La Cámara (Camarco) quiere una Agencia de Infraestructura y fondos intangibles para revivir la obra pública

Tras dos años de caída en fondos públicos y casi sin licitaciones, los constructores se aprestan a llevar un documento al Gobierno que incluye una ley de estabilidad de contratos, impuestos e instrumentos de financiamiento

La crisis de financiamiento, la búsqueda del ajuste fiscal, la suba del Riesgo País que congelaron los contratos de Participación Público Privada (PPP) y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que restringió los desembolsos del Tesoro, así como la causa de los Cuadernos K que pegó de lleno en los ejecutivos de las principales compañías hicieron que el sector de la obra pública, el que iba a transformar la infraestructura del país, cerrara un 2018 en caída y tenga un horizonte poco alentador para este año.

En ese contexto en el cual durante enero último casi no hubo licitaciones de envergadura en todos los niveles del Estado (Nación, provincias y municipios) consecuencia de este ajuste y que el Registro Nacional de Constructor casi estuvo cerrado y hay atrasos en los giros de la Casa Rosada de fondos para pagar las obras, desde el sector privado están preparando un documento para entregar en Balcarce 50 con la intención de inyectarle un poco de oxígeno a una actividad que pierde 5000 puestos de trabajo al mes.

Según un documento que circula entre varios de los despachos de los grandes empresarios que tiene un título que señala que la Infraestructura y la vivienda son rubros «fundamentales de la inversión» y propone «nuevas ideas» y en especial «nuevas inversiones» para desarrollar al sector.

El primer punto que los empresarios planean llevarle a la administración central es el de la creación de una Agencia Federal de Infraestructura y Vivienda. Esta nueva institución tendría un organismo que determine «qué inversiones deben realizarse según su capacidad para generar inversiones asociadas».

Pero no sólo propondrán la creación de esta agencia sino también cómo conformarla con el fin de evitar los vaivenes electorales. «La Agencia debería estar a cargo de un directorio con estabilidad, cuya designación y remoción no dependa de la sola voluntad del ejecutivo; compuesto por representantes del sector Público y del sector Privado, vinculados a las principales actividades de la economía. La existencia de una Agencia Federal de Infraestructura, integrada por el sector público y privado, es una garantía de vinculación de la infraestructura con la economía real», señala el escrito.

Pero para no quedarse en sólo una nueva instancia burocrática, el plan que salió de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) establece que la Agencia tiene que «desarrollar y actuar con un Esquema Director que implica una planificación centralizada» y que no sea un Plan de Obras Públicas. Dentro de este esquema contempla a «los grandes sistemas con impacto territorial» (Transportes, Comunicaciones, Energía, Uso del agua, Saneamiento), Vivienda e Infraestructura (Salud, Educación, Justicia, Seguridad, Defensa), Uso del Suelo, (Desarrollo Urbano, Regional, Rural y Turismo) e Infraestructura para la Producción (Industrial, Agraria, Forestal y Minera).

Pero uno de los puntos fundamentales para el sector es la posibilidad de esquivar las restricciones constantes. Si se toman el presupuesto de 2018 y 2019 la caída de fondos públicos nacional supera el 70%. Para los empresarios, que señalan que las obras de infraestructura «necesita» financiamiento de largo plazo que no puede estar atado a las variables políticas que «se deben reunir todos en un único Fondo de Infraestructura, con subfondos por especialidad».

Pero, además, proponen que para adicionar flujos a este Fondo, que se creen «cargos diferidos sobre la los servicios que brindan las infraestructuras que hoy no tienen compromiso. Además deben sumarse impuestos provinciales, contribuciones de mejoras, etc.».

Pero, principalmente, que estos fondos tengan «carácter fiduciario, de modo de que puedan apalancarse con instrumentos tales como se hace en Chile a través del Bono de Infraestructura».

Por último, pedirán la sanción de una «Ley de Estabilidad de los Contratos Administrativos que establezca la intangibilidad de los fondos destinados a infraestructura y su carácter fiduciario, el fuero arbitral y la imposibilidad de rescisión de los contratos de obra pública y de concesión sin laudo arbitral previo»

Fuente: Cronista.com