Odebrecht pasó de 10.000 a 100 empleados en la Argentina

Admitió en 2016 sobornos aquí y en once países más; espera el acuerdo local para entregar los nombres de quienes recibieron pagos indebidos

Por múltiples sobornos en doce países, Odebrecht fue condenada a pagar una multa de 2800 millones de dólares, mayormente a Brasil, pero también a los Estados Unidos y a Suiza, por donde circuló dinero «negro» a través de su non sancta «División de Operaciones Estructuradas».

Tras confesar en 2016 frente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), cerró acuerdos económicos con la mayoría de los países en los que pagó sobornos (con diez) a modo de resarcimiento, con la idea de seguir operando.

Todavía le falta transitar ese camino en nuestro país (y en Venezuela), ya que aunque la justicia de Brasil tiene a disposición de la Argentina los testimonios, las pruebas, la trazabilidad del dinero de las coimas y el dato de a quiénes se pagaron las prebendas, aquí no se acepta, por ahora, el acuerdo que pide Brasil y que incluye una promesa a los 77 ex colaboradores de Odebrecht: que no serán juzgados dos veces por el mismo delito.

La Justicia de la Argentina no ha escuchado hasta ahora (desde hace más de dos años) a ninguno de los colaboradores de Odebrecht en Brasil, de los que cometieron los ilícitos en nuestro país. «La empresa mantiene y ratifica su compromiso de colaboración con la autoridades argentina. Entiendo que hay una negociación entre las fiscalías de los países», dice Félix Martins, el nuevo director regional de la firma, quien estuvo en la Argentina por unos días, antes de volver a su base operativa en San Pablo. «En la Argentina estamos en un año especial, en un contexto político complejo. Creemos que la cosa se va a acomodar en 2020. Veo que la Argentina es un mercado muy importante en la región y que va a retomar el crecimiento», augura. Quizás sea por esta perspectiva que la empresa no quiere cerrar las puertas aquí.

La situación de Odebrecht en el país es compleja. Fue suspendida por el Gobierno del Registro Nacional de Constructores (RNC) y no puede participar de licitaciones a nivel nacional. En este momento solo está finalizando una obra y está ejecutando los estudios de ingeniería de dos plantas térmicas para clientes privados. «Contamos con 100 empleados, lejos de los 10.000 que teníamos en el país en 2012. El año que viene, si esto sigue así, nos quedarán solo 20», dice el director regional desde sus oficinas, en la zona de Plaza Italia.

Es la única constructora que quedó afuera de las licitaciones para realizar corredores viales a partir del sistema de participación pública-privada (PPP), hoy mayormente demoradas o paralizadas. Pero los «cuadernos de las coimas» habrían mostrado que Odebrecht no estaba sola en materia de pagar sobornos a funcionarios públicos. Y otras empresas cayeron bajo sospecha.

Para Martins, «hoy no es solo una decisión de la Argentina seguir el camino de la transparencia. Es una tendencia mundial. El financiamiento de las grandes inversiones viene de fondos internacionales que tienen estrictas normas anticorrupción», comenta. Pero también se queja de que «somos la única empresa que cambió y que tiene un proceso robusto de transparencia, pero somos la única que está afuera de las licitaciones».

Con toda su experiencia en los tribunales y a pedido de Emilio Odebrecht, quien en 2016 era el presidente del consejo de administración de Odebrecht, la empresa envió ese año un comunicado interno y externo para informar que se haría una colaboración definitiva con la justicia de Brasil. Declaró que iniciaba una transformación que incluía arrepentirse de los hechos que se le imputaron, colaborar al 100% con la justicia, pagar multas, establecer un fuerte departamento de compliance y empezar de nuevo, a derecho.

«Sabemos que no tendremos más oportunidades si volvemos con las mismas prácticas», dice Martins. Hoy se monitorean los números de la compañía con auditorías externas, hay un canal de denuncias gestionado por una empresa externa y un compromiso que incluye «luchar contra la corrupción y no tolerarla en cualquiera de sus formas, incluso extorsión y soborno».

Marcelo Odebrecht, quien fue el CEO de la empresa, fue sentenciado a 19 años de prisión, que se redujeron a 10 por el acuerdo de colaboración. Actualmente está en prisión domiciliaria con tobillera, y «fue uno de los colaboradores más efectivos», dicen desde la compañía.

 

Crimen y castigo

Los números que deja el Lava Jato en Brasil -considerada la mayor causa de corrupción en el país, con Petrobras en el centro de la investigación- al 20 de mayo, son: 2476 procedimientos judiciales; 227 llamadas a indagatoria; 160 prisiones preventivas; 155 prisiones temporales; 184 acuerdos de colaboración premiada; acusaciones penales contra 429 personas (50 sentencias) y penas por un total de 2249 años.

Los cargos que se le hicieron a Odebrecht (implicada en el Lava Jato) en los Estados Unidos, donde la empresa fue alcanzada por la normativa internacional antisoborno a través de su filial Braskem (que cotiza en la bolsa) incluyeron: el pago indebido de 788 millones de dólares en «bribes» o sobornos, asociados a más de 100 proyectos en doce países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá , Perú y Venezuela.

Solo en la Argentina, según se confesó en los Estados Unidos, hubo pagos entre 2007 y 2014 por más de 35 millones de dólares en sobornos a intermediarios, con el conocimiento de que «parte de este dinero iba a parar a funcionarios de la Argentina». Se dijo que fue para obtener al menos tres obras de infraestructura y que hubo beneficios por 278 millones de dólares.

Desde la empresa aseguran que una vez que estén firmados los acuerdos de colaboración entre la Argentina y Brasil (si esto sucede alguna vez), cuyo elemento principal es que quienes confesaron allá no sean nuevamente imputados acá, estarán todas las cartas sobre la mesa.

«Si una empresa reconoce los errores y aparta a los ejecutivos implicados, además de a su cúpula empresarial… Si se hace un cambio en la postura de la compañía, se coopera con la justicia y hay disposición para reparar los daños, creemos que se puede tener una segunda oportunidad», pide Martins. «Tenemos una historia para contar -agrega-. Estamos pasando por una crisis muy compleja, pero los cambios en la compañía son reales».

Esta segunda oportunidad es un tema de debate en diferentes países. Estados Unidos es el más pragmático, ya que establece altas multas por haber participado en hechos de corrupción, aunque no hayan ocurrido en su territorio. Una vez establecidas, las empresas podrían seguir operando.

¿Se puede operar sin sobornos? Es la gran inquietud que queda en suspenso… Difícil (pero no imposible), en operatorias en América Latina.

Fuente: La Nación