Recortan las obras públicas para reducir $67.000 millones del déficit

El Gobierno afirmó que no se frenarán las inversiones en infraestructura, aunque redefinirá las prioridades con gobernadores e intendentes; apunta a exhibir austeridad en medio de la renegociación de la deuda

a distribución de recursos entre los 20 ministerios, tras la prórroga del presupuesto 2019 dispuesta por el gobierno de Alberto Fernández, muestra una fuerte retracción en el gasto para obras públicas. Este «ahorro» de recursos por $67.000 millones redundaría en una mejora de los resultados financieros, lo que permitiría al Gobierno exhibir austeridad en las negociaciones de la deuda con los acreedores externos.

La resolución administrativa 1, publicada la semana pasada, formalizó la prórroga del presupuesto 2019, la cual tendrá validez hasta que el Gobierno envíe al Congreso un nuevo proyecto de presupuesto 2020, previsto para marzo o abril próximos.

La Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) elaboró un informe sobre esta primera distribución de gastos y recursos; de esta decisión administrativa infirió que, a partir de una disminución de los gastos de capital en $67.270 millones, el Gobierno podrá exhibir una mejora en el resultado financiero, ya que el déficit caería de los $970.153 millones con que cerró en diciembre de 2019 a $890.280 millones en 2020.

El resultado primario se mantendría en signo positivo. Según la ASAP, esta retracción en los gastos de capital (que son gastos destinados, en su mayoría, a la obra pública y, en menor medida, a la compra de bienes de capital) permitiría incrementar el ahorro primario de $4120 millones (al cierre de 2019) a $70.993 millones.

Según el informe de la ASAP, la mayor retracción en el gasto de capital se focaliza en la inversión real directa, esto es, las inversiones que realiza la Nación directamente en las provincias y los municipios. Desde el Gobierno, sin embargo, negaron que se vaya a frenar la obra pública, sino que, por el contrario, se redefinirán las prioridades en conjunto con gobernadores e intendentes. Explicaron además que esta reducción del gasto obedece a que hay proyectos de infraestructura cuya partida correspondiente no fue prorrogada para el actual ejercicio por haber sido ya ejecutados. En su informe, la ASAP coincide: al reasignar los gastos de 2019, el Gobierno incluyó como gastos de capital proyectos de inversión prioritarios que anteriormente se contabilizaban como adelanto a proveedores (debajo de la línea). «Este gasto no se repite en 2020. Esta modificación mejora el resultado financiero para el ejercicio 2020», indicó la ASAP.

Más allá de esta ingeniería contable, lo cierto es que la prórroga del presupuesto 2019 exhibe una partida menor para obras públicas. La Dirección Nacional de Vialidad, por caso, muestra una poda de $22.000 millones; los principales recortes pasarán por los programas de «Construcción de autopistas y autovías» y de «Ejecución de obras, operaciones y mantenimiento de los corredores viales». La Dirección Nacional de Vialidad está ubicada bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas, a cargo del exintendente de San Martín Gabriel Katopodis.

La poda también afectará al programa de «Infraestructura de obras de transporte»: la partida vigente a diciembre totalizaba casi $70.000 millones; ahora quedó reducida a $31.400 millones. El Gobierno, por caso, ya decidió que no construirá nuevas líneas de metrobús (un emblema de la gestión macrista) y anticipó la rescisión del contrato por las obras para el soterramiento de la línea ferroviaria del Sarmiento. El ministro de Transporte, Mario Meoni, precisó que tal como está planteado el contrato vigente «es necesario invertir más de 1500 millones de dólares» y que, «en el marco de la crisis que existe hoy, no podemos llevar adelante una obra de esas características».

Desde el Ministerio de Obras Públicas niegan que esta retracción en el gasto que se observa en la prórroga del presupuesto 2019 sea un indicio de lo que va a ocurrir con la inversión en infraestructura este año. «El monto verdadero de la inversión se va a ver reflejado en el proyecto de presupuesto que en su momento el Gobierno enviará al Congreso», indicaron fuentes de esa cartera. Ese nuevo presupuesto se elaborará una vez avanzada o concluida la renegociación de la deuda con los acreedores externos; de esta negociación dependerá, en definitiva, qué margen tendrá el Gobierno para aumentar o no el gasto de aquellos rubros más elásticos del presupuesto, como es la obra pública. Fernández anticipó que la intención del Gobierno es finalizar las tratativas con los acreedores a fines de marzo próximo.

Igualmente, el Presidente, a diferencia de su antecesor Mauricio Macri, no se muestra entusiasmado con hacer de las grandes obras públicas una bandera de su administración; Fernández, muy crítico de la gestión de su antecesor en materia de infraestructura, acordó con el ministro del área, Gabriel Katopodis, arrancar con un programa más modesto, de 8500 millones de pesos de inversión, que lleven adelante pequeñas constructoras y cooperativas de trabajo. Serán labores de pequeña obra pública, entre otras, trabajos viales en centros urbanos y refacciones de escuelas y clubes de barrio.

Desde el Ministerio de Obras Públicas se precisó que este año se hará un replanteo de las prioridades de las obras públicas a realizarse, las cuales serán acordadas entre la Nación, los gobernadores y los intendentes. El jueves último, por caso, se reunió con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; según el ministro de Infraestructura de la provincia, Agustín Simone, en la provincia hay obras paralizadas desde el año pasado por $4000 millones de pesos.

En el macrismo reconocen que en 2019 se aplicó un freno brusco a la obra pública para mejorar el resultado primario de las cuentas públicas, una de las exigencias del FMI. Katopodis lo confirmó con duras críticas a la gestión anterior. «Al asumir nos encontramos con un ministerio dinamitado por un gobierno que había entregado la toalla hace mucho tiempo, cuando fue a golpear las puertas del FMI y decidió entregarle el rumbo de las decisiones económicas», asestó.

El funcionario enfatizó que su prioridad será reactivar aquellas obras que están paralizadas o suspendidas, aunque en consonancia con las necesidades territoriales de cada provincia e intendencia. «Lo que estamos planteando es que en materia de obra pública las prioridades las vamos a ir fijando con cada gobernador, con cada intendente, y será en cada caso definir cuál es la infraestructura necesaria», señaló Katopodis. «Hay que entender la situación en la que estamos, la crisis económica y social que nos han dejado. Hay que entender que el 70% de las obras están paralizadas por falta de financiamiento: hospitales, acueductos, cloacas, caminos, viviendas. No tengo dudas de que allí vamos a tener que poner todas las prioridades y el esfuerzo para terminar esas obras», destacó.

Los proyectos afectados por los cambios

La redefinición de gastos impulsada por la Casa Rosada impactará en la obra pública

Vialidad

La Dirección Nacional de Vialidad enfrenta una poda de $22.000 millones en su presupuesto; los principales recortes pasarán por los programas de «Construcción de autopistas y autovías» y de «Ejecución de obras, operaciones y mantenimiento de los corredores viales»

Metrobús

También sufre recortes el rubro «Infraestructura de obras de transporte»: la partida vigente a diciembre totalizaba casi $70.000 millones; ahora quedó reducida a $31.400 millones. El Gobierno, por caso, ya decidió que no construirá nuevas líneas de metrobús, un emblema del macrismo

Soterramiento

El Ministerio de Transporte anticipó la rescisión del contrato por las obras para el soterramiento de la línea Sarmiento. La cartera consideró que la obra «es absolutamente inviable». Y estimó que se necesita «invertir más de 1500 millones de dólares», como se había planeado

Fuente: La Nación