Hidrovía: puntos clave para la nueva concesión y el rol que podrían jugar las provincias

La posibilidad que las provincias tengan mayor protagonismo abre un nuevo escenario para la principal infraestructura de transporte del país.

El calado y el acceso a los puertos está entre los principales temas de la concesión de la hidrovía que se debe renovar.

El renovado apoyo del presidente Alberto Fernández de incluir a las provincias en el manejo de la hidrovía genera un nuevo escenario de cara a la futura concesión. Gobernadores, terminales cerealeras, agroexportadores y demás actores ven la posibilidad de hacer pesar sus intereses respecto de varios temas clave, como la definición de un órgano de control, profundidad de calado e infraestructuras portuarias, entre otros.

Durante la gestión de Mauricio Macri, los términos de la nueva licitación (la actual vence en 2021) se definieron en el marco de una unidad de trabajo en el puerto de Buenos Aires. A pesar de la crítica sobre su falta de federalismo, no se llegó a generar ninguna acción jurídica que condicione el futuro pliego.

Así las cosas, todos los actores entienden que se presenta una gran oportunidad para generar en 2020 una licitación que cumpla con las expectativas de los usuarios de la hidrovía. «Hoy estamos en tiempo de descuento, pero eso no quita que se pueda avanzar en el proceso y la contratación de un nuevo concesionario», dijo a Agrofy News el director del Instituto de Desarrollo Regional (IDR) Juan Carlos Venesia, quien es además el promotor del Encuentro Argentino de Transporte Fluvial.

No se trata de un aspecto menor para la economía argentina. Es su principal infraestructura de transporte, por donde circulan 4.000 buques, que mueven cada año 70.000 millones de dólares. Del total de embarcaciones, 2.500 llegan hasta el kilómetro 460 (en Timbúes), en el tramo de mayor profundidad, que es de 34 pies.

 

Bajar los costos

Los puntos clave que reclaman gran parte de los usuarios de la hidrovía giran sobre un mismo eje: mejorar la eficiencia del sistema para disminuir los costos de los traslados. En este aspecto el reclamo se centra en la profundización del calado, la mejora en los accesos a los puertos públicos y la inclusión de obras desde Santa Fe al norte.

La gestión de Mauricio Macri propuso profundizar la vía navegable hasta 38 pies, pero la presión de los usuarios es llevar esa cifra a 40. Se trata de un reclamo histórico, que permitiría que los buques salgan con la bodega completa. Se calcula que por cada pie que no se desarrolla, la cadena de valor pierde entre 600 y 700 millones de dólares anuales.

Otro aspecto que entienden ayudaría a bajar los costos se relaciona con la necesidad de incluir entre las obligaciones del concesionario las tareas de mantenimeinto en los accesos a las terminales públicas (Santa Fe, Diamante, Villa Constitución y Barranqueras). «Esas instalaciones hay que optimizarlas en un plan de infraestructura y favorecer el cabotaje de esa producción por el rio», agregó Venesia.

Un tercer punto pasa por sumar tareas de dragado y balizamiento en el tramo norte de la hidrovía, que el anterior gobierno quería incluir pero en una licitación aparte.

Todas estas temáticas están incluídas en un trabajo que será presentado a las nuevas autoridades nacionales, como resultado de una consultoría internacional encargada por los usuarios privados de la hidrovía. De momento no se han nombrado los responsables del área que depende del Ministerio de Transporte, hoy a cargo de Mario Meoni.

 

Ente federal

Por último, la postura de Fernández sobre la participación de las provincias en el manejo de la hidrovía abre la posibilidad que las mismas participen del órgano de control de la concesión.

«No se trata solo una unidad de control sino también que permita generar una política rectora respecto al conjunto del sistema de navegación troncal, fundamentalmente referido a las capacidades de navegación, las superficies y el desarrollo de las infraestructuras, entre otros», agregó el director del IDR.

Lo cierto es que la creación de un órgano de control ya estaba planteado por ley desde 1995 (al igual que en el área energética o gasífera), pero por decreto de ese año quedó dentro del ámbito de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante.

Fuente: Agrofy News