Pasaron las PPP y el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas a Marcos Peña

Mediante un confuso, desordenado y desprolijo Decreto Nº 1117/2018 el Gobierno traspaso a Marcos Peña la planificación y control de los contratos de Participación Publico Privado (PPP) y el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.

Con anterioridad la planificación y control de los proyectos de inversión pública y de los contratos de participación público-privada (PPP) se encontraban en la órbita del Ministerio de Hacienda, a partir de este decreto dejan en el Ministerio de Hacienda únicamente ..”Expedirse, de forma previa a la adjudicación, sobre la existencia de previsión presupuestaria para afrontar los compromisos asumidos”; mientras que la planificación y control pasa a la Jefatura de Gabinete (Marcos Peña).

El Decreto 1117/2018 es de una torpeza extrema, atiende tres temas inconexos, las PPP (contratos de participación público-privada), el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).

Del Articulo 1 y 2 del decreto surgen el objetivo fundamental de la norma, que es poner bajo la órbita de un allegado cercano al Sr. Presidente el manejo de los contratos de participación público-privada (PPP). Lo demás es relleno para justificar este enroque.

Desde hace casi tres años lo único que se modificó en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas fue el membrete de las planillas y declaraciones juradas, cambiaron solo el nombre de ministerio, de “Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios” que dirigió el Arq. Julio De Vido, a “Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal”  a cargo de Ricardo Raúl Delgado.

Ahora, a tres años de asumir, el gobierno toma conciencia que “…resulta oportuno que la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS cuente con la facultad de reorganizar el REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRA PÚBLICA, a fin de que forme parte del Sistema de Información de Proveedores establecido para las compras y contrataciones, actualmente en la órbita de dicha Jurisdicción….”

Es evidente que el traspaso del Registro es relleno para que pase desapercibido el control de las PPP.

Debe destacarse que el Sistema de Información de Proveedores es un organismo que solo Registra Datos, mientras que el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, califica y otorga capacidad legal para contratar, a empresas constructoras, mediante un mecanismo sumamente complejo y conflictivo, que desde 1999 se intentó actualizar sin éxito (Decreto 1621/99). Nunca se logró consenso entre el estado y las empresas, ni entre las mismas empresas. Porque ese mecanismo de calificación traza la línea que divide a quienes se habilita a cotizar una obra pública de quienes no están habilitados, por eso la conflictividad.

El tercer aspecto que trata el Decreto Nº 1117/2018 es más bochornoso todavía, solo dice que “…que el PODER EJECUTIVO NACIONAL podrá disponer la órbita en la cual la AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO (ACUMAR) funcionará…” No dice nada.

Lamentablemente nos encontramos con un decreto que en sus considerandos hace alarde de pomposos objetivos “…Que resulta necesario efectuar un reordenamiento estratégico que permita concretar las metas políticas diagramadas y tornar más eficiente la gestión…”

Deberían ser más simples y honestos. El objetivo de este decreto es que una determinada persona asuma la planificación y control de los proyectos de inversión pública y de los contratos de participación público-privada (PPP) U$S 26.000 Millones. Allí termina la pequeñez de la norma.

Ing. Miguel A. Gomez Nieto

 

Ver: Decreto 1117/2018

 

 

 

Fuente: ConstruAr