La Provincia de Córdoba queda sin socio en Caminos de las Sierras

Boetto y Buttigliengo vende sus acciones y el Estado será único dueño de la empresa que ejecuta las grandes obras viales en Córdoba. Seguirá como sociedad anónima, lo que no cambiará la falta de control del Tribunal de Cuentas.

La empresa constructora Boetto y Buttigliengo (ByB) le comunicó al Poder Ejecutivo de Córdoba su decisión de no ser más parte de Caminos de las Sierras Sociedad Anónima (Casisa), la empresa que maneja la obra pública en la provincia y que pertenece al Estado cordobés en un 99,84 por ciento. Hasta ahora.

“Considerando que dicha participación accionaria nunca nos ha sido redituable –comunicó ByB–, se decidió ofrecer a la venta la totalidad del paquete accionario”. Esa participación es del 0,16 por ciento, una parte ínfima pero necesaria hasta ahora para que el Gobierno provincial mantenga un socio en la firma.

Sin embargo, ahora eso no será necesario: “La Provincia podría adquirir y mantener el 100% del paquete accionario de Casisa en virtud de la última modificación del Código Civil y Comercial de la Nación, que permite sociedades anónimas de un único socio”, señaló a La Voz el ministro de Obras Públicas y Financiamiento de Córdoba, Ricardo Sosa.

El funcionario se refiere a las nuevas sociedades unipersonales, permitidas desde la mencionada reforma de 2015.

La decisión de no formar más parte de esa sociedad fue comunicada al Poder Ejecutivo en junio –según ByB–, pero se conoció casi 10 días después de que La Voz publicó que la mayor parte de la obra pública provincial que se canaliza a través de Caminos de las Sierras no pasa por el control oficial del Tribunal de Cuentas (TC), justamente porque se transfieren los fondos como aporte de capital a la sociedad anónima.

Otro de los cuestionamientos habituales tiene que ver con que ByB era hasta ahora parte de Caminos de las Sierras y, a la vez, una de sus contratistas. Por ejemplo, en uno de los tramos de la avenida de Circunvalación de la ciudad de Córdoba.

Desde ByB señalaron que “la ínfima cantidad de acciones que se ostentan no le otorga a nuestra empresa poder de decisión, resolución ni injerencia alguna en la administración y toma de decisiones de la sociedad”.

Según la Provincia, el principal argumento para que Casisa realice las obras es que, al ser una empresa, puede descontar el IVA y eso genera un ahorro del 21 por ciento. Si esos trabajos se realizaran sin esa intermediación, sí deberían pasar por el control del Tribunal de Cuentas.

En relación con las acciones de ByB, Sosa señaló que “la Provincia hará uso del derecho de preferencia consagrado por la ley 19.550. El valor que abonará la Provincia será el resultante de la tasación que otorgue el Consejo Provincial de Tasaciones conforme a la normativa vigente”.

 

Sin control

En agosto, La Voz mostró que, desde el cierre de la Circunvalación hasta las autovías de las rutas 5 o 36, pasando por la variante Costa Azul, tienen algo en común: la mayor parte de los fondos utilizados para financiarlas –4.300 millones de pesos, por ahora, que podrían llegar a $ 9.500 millones– no tendrán el control público del Tribunal de Cuentas de Córdoba.

¿Por qué? Porque estas obras están a cargo de Casisa, a la que los fondos mencionados le son transferidos por la Provincia en calidad de “aporte por capitalización”, una figura que no requiere el control del TC.

El detalle brindado por Jorge Álvez, presidente de Casisa, es el siguiente: para los tramos de la Circunvalación de Spilimbergo-Kempes y Kempes-Tropezón, más la variante Costa Azul, se usarán estos $ 4.300 millones del Gobierno provincial. A esto se suman $ 2.700 millones de la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento (Acif), la encargada de tomar deuda para financiar la obra pública de la Provincia.

Para la ruta 5, para la variante Juárez Celman y para los tramos Unquillo-Estancias del Sur, Canal Maestro Norte-Donato Álvarez y Spilimbergo-Los Alemanes, el monto comprometido por el Gobierno es de $ 5.200 millones.

Es decir que la suma total de los aportes para aumento de capital a Casisa alcanzaría los $ 9.500 millones ($ 4.300 millones más $ 5.200 millones).

El tramo Spilimbergo-Kempes está a cargo de Benito Roggio e Hijos SA, parte del Grupo Roggio, cuyo ahora extitular, Aldo, es uno de los “arrepentidos” en la causa de los cuadernos K y confesó haber pagado sobornos al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime. Lo hace en sociedad con Boetto y Buttigliengo, socio minoritario de Caminos de las Sierras. Roggio también integra la UTE a cargo del tramo Tropezón-Santa Ana.

La empresa de José Chediack –otro reciente “arrepentido” en la causa que lleva el juez Claudio Bonadio– ejecuta el tramo de Circunvalación entre Santa Ana y Fuerza Aérea.

En su oportunidad, Sosa defendió la transparencia de todo el proceso y aseguró que se realizó “el llamado a licitación pública” para todas las etapas del cierre del anillo de Circunvalación a la Capital provincial y que se cumplen las normas de la ley 8.614, de obras públicas. La explicación oficial también es que el mecanismo de aporte por capitalización permite reducir costos y facilita el acceso a financiamiento a largo plazo.

 

Ruta 36: Decisión observada

Advertencia del Tribunal de Cuentas a Casisa.

El Tribunal de Cuentas de Córdoba sí debió controlar una ínfima parte de fondos que pasaron por Caminos de las Sierras. Son $ 138 millones usados para liberar la traza de la ruta 36. El ente de control le advirtió a la empresa de que había una cláusula ilegal en los contratos para pagarles a los frentistas expropiados. Es la que permite que estos se queden con la diferencia que pudiera surgir entre lo que ya les pagaron como anticipo y lo que determine al final el Consejo de Tasaciones.

Fuente: La Voz