Coimas en la obra pública: cuando estar en los cuadernos parece ser un privilegio

Empresarios y empresas de por lo menos cuatro de los cinco consorcios que licitaron obras para Yacyretá, están mencionados, procesados o actuaron como arrepentidos en las pesquisas que activaron los cuadernos de Centeno. El Gobierno de Corrientes debe abrir grande los ojos si no quiere caer en la resistente telaraña de la corrupción, ahora que anuncia una serie de obras importantes.

Muchos actores interesados de la política, acostumbrados a la hipocresía, andan golpeándose el pecho por la cantidad de causas que se ventilaron e investiga la Justicia y que tienen que ver con acciones de malversación de todas las caladuras posibles en las que están implicados varios elementos del gobierno anterior. Varios en ristra, a decir verdad.

Lo cierto es que la matriz está lejos de cambiar en el gobierno actual (que se debate entre seguir siendo y ya no ser). Los mismos que se escandalizaban por lo K, terminaron cayendo en la trampa M. O acuerdan con los mismos que están sospechados. O peor: se convierten ellos mismos en organismos infectados por el mal endémico de la Argentina que anida en la corrupción.

Al menos resulta difícil de creer que en los niveles más altos de conducción, en el plano nacional e incluso regional y provincial, los actores de la política o del poder económico que bailan al son de la política -vendiendo obras o servicios al Estado-, sean precisamente ingenuos. Podrían ser engañados. Claro. Pero también, como viene ocurriendo, podría ser que a la larga -tentados por la impunidad- algunos terminen convertidos en parte del sistema, sin más, hasta que el sistema se rompe. Allí crujen los pactos de silencio. Y empieza a tronar el “canto”.

—¿Que busca todo esto?

—Prevenir acciones futuras que puedan tener consecuencias aún más graves que las que aporta la escasez, por citar el caso de Corrientes. Más grave que la falta de infraestructura, de energía, de trabajo, etc. Más que la falta de oportunidades y de horizonte.

Y hay que poner la lupa sobre Corrientes porque la provincia está proyectando su despegue -según anuncia el gobernador Gustavo Valdés-, razón por la cual es más necesario aún encender las luces de alarma con filtros de cautela.

—¿Por qué habría que alarmarse?

—Hay varios motivos. Veamos:

El Litoral informó, por ejemplo, que como parte de la licitación internacional para la ampliación de la represa hidroeléctrica Yacyretá, ese día se abrieron los sobres con las ofertas económicas que realizaron los cinco consorcios precalificados. Desde la Entidad Binacional estimaron, en tanto, que en un plazo de 90 días se adjudicarían las obras civiles y determinadas partes electromecánicas, con el objetivo del aprovechamiento hidroeléctrico en la margen izquierda del brazo Aña Cuá.

Según lo informado por el organismo argentino-paraguayo, las ofertas fueron las siguientes:

1) USD 240.350.496,90 (Salini Impregilo SpA-José Chediack Saica. Itasasa -ATE).

2) USD 318.971.258,08 (Techint Compañía Técnica Internacional Saci, Benito Roggio e Hijos SA Panedile Argentina Saicf y Benito Roggio e Hijos SA Paraguay).

3) USD 225.159.270,46 (José Cartellone Construcciones Civiles SA, J. Malucelli Constructora de Obras SA- Talavera Ortellado SA).

4) USD 274.978.790,17 (Sacde Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico SA-Power China Limited-CDD Construcciones SA) y

5) USD 193.241.731,33 (ATE Aña Cuá ART, integrada por Astaldi-Rovela-Tecnoedil).

—¿Cuál es el dato de esa lista?

—Que las empresas y empresarios de al menos cuatro de estos cinco consorcios que actuarían en Yacyretá, eventualmente, están mencionados, procesados o actuaron como arrepentidos en la causa de los llamados cuadernos de la corrupción. Esos cuadernos por ahora tienen la letra K, pero como queda visto, esas hojas podrían soportar todo el abecedario.

Sigamos:

Además, se supo que el juez federal Claudio Bonadio indagó como sospechosos a cuatro ex funcionarios del gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández que aparecen nombrados en la causa de los cuadernos. El magistrado sospecha que podrían haber participado del pago de coimas por la concesión de obras públicas o peajes.

Los sospechosos son Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad; Sandro Férgola, ex gerente de Obras y Servicios Viales y subadministrador de Vialidad; Sergio Passacantando, ex gerente de Administración de Vialidad, y Germán Nivello, ex funcionario de la Secretaría de Obras Públicas y subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Todos fueron detenidos el sábado en el marco de la misma causa que investiga los sobornos en la obra pública.

El Litoral informó también, que Bonadio busca saber quiénes eran los responsables de 17 empresas entre 2003 y 2015, el período en que el gobierno estuvo en manos del matrimonio Kirchner y en el que investigan si funcionó una asociación ilícita que habría pagado o entregado coimas para conseguir o cobrar obras públicas y/o concesiones viales.

—¿Y eso qué tiene que ver?

—En el listado de firmas que recibirán las requisitorias judiciales están Caminos del Paraná y Rutas del Litoral SA, que operan en Corrientes. La primera cobra los peajes del puente Chaco-Corrientes, el de Riachuelo y el de Ituzaingó, mientras que la segunda es una firma constructora.

Se sospecha que la información podría ser la antesala de más indagatorias. Fuentes judiciales indicaron que los procedimientos se llevaron adelante la Capital Federal y en Corrientes, Formosa y Córdoba. Los objetivos son empresas dedicadas a peajes, a obras del transporte y a distintas obras de construcción.

Las otras firmas sobre las que se requirió información son: Andesvial SA; Autovía Bs. As.-Los Andes SA; Carreteras Centrales de Argentina SA. También figuran Cincovial SA; Corredor Central SA; Corredor de Integración Pampeana SA; CV1 Concesionaria Vial SA; HS SA y Abengoa SA. El listado se completa con Teyma Abengoa SA; Creaurban SA; Electrificadora del Valle SA; Elecnor de Argentina SA; Ruta 18 SRL; Rutas del Litoral SA y Vialnoa SA.

Bonadio lleva adelante varias causas paralelas que nacieron o se activaron después del expediente por las anotaciones del chofer Oscar Centeno. Una de ellas es la cartelización de la obra pública y otra, las coimas que habrían pagado las concesiones viales.

Mientras todo esto ocurre, hay otros empresarios que se quedan afuera de los negocios lícitos con el Estado porque, al no ser parte de la timba o de la fiesta de las coimas, dejan de tener actuación, dejan de ser arbitrados y, por lo tanto, dejan de tener calificación para aspirar a alguna contratación u obra.

—¿Por qué pasa esto?

—Porque para hacer un puente, por ejemplo reparar el Iribú Cuá (paso caído en mayo de 2017 sobre Ruta 12, unos 25 kilómetros después de Itatí), una empresa debe demostrar que hizo una obra similar en los últimos 3 o 5 años. Es un requisito obligatorio para poder calificar.

Lo que están mostrando los hechos es que, en el caso de Yacyretá, por ejemplo, se puede volver premiar a quienes la Justicia está investigando porque habrían caminado por los atajos que habilita el Estado corrupto. Es allí donde se exhibe la circularidad que el gobierno de Cambiemos no suele querer ver.

La observación, entonces, al final, es también para el Gobierno de Corrientes, que está anunciando una serie de obras que demandarán la participación de empresas variadas y de distintas capacidades (para puertos, aeropuertos, edificios, caminos, etc.).

Habría que estar atentos, abrir grande los ojos y cinchar bien antes de salir, para no correr el riesgo de caer en lo que criticamos, cuando sea demasiado tarde.

Fuente: El Litoral