buenos Aires. Entre ellos, el testimonio del exvicepresidente para América Latina de Odebrecht Luiz Antonio Mameri. Detalló a los fiscales de su país que «para que una empresa extranjera de ingeniería lograse participar de los proyectos públicos [en la Argentina] era imprescindible que estuviera asociada con empresas locales»

Mameri relató que las empresas involucradas en el reparto argentino de las obras públicas «eran previamente informadas respecto de quién ganaría la licitación y qué pagos indebidos deberían realizarse a los funcionarios públicos», y que Wagner era el coordinador de esos enjuagues, según consta en la «delación premiada» del ex ejecutivo de Odebrecht cuya copia ya difundió LA NACION.

El propio Wagner detalló en la «causa Cuadernos» que los empresarios solían reunirse en la sede de la Cámara de Empresas Viales -conocida en el sector como la «Camarita»-, para repartirse obras y millones. Involucró a Vial Agro, Perales Aguiar, Biancalani, Losi, Fontana Nicastro, Marcalba, Iecsa, Chediak, Equimac, Coarco, Cartellone y Vialco. «Me comprometo a aportar el nombre de más empresas a medida que las vaya recordando». ¿Podría aportarlos ante la CNDC?

 

Fuente: La Nación