El Gobierno amenaza a las empresas con sancionarlas si no inician las obras públicas PPP

Comenzaron a correr los plazos. Las primeras iniciativas de participación público-privada (PPP), devenidas vedettes de la obra pública por el contexto de recesión y ajuste económico, deben iniciarse este mes. El Gobierno ya les advirtió a las empresas que deben comenzar a mover las topadoras con o sin el financiamiento de los bancos, que se volvieron reticentes a dar préstamos para los proyectos por el fantasma de la causa de los cuadernos de las coimas.

«Las obras no se van a frenar. Guillermo Dietrich ya les dijo a los empresarios que si no tienen créditos, arranquen con caja propia», señaló a LA NACION una fuente al tanto de las tratativas. El ministro de Transporte es el que encara la avanzada de las iniciativas de PPP, porque tiene seis grandes corredores viales licitados y adjudicados, un plan que implica US$8000 millones y más de 3300 km de rutas nacionales. Los contratos con las empresas constructoras se firmaron días antes de que estallara el caso de los cuadernos. Si bien ninguna de las contratistas tiene ejecutivos procesados en la causa de Claudio Bonadio , algunas firmas aparecen mencionadas tangencialmente y eso se traduce en un «riesgo reputacional» ante los ojos de los bancos.

El Gobierno les advirtió a las empresas que deben comenzar los trabajos pautados. De lo contrario, según transmitió, se podrían ejecutar las millonarias garantías que pagaron las empresas al firmar los contratos. A su vez, distintos funcionarios del gabinete de Mauricio Macri aceleran los trámites para presentar en los próximos días el fideicomiso de asistencia financiera que impulsa el Poder Ejecutivo para actuar como «garante» entre las empresas y el sector financiero.

El Gobierno pone mucho en juego en el éxito de los proyectos de PPP. Las iniciativas fueron anunciadas como las estrellas de la obra pública. Pero luego se convirtieron en esenciales para cumplir con el déficit cero frente a los ojos del Fondo Monetario Internacional: son obras que se financian con repagos a largo plazo (por ejemplo, con los peajes de los corredores), sin afectar sustancialmente los recursos del presupuesto público nacional.

Según pudo reconstruir LA NACION, en los últimos días se hicieron reuniones para ajustar los detalles finales del fideicomiso que lanzará el Gobierno para garantizar el financiamiento de los proyectos de PPP. El instrumento financiero vendrá acompañado de un «marco de integridad» al que deberán suscribir las empresas para mitigar el riesgo ante eventuales actos de corrupción, como los que se extendieron durante el kirchnerismo.

El Gobierno ya dijo que su intención es separar a las personas (los ejecutivos que eventualmente reconocieron haber pagado coimas al gobierno anterior) de sus empresas, para no afectar las operaciones del sector privado. Un concepto que se contradice con el espíritu de la ley de responsabilidad penal empresaria, que no es aplicable en el caso de los cuadernos porque fue sancionada con posterioridad a los hechos.

Los bancos que están detrás de los corredores viales PPP temen que, por el escándalo, algunas de las empresas que integran los consorcios ganadores no tengan capacidad de devolver el dinero prestado.

En el grupo hay entidades financieras norteamericanas, europeas, asiáticas y organismos multilaterales de crédito.

En el caso de los corredores viales, hay seis consorcios y trece empresas involucradas. Ninguna tiene empresarios procesados o arrepentidos, pero José Cartellone Construcciones Civiles SA y Vial Agro figuran en un Excel que fue presentado por el financista Ernesto Clarens a la Justicia con presuntas firmas que realizaron pagos indebidos.

«Los bancos, por normas internas de compliance y riesgo reputacional, no podían seguir dialogando con las empresas. El financiamiento estaba en pleno trámite y el caso de los cuadernos demoró los préstamos. El fideicomiso despejará esa incertidumbre. El marco de integridad busca dar una respuesta a los bancos y estar en línea con las exigencias de transparencia que el Gobierno quiere plantear en toda la obra pública», señaló a LA NACION José Luis Morea, secretario de la Unidad de Participación Público-Privada (PPP).

Al fideicomiso ingresó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para brindar recomendaciones y elevar el estándar de transparencia.

La entrada de esa entidad, que implica altos niveles de exigencia, generó resistencia en algunos miembros del gabinete, que querían evitar complejizar la herramienta financiera y acelerar los tiempos.

Nuevas exigencias

Este medio accedió a los detalles del marco de integridad que lanzará el Gobierno en los próximos días. Tendrá un capítulo «preventivo» que involucra:

 

La obligación de que las empresas desarrollen un programa de integridad.

La presentación de una declaración jurada en la que las empresas certifiquen que no tienen entre sus accionistas y directores empresarios con procesamiento confirmado por la Cámara Federal, condenados por corrupción o arrepentidos.

• La obligación de tener un compliance officer interno, un responsable de la supervisión y el control para evitar operaciones opacas.
• El segundo capítulo será «de remediación» ante eventuales actos de corrupción e implica:
• La designación de un supervisor de integridad externo, en manos de una consultora de compliance que será designada por una licitación pública
• En caso de que la empresa quede involucrada en un caso de corrupción, la salida de la empresa de la persona que implicada ante la Justicia.

El difícil debut de las PPP

• Comenzaron a correr los plazos y las iniciativas de participación público-privada (PPP) de la obra pública deben iniciarse este mes.
• Si bien ninguna de las contratistas tiene a ejecutivos procesados en la causa de los cuadernos, algunas firmas aparecen mencionadas tangencialmente y eso se traduce en un «riesgo reputacional» ante los ojos de los bancos.
• En los últimos días se hicieron reuniones para ajustar los detalles finales del fideicomiso que lanzará el Gobierno para garantizar el financiamiento de las PPP.
• El Gobierno todavía sostiene que su intención es separar a las personas (los empresarios) de sus empresas, para no afectar las operaciones del sector privado.

Fuente: La Nación