Por irregularidades de una empresa se demora la construcción de las represas de Santa Cruz

La china Gezhouba le compró sus acciones a Electroingeniería. Pero la operación aún no se pudo formalizar porque la compañía de Gerardo Ferreyra, preso bajo la acusación de pagar sobornos a los Kirchner, arrastra deudas millonarias.

La construcción del complejo hidroeléctrico más grande y costoso de la Argentina está retrasada. Se trata de las represas Cóndor Cliff-La Barrancosa. Son dos obras públicas distintas, pero planeadas para ser edificadas con relativa cercanía entre sí. Están ubicadas en Santa Cruz, en las márgenes del río del mismo nombre, en su tramo que serpentea a unos 130 kilómetros de la ciudad de El Calafate. El grupo chino Gezhouba le compró las acciones a su principal aliada comercial, la metalmecánica Electroingeniería. La tercera accionista minoritaria en lo que hasta ahora era una Unión Transitoria de Empresas (UTE) es Hidrocuyo, que inició sus primeros trabajos y creció en la provincia de Mendoza.

Electroingeniería nació en Córdoba. Y aumentó su capital y se expandió hacia diferentes mercados de un modo extraordinario. Es ahora evidente lo que antes era desmentido como una conjetura o un complot de rivalidades comerciales. Electroingeniería ganó miles de millones de pesos en pocos años gracias a la obra pública que le adjudicó un Gobierno, el de los Kirchner, en el que sus accionistas tenían muy buenos amigos. Con los K fuera del poder, empezaron los problemas financieros y judiciales para Electroingeniería.

Los inconvenientes más relevantes los sufre ahora con Gezhouba.

Tras una serie de disensos en la UTE encargada de Cóndor Cliff-La Barrancosa, la empresa china decidió adquirir el 36 por ciento de las acciones que tenía Electroingeniería en esa alianza de negocios. Hidrocuyo mantiene el 10 por ciento de acciones que tenía desde el inicio de esta adjudicación de infraestructura estatal.

Fuentes gubernamentales, y también fuentes del ámbito privado que protagonizan parte de la trama de esta historia, le confirmaron a Clarín que la venta de las acciones de Electroingeniería a Gezhouba se realizó en los papeles pero aún no se pudo formalizar ante el organismo estatal encargado de controlar el funcionamiento de las sociedades comerciales, la Inspección General de Justicia (IGJ).

La china Gezhouba tiene ahora el gerenciamiento de la construcción de las dos represas.

La caída financiera de Electroingeniería es similar a la que sufrieron otros holdings de allegados a los Kirchner que antes de sus gestiones en la Casa Rosada no contaban con un historial reconocido en la construcción, o ni siquiera se habían dedicado alguna vez a eso, como Austral Construcciones, del preso con prisión preventiva en una causa de lavado de dinero, Lázaro Báez. O CPC, de los también detenidos con prisión preventiva por el delito de fraude en el pago de impuestos, Cristóbal López y Fabián de Sousa.

Los dueños y directivos de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra y Osvaldo Acosta, son viejos amigos de la juventud del ex secretario Legal y Técnico de los Kirchner, Carlos Zannini.

La antes pujante Electroingeniería fue afectada por variables políticas pero también judiciales.

Ferreyra fue detenido con prisión preventiva en el marco de la Causa de los Cuadernos de las Coimas K, acusado de pagar sobornos a los Kirchner a través de intermediarios, para conseguir ser beneficiada por contratos multimillonarios otorgados por el Estado Nacional. Hoy sigue preso pero en su casa, y es controlado por la Justicia mediante una tobillera electrónica. Acosta eligió otro camino: decidió colaborar con la investigación judicial bajo la figura de imputado colaborador, es decir, como “arrepentido”. Ferreyra negó pagar coimas. Su socio Acosta las confirmó. Lo mismo el ex gerente de la firma, Jorge Neyra.

Antes de esos infortunios judiciales, ya existían problemas entre Gezhouba y Electroingeniería. La compañía argentina debía encargarse del trato con el sindicato de la Construcción, la UOCRA, cuyo secretario general a nivel nacional es Gerardo Martínez.

La obra de Cóndor Cliff-La Barrancosa les está dando trabajo en la actualidad a 1.900 afiliados a ese gremio.

Las fuentes antes citadas por Clarín aseguraron que Ferreyra, a pesar de identificarse con la militancia política de izquierda de los años ’70, intentó de mil modos evitar pagar los costos laborales generados por los convenios de la UOCRA.

Incluso sugirió que para bajar costos para poder afrontar el trabajo adjudicado por el Estado para hacer las represas debían despedir a más de 400 empleados.

El gremio se negó, con apoyo del oficialismo.

Ferreyra capituló en ese embate.

El conflicto de Electroingeniería con la UOCRA fue confirmado por fuentes de la CGT.

¿Ese choque entre accionistas y afiliados gremiales podría tener que ver con una vieja disputa entre Martínez y Zannini, el amigo de la política de Ferreyra y Acosta?

En la campaña presidencial de 2015, la UOCRA apoyó a la fórmula presidencial K, integrada por los candidatos Daniel Scioli y Zannini.

En un acto que el gremio de la Construcción armó para impulsar a esos postulantes a la Casa Rosada, Zannini y Martínez discutieron. Ocurre que el ex secretario Legal y Técnico, militante del maoísmo en su juventud y siempre distante del PJ ortodoxo, les sugirió a los organizadores de ese encuentro proselitista que eviten “peronizarlo”.

Por ejemplo, no quería que suene en esa reunión multitudinaria “La Marcha Peronista”. La UOCRA de ningún modo evitó cantar ese himno partidario.

 

Martínez dejó de hablarse con Zannini, luego tuvo un intento de acercamiento de la hoy senadora y antes presidenta Cristina Fernández.

El jefe sindical, en la actualidad, cortó el diálogo con la dirigencia K.

A pesar de eso, es probable que participe de un encuentro de algunos gremios de la CGT con el precandidato presidencial de los Kirchner, Alberto Fernández.

La UOCRA, sede nacional, no apoyará a los postulantes del kirchnerismo para volver al poder.

No se debería buscar en esos vínculos rotos a los motivos reales de la caída de Electroingeniería.

Tras la detención de Ferreyra, Acosta y Neyra, la UTE que habían formado con Gezhouba y Hidrocuyo empezó a profundizar sus diferencias.

Electroingeniería, por ejemplo, les adeuda a proveedores de la obra en Santa Cruz alrededor de 300 millones de pesos.

Para los chinos de Gezhouba esas dilaciones empezaron a ser inaceptables.

Clarín accedió a documentación que avala buena parte de esos pagos que se retrasaron y aún sigue así a pesar del paso de los meses.

El grupo Gezhouba espera ahora la aprobación de la compra de las acciones a Electroingeniería para poder vender el 20 por ciento o más que por ley deben estar a cargo de una empresa argentina.

Además de los papeles que deben ser avalados por la IGJ, existirían diferencias entre la firma china y la empresa antes ligada a los K.

El nuevo conflicto se habría producido por un desbalance en las cifras millonarias que una y otra compañía dicen tener a su favor.

Mientras tanto, el retraso en la construcción de Cóndor Cliff y La Barrancosa alcanza en una obra al menos los seis meses. Y en otra, un año. Eso aumentará el costo para terminar el complejo hidroeléctrico.

Las represas nacieron con una burocracia sospechosa.

Hubo varias licitaciones a lo largo de años, empezando en el 2008, y todas fueron anuladas. Ese patrón se terminó cuando dejaron de ganar empresas “enemigas”· de los Kirchner, como IMPSA, de Enrique Menotti Pescarmona. Una vez triunfante Electroingeniería, el Gobierno K dejó de encontrarle errores a esos procesos licitatorios. Incluso aunque este último fue sospechado por el socio de la familia ex presidencial, Báez.

Cuando Cristina Fernández era Presidenta, decidió que las represas cambiarían de nombre: se llamarían como dos ex gobernadores de Santa Cruz: Néstor Kirchner-Jorge Cepernic. La idea de homenaje vinculado a la obra pública de un familiar fue modificado mediante un decreto de Mauricio Macri.

Las represas aun siguen bajo polémica.

Fuente: Clarín