Crisis ambiental en Córdoba capital derivada del deficiente tratamiento de los líquidos cloacales

Cinco años atrás, el intendente decretó el estado de excepción para la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la Capital.

El plan de mitigación comprende acciones de cuatro áreas del Gobierno municipal.

En zonas aledañas al complejo, hay dos centros de salud.

Cinco años atrás, el intendente Ramón Mestre reconoció oficialmente la crisis ambiental derivada del deficiente tratamiento de los líquidos cloacales en la ciudad.

El 5 de agosto de 2014, el jefe comunal firmó el decreto 2.442 (de seis páginas) y determinó la “emergencia ambiental y sanitaria en el Establecimiento Depurador de Aguas Residuales (Edar) de Bajo Grande y en la zona ubicada aguas abajo, dentro del ejido municipal de la ciudad de Córdoba”.

Luego de un lustro de emergencia, los índices de contaminación de la planta de Bajo Grande se mantienen por encima de los parámetros que permite la legislación. Recientemente, La Voz reveló un informe de Policía Ambiental de la Provincia donde se daba cuenta de que el grado de contaminación con el que salen los efluentes cloacales de la estación depuradora es prácticamente el mismo que cuando ingresan.

Los registros fueron refrendados por las muestras secuestradas por la Justicia federal, a las que también tuvo acceso este medio. La Municipalidad de Córdoba insistió en señalar que en los últimos cinco años se llevaron adelante importantes inversiones.

Sin embargo, los desembolsos previstos a través del convenio urbanístico firmado con la Corporación América para realizar los trabajos en la planta se cumplieron sólo en parte.

Hasta el momento, el holding empresario que comanda Eduardo Eurnekian solamente pagó 30 millones de pesos para el arreglo de la planta. La firma indicó que tiene voluntad de cumplir con las cuotas pendientes y también con la deuda impositiva. La intención municipal es “no dar de baja” el convenio.

De acuerdo a lo que dijeron funcionarios municipales el mes pasado, las obras previstas para el fin de la gestión de Mestre estarán completas en un 50 por ciento.

La emergencia ambiental dictada por la Municipalidad fue refrendada en otras cinco oportunidades. De hecho, el último decreto que firmó el intendente con fecha del 1° de noviembre de 2018 estableció un plazo de 180 días para la continuidad de la situación excepcional.

Es precisamente ese decreto el más extenso de la media docena que firmó la actual gestión municipal. A lo largo de siete páginas, el escrito puede considerarse como el más preciso, y, además de referirse a las razones de la sanción, los problemas en la planta y las unidades por arreglar, da mayores precisiones sobre el plan de mitigación, que data del primer decreto en 2014.

 

Mitigación

Desde la Municipalidad de Córdoba señalaron que el plan de mitigación, en el que participan cuatro áreas, se está cumpliendo.

La conexión de agua potable para garantizar el recurso a los vecinos de Chacra de la Merced se concluyó en julio pasado, de acuerdo con un informe oficial del municipio capitalino. Ese era uno de los principales puntos del plan de mitigación.

En materia de salud, el municipio cuenta con dos centros de asistencia primaria en la zona. Uno en Bajo Grande y, otro, donde funciona la organización Las Omas, en donde se llevan adelante otras tareas comunitarias. En 2019 se aplicaron 822 dosis de vacunas a los vecinos. En ambos centros sanitarios, durante el período 2017-2018, no se registraron casos de hepatitis, meningoencefalitis ni de Síndrome Urémico Hemolítico.

 

La Justicia, el otro lugar donde se decide

La planta de Bajo Grande tiene también un aniversario judicial en ciernes. El 14 de octubre próximo se cumplirán 15 años de la primera sentencia de la Justicia provincial, que ordenó frenar la contaminación. Corría el año 2004.

El fallo, firmado por el juez Fernando Rubiolo, dio lugar a la acción de amparo presentada por el Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente (Cedha), por ese entonces presidido por Romina Picolloti, a la postre secretaria de Ambiente de la Nación.

Allí se le ordenó a la Municipalidad de Córdoba “adoptar todas las medidas necesarias relativas al funcionamiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) de Bajo Grande a efectos de minimizar el impacto ambiental producido por la misma, hasta tanto se arribe a una solución definitiva respecto a su funcionamiento; y a la Provincia de Córdoba a asegurar a los amparistas una provisión mínima de 200 litros diarios de agua potable”.

Como consecuencia de esa sentencia, durante la administración de Luis Juez, se gestionaron fondos para la realización de los nuevos desarenadores que se realizaron con fondos del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), en 2007.

Durante la gestión de Daniel Giacomino se decretó también una emergencia ambiental producto de la extensión en los plazos de ejecución de aquellos trabajos. Fue el 30 de marzo de 2010 y la situación de excepción se estableció por 60 días. En ese escrito se especificó de manera detallada el tiempo de duración de cada una de las etapas de la obra.

En 2010, Cedha inició otra causa por reparación, que todavía está abierta en la Justicia provincial. Es posible que en unas semanas el fallo esté listo, señalaron fuentes judiciales. El juez Julio Fontaine espera que el municipio y Policía Ambiental le actualicen los informes ambientales para emitir su sentencia.

A su vez, en los tribunales cordobeses también hay una causa contra 55 empleados de la planta, luego de que realizaran una huelga y por la que se habrían vertido líquidos cloacales crudos al río. La Municipalidad es la querellante.

 

Causa federal

La Justicia federal tiene otra causa en sus manos por la contaminación de Bajo Grande. En ella están imputados ocho funcionarios municipales.

Se abrió en septiembre de 2018, luego de una denuncia del concejal Santiago Gómez a la que se sumaron otro de los dirigentes del Partido Obrero, Eduardo Salas, y Cintia Frencia.

A esa denuncia se incorporaron luego el Foro Ambiental Córdoba y los vecinos de Chacra de la Merced. Se presume que los efluentes de la Edar llegan a contaminar la laguna Mar Chiquita, considerada una reserva por la Unesco.

Luego de los primeros estudios que realizó el Centro de Química Aplicada (Cequimap) de la Universidad Nacional de Córdoba, la fiscal federal Graciela López de Filoñuk está aguardando los fondos para la realización de los análisis sobre toda la cuenca del río.

De comprobarse la contaminación en la laguna, la causa que lleva adelante el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja quedaría firme en la órbita federal por tratarse de una cuenca interprovincial.

 

Pasivo ambiental: reparación necesaria

El producto de la contaminación de al menos los últimos cinco años desde la sanción de la emergencia deja un pasivo ambiental que tardará en recuperarse. “La reparación llevará tiempo. El primer paso es que no se viertan más efluentes al río sin el tratamiento correspondiente, para que la naturaleza pueda realizar un proceso de autodepuración. Pero serán necesarias también medidas de restauración”, señala el presidente del Foro Ambiental Córdoba Federico Kopta. Para el biólogo, la situación es más compleja en Laguna del Plata, donde desemboca el río antes de llegar a la laguna Mar Chiquita.

Fuente: La Voz