Retiro. Con una nueva licitación, intentan desplazar al polémico Néstor Otero y modernizar la terminal

El Gobierno vuelve a la carga para desplazar, después de 25 años, al polémico Néstor Otero, en prisión domiciliaria por supuestas dádivas a funcionarios kirchneristas, de la concesión de la estación de micros de Retiro, la más grande del país. Así se deja entrever por la resolución 293 del Ministerio de Transporte, a cargo de Guillermo Dietrich, que fue publicada en el Boletín Oficial.

La norma aprueba los pliegos de condiciones para la licitación pública con vistas a concesionar la administración, la explotación comercial, las reparaciones, la ampliación y los servicios complementarios de la estación.

«La terminal de ómnibus de Retiro, que utilizan 50.000 personas para viajar a todos los principales puntos del país, se modernizará a partir de nuevos los pliegos de licitación que aprobó hoy el Gobierno Nacional, con una inversión del orden de los $1000 millones», sostuvo Transporte en un comunicado.

Desde 1993, la estación de Retiro está en manos del mismo adjudicatario, TEBA SA, que pertenece a Otero. Las operaciones de TEBA en la terminal tuvieron contrato hasta 2006. Cuando ese vínculo se venció, la licencia se extendió 10 años más de manera precaria.

Terminada esa extensión del vínculo, el gobierno de Macri firmó un acuerdo para que continúe la prestación del servicio hasta que haya un nuevo adjudicatario.

En 2017 hubo una licitación, pero las empresas que presentaron sus ofertas no cumplieron con los requisitos necesarios, por lo que la compañía de Otero continuó operando.

El año pasado, el empresario quedó involucrado en la causa de los cuadernos de las coimas, luego de que Oscar Centeno, el exchofer de Roberto Baratta, lo señalara por pagar sobornos a funcionarios durante el gobierno kirchnerista. Inicialmente el empresario fue procesado por el juez Claudio Bonadio por asociación ilícita y dádivas, pero ahora solo continúa procesado por el último ítem.

En su momento, fuentes oficiales explicaron: «Se comenzó un proceso de licitación que el año pasado quedó sin adjudicatario. Se presentaron ofertas sí, pero ninguna llegó a cumplir con todo. Luego se realizó un data room para los nuevos pliegos y va a salir la licitación una vez que esté aprobado lo del nuevo Código Urbanístico de la ciudad».

En diciembre pasado, el Gobierno dio de baja la licitación -proceso que demandó tres años- para convocar a una nueva. La cartera de Guillermo Dietrich dejó sin efecto la licitación y dio comienzo a un nuevo proceso. La decisión se justificó en los cambios que exige el nuevo Código Urbanístico, por ejemplo la normativa prevé una nueva regulación en el uso de los suelos en esa zona.

La resolución será publicada en el Boletín Oficial y deberá difundirse en países extranjeros con un plazo de antelación de 40 días corridos a la fecha fijada para la apertura.

Para llegar a buen puerto con el proceso de licitación pública se creó la Comisión Evaluadora de Ofertas, integrada por Manuel Albarado, Cecilia Latapie y David Cortes.

Fuente: La Nación