Duro informe de Transparencia Internacional sobre la Argentina

La justicia argentina exhibe poca voluntad para acceder a las pruebas que hay del Lava Jato en Brasil, según el informe.

La Argentina es el tercer país con más pedidos enviados a Brasil para acceder a las evidencias sobre los delitos cometidos por Odebrecht en toda América Latina. Pero con una salvedad: los argentinos incumplieron sus compromisos y exhiben, en la práctica, poca voluntad para acceder a esas pruebas, según surge de un relevamiento sobre los avances del Lava Jato en todo el hemisferio que Transparencia Internacional desarrolló durante meses y ya difundió.

Perú, con 68 pedidos de cooperación, y Panamá (18 solicitudes) son los dos países de América Latina por encima de la Argentina en cantidad de requerimientos enviados a las autoridades brasileñas para obtener las delaciones y otras pruebas del Lava Jato sobre un total de 118 pedidos que recibió Brasil desde todo el hemisferio durante los últimos dos años. Es decir, desde que se levantó el secreto sobre el material, el 1 de junio de 2017.

Los fiscales argentinos presentaron 12 solicitudes de cooperación, de los que enviaron 10 en 2017 y los restantes dos el año pasado. Pidieron obtener copias de las evidencias como así también que se tomara declaración a varios sospechosos brasileños en las coimas de Odebrecht, en tanto que la Argentina es uno de los países con los que Brasil negocia la creación de un Equipo Conjunto de Investigación.

En el extremo opuesto, Venezuela y Guatemala son los países de América Latina que menos interés demostraron por acceder a las evidencias que comprometen a sus funcionarios. Presentaron apenas un pedido de cooperación cada uno, seguidos por República Dominicana, con tres.

«El progreso de los trabajos de los organismos de investigación de grandes casos de corrupción que involucran a la constructora brasileña Odebrecht en América Latina es muy discrepante y, en líneas generales, insuficiente», alertó Transparencia Internacional al difundir el relevamiento que desarrolló junto al portal Jota y la firma Digesto, de Brasil, y al que accedió LA NACION.

El desinterés evidente o solapado de ciertos países por acceder a las evidencias que duermen a Brasil, completó Transparencia, «revela un bajísimo nivel de actividad investigativa y, por lo tanto, un riesgo real de impunidad para los graves delitos revelados por la Operación Lava Jato en esos países».

En esa línea, la conducta de la Argentina muestra rasgos excepcionales, indicó el consultor senior de Transparencia Internacional, Fabiano Angélico, a LA NACION. «Por un lado, la Argentina es el tercer país con más pedidos de colaboración cursados a Brasil. Pero cuando se consulta a los funcionarios brasileños, estos informan que las cosas con la Argentina no están bien porque sus funcionarios no colaboran con las investigaciones en marcha, ni cumplen con la palabra acordada», indicó.

Uno de los contados cortocircuitos públicos entre ambos países ocurrió el 13 de mayo, cuando trascendió en la prensa brasileña que la procuradora general, Raquel Dodge, envió un informe al Supremo Tribunal Federal (STF) en el que explicitó las diferencias. Lo tituló «Estorbos en la cooperación jurídica internacional».

Dodge detalló las dificultades que afrontaron sus fiscales para obtener la cooperación argentina desde mayo de 2016 en la pesquisa por la venta de las acciones de la petrolera Petrobras en Transener a la empresa cordobesa Electroingeniería, con los ex ministros Julio de Vido y Roberto Dromi y el empresario Gerardo Ferreyra como presuntos protagonistas de sobornos.

Los estorbos argentinos llegaron a tal punto, ejemplificó la procuradora, que los pedidos de cooperación que envió la Justicia brasileña a Buenos Aires fueron demorados o contestados con evasivas que impidieron el avance de la pesquisa en Brasil hasta forzar su archivo parcial.

Pero si eso ocurre con el material que Brasil pide a la Argentina, una dinámica similar se repite cuando los argentinos piden la cooperación brasileña. El material disponible desde junio de 2017 aún no llegó a las manos de los jueces y fiscales de Comodoro Py. Según los brasileños, porque los argentinos no demuestran interés real por acceder a ese material. Según los argentinos, porque las leyes son incompatibles y porque los brasileños exigen un virtual compromiso de impunidad a favor de sus nacionales involucrados.

¿Qué material de valía para la Argentina yace en Brasil desde junio de 2017? Según el relevamiento liderado por Transparencia Internacional, incluye evidencias sobre las coimas pagadas a funcionarios argentinos y brasileños para que Odebrecht y sus consorcistas ganaran tres proyectos de obra pública en la Argentina por cerca de US$2200 millones: la extensión de las redes troncales de gasoductos, el soterramiento del tren Sarmiento y la construcción para Aysa de una planta potabilizadora de agua en la localidad de Paraná de las Palmas.

«Cumplidos cinco años desde que comenzó Lava Jato podemos decir que hemos aprendido algunas lecciones», remarcó Angélico. «Una de ellas es que la cooperación internacional es crucial en investigaciones como esta. Lo que Suiza ayudó a Brasil durante la primera etapa del Lava Jato, por ejemplo, fue decisivo. Ahora Brasil debe asumir el mismo rol frente a otros países de América Latina. Si las fiscalías de toda América Latina quieren investigar de verdad, deben acudir a Brasil».

Fuente: La Nación