El Gobierno abrió la puerta para desligar a las empresas del caso Cuadernos

El procurador del Tesoro sostuvo en un dictamen que el procesamiento de los empresarios no impide que sus compañías mantengan negocios con el Estado.

Luego de que sus funcionarios lo deslizaran primero en conversaciones privadas y más tarde en alguna declaración pública, el gobierno de Mauricio Macri comenzó a impulsar medidas para encapsular el escándalo de los cuadernos de las coimas y aislar a las empresas que quedaron enredadas en esa trama de corrupción. La semana pasada, en un dictamen que en la propia Casa Rosada consideran como inaugural, Bernardo Saravia Frías, procurador General del Tesoro y jefe de los abogados del Estado, sostuvo que las empresas cuyos “socios, directivos, o representantes están siendo procesados por la presunta comisión de ilícitos” no deben quedar inhabilitadas para firmar contratos con el Estado.

El documento de nueve páginas que firmó el 31 de octubre Saravia Frías, uno de los principales asesores de Macri en materia jurídica, contesta un dictamen del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda en el que se intenta dirimir si las empresas Benito Roggio e Hijos SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA pueden participar como contratistas de la obra de ampliación del Río Salado destinada a prevenir inundaciones. Aldo Roggio y Tito Biagini (ex CEO de Cartellone) forman parte de la larga lista de procesados por el juez Sebastián Casanello en la causa que investiga la construcción junto a la brasileña Odebrecht de una planta potabilizadora de agua en Paraná de las Palmas, en Tigre. Roggio también fue procesado con prisión preventiva en la causa de los cuadernos, un expediente en el cual admitió haber pagado coimas al gobierno de los Kirchner. En esa misma investigación, Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, mencionó a José Cartellone como uno de los beneficiarios del “club de la obra pública” que se repartía los contratos y distribuía los sobornos a los funcionarios del kirchnerismo.

Según Saravia Frías, el Régimen de Contrataciones de la Administración Pública “no autoriza” a extender las inhabilitaciones de las “personas que se encuentren procesadas” a las empresas que ellas mismas dirigen.

El procurador menciona un segundo argumento para eximir a las empresas de los comportamientos corruptos de los empresarios: dice que no están alcanzadas por la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria votada en diciembre de 2017 porque en la causa de Casanello se investigaron “hechos anteriores a la entrada en vigencia de esa ley”.

La definición de Saravia Frías puso por primera vez por escrito algo que los funcionarios de Macri decían en privado desde las semanas siguientes al 1 de agosto -cuando se destapó el escándalo de los cuadernos- preocupados por las consecuencias económicas que traería la investigación, en momentos en que la actividad ya ofrecía anuncios de la recesión de hoy. El propio Saravia Frías pidió la semana pasada en una conferencia anticorrupción que la causa de los cuadernos no se transforme en “una caza de brujas” e hizo explícitas sus razones: “No se puede parar la obra pública, no puede quedarse la gente sin empleo, el financiamiento tiene que seguir”, consideró.

Incluso con las empresas despegadas de las consecuencias de la actuación de sus accionistas o directivos, podría quedar en pie otro mecanismo que había mencionado el propio Gobierno para castigar a las compañías que consiguieron contratos con el Estado luego de pagar coimas: el establecimiento de multas. Ese proyecto tuvo algunos avances pero, según admitió a este diario un funcionario macrista con acceso a ese trámite, hoy transita por los despachos con una lentitud exasperante. Uno de los empresarios que aceptaron haber pagado coimas en la causa de los cuadernos, incluso, le ofreció al Gobierno pagar como multa el 3% de lo que recibió en obras públicas durante el kirchnerismo. El ofrecimiento no fue aceptado, y tampoco se conoce que haya aparecido alguna contrapropuesta oficial. También hubo reuniones de la Cámara de la Construcción y el Ministerio de Transporte para trabajar en un esquema de multas. No tuvieron resultados visibles.

Fuente: Clarín