Se adjudicó a Roggio – Chediack – Ecodyma la ampliación de la capacidad del Río Salado. $3.493 Millones

El Gobierno adjudicó obras a dos empresas involucradas en los cuadernos de las coimas.

Benito Roggio S.A. y José Chediack S.A. forman parte de los consorcios que ganaron la adjudicación de los proyectos de ampliación de la capacidad del Río Salado.

En la Casa Rosada siempre tuvieron en claro que el escándalo de los cuadernos de las coimas no podía frenar la rueda de la obra pública ni agregar coletazos a una economía por demás golpeada en 2018. Por eso, el Gobierno estableció condiciones y un código de buena conducta para que las firmas involucradas en el expediente que tramita el juez Claudio Bonadio puedan seguir con sus proyectos en curso y sumar nuevos. Y las adjudicaciones no tardaron en llegar: Benito Roggio S.A. y José Chediack S.A. -ambas salpicadas por los registros del chofer Oscar Centeno- resultaron ganadoras de los trabajos de ampliación de la capacidad del Río Salado, tramo cuatro etapa III y IV.

Así lo indicó la resolución 49/2018 publicada en el Boletín Oficial. La iniciativa, a cargo del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, busca amortiguar los efectos de las inundaciones en esa región de la provincia de Buenos Aires y demandará una inversión total, solo en este tramo, de $6161 millones.

El llamado a licitación pública se realizó a través de la plataforma CONTRAT.AR y siete consorcios empresarios presentaron propuestas por ambas etapas. La Comisión Evaluadora analizó las presentaciones de cada firma y recomendó adjudicar la etapa III al consorcio compuesto por las empresas Benito Roggio S.A., Eleprint S.A. y Ecodyma Empresa Constructora, que habían efectuado una tasación por los trabajos de $3 493 444 649,54 millones, es decir, un 26,61% menos que el precio oficial establecido por el Gobierno. Eleprint es propiedad de Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción.

Incluso, esta comisión le requirió a Benito Roggio e HIjos S.A. y a la firma José Cartellone Construcciones Civiles S.A. que acrediten a través de una declaración jurada si los embargos decretados por el Juzgado Nacional y Correccional N° 7 (Expte. N° 1614/16), que involucran a las mencionadas empresas, afectaban la idoneidad económica financiera de las firmas. Roggio presentó la documentación requerida y los integrantes de la Comisión entendieron que la empresa estaba en condiciones de llevar adelante los trabajos.

Desde el Ministerio del Interior respondieron a TN.com.ar que la licitación se inició en 2017, antes de que estallara el escándalo de los cuadernos, y que la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica de la cartera que conduce Rogelio Frigerio consultó a la Oficina Anticorrupción (OA) sobre la legalidad de ambas contrataciones. «No hay ninguna razón para que no se les pueda dar las obras», expresaron desde el Ministerio.

La etapa IV, por su parte, fue adjudicada al consorcio compuesto por Helport S.A. (constructora de Eduardo Eurnekian), José Chediack S.A. y Agropecuaria Sabavisa S.A, por un total de $ 2 668 000 000 millones y una financiación de la obra del 65 por ciento.

Roggio y Chediack fueron mencionados por Centeno en sus anotaciones. En los cuadernos el exchofer de Roberto Baratta describió una supuesta red de pago de coimas por parte de empresarios beneficiados con contratos de obra pública que fueron a parar a los bolsillos de los funcionarios. Y los titulares de ambas firmas, Aldo Roggio y Juan Chediack, se convirtieron en arrepentidos tras reconocer la entrega de dádivas.

Al transformarse en imputados colaboradores, cedieron el sillón presidencial de sus compañías, uno de los requisitos que impuso el Gobierno para contratar a las empresas involucradas en el caso, según la resolución 20/2018 de la Oficina Anticorrupción.

Benito Roggio e hijos son, además de contratistas de la obra pública, consesionarios de servicios estatales, entre ellos el de Metrovías. El empresario fue mencionado por Centeno como partícipe de una reunión informal y el domicilio de su empresa aparece tres veces en las anotaciones de Centeno. Cuando declaró como arrepentido, señaló: «No tuvimos oportunidad de negarnos a esta exigencia».

Chediack, extitular de la Cámara Argentina de la Construcción, fue involucrado en el denominado «Club de la obra pública», un sistema de cartelización en el que los dueños de las firmas debían pagar entre 10 y 20 por ciento del monto total al exMinisterio de Planificación que conducía Julio De Vido.

En el grupo de empresarios que se hicieron a un costado para no perjudicar a sus firmas se encuentran, además Armando Loson, Manuel Santos Uribelarrea y Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería. Sus empresas podrán seguir compitiendo por nuevas obras públicas.

Fuente: TN