Lanzan medidas para blindar la obra pública en medio del escándalo de los cuadernos

El Gobierno presentó oficialmente la creación de un fideicomiso para financiar las obras licitadas bajo el esquema de participación pública-privada (PPP), que tras que saliera a la luz el escándalo de corrupción en la obra pública de los últimos años, las empresas constructoras comenzaron a encontrar dificultades a la ahora de conseguir el financiamiento de corto plazo para iniciar los proyectos.

Por restricciones internas y normativas internacionales, los bancos necesitan esperar al desarrollo del caso judicial de las empresas involucradas en los escándalos de corrupción antes de acordar el otorgamiento de un préstamo. Como las obras de PPP deben comenzar a fines de octubre -y la investigación puede tomar más de un año-, el Gobierno resolvió crear el fideicomiso que sirva como vehículo de intermediación para destrabar los créditos de corto plazo que se estaban negociando, basándose en la experiencia de lo que ocurrió con los proyectos de infraestructura en Brasil y en Perú, durante el caso del Lava Jato y sus ramificaciones en el exterior.

En conferencia de prensa, Guillermo Dietrich , ministro de Transporte, indicó que «el Gobierno tiene la profunda convicción de separar a las empresas de las personas físicas que hicieron actos contrarios a la ley». Estuvieron presentes también José Luis Morea, secretario de Proyectos de Participación Público Privada; Javier González Fraga , presidente del Banco Nación (BNA); Bernardo Saravia Frías; procurador del Tesoro Nacional, y Manuela López Menendez, secretaria de Obras del Ministerio de Transporte.

«El fideicomiso será creado bajo la ley de PPP, donde se va a ir captando la liquidez de los bancos, tanto nacionales como internacionales, para luego direccionarlos de forma equitativa a los consorcios, exigiéndoles las mismas garantías que los bancos le hubieran prestado de forma directa», dijo Morea. El fideicomiso permitirá un préstamo equivalente al flujo necesario para las obras del primer año de US$1200 millones.

Por su parte, González Fraga dijo que el BNA aportará de los US$1200 millones entre US$200 y US$300 millones en condiciones de mercado, además de comprometer una línea de $30.000 millones para el financiamiento de la obra pública. Es decir; el mayor banco estatal invertirá en el fideicomiso, independientemente de las empresas que luego pidan el financiamiento. El Gobierno aspira a que el BNA «marque la cancha» y que después el resto de los bancos privados acompañen la medida.

«Es una demostración de confianza, por eso vamos a atraer otros bancos. Además, para las entidades son buenos negocios. No definimos todavía la tasa, pero el mercado financiero argentino está muy líquido en dólares», dijo González Fraga, cuando se le preguntó por qué están tan confiado en que los bancos privados acompañarán.

Además de los fondos que aportará el BNA -que todavía falta la aprobación del directorio para definir el monto preciso-, el fideicomiso se nutrirá de los US$600 millones de garantía que aportó cada uno de los consorcios que participaron de los seis corredores viales licitados bajo esquema PPP.

 

«No estamos salvando a ninguna empresa, estamos generando instrumentos para que puedan continuar obras publicas y para resguardar el trabajo de las empresa. Las responsabilidades que tengan [las empresas] las aclararán en la Justicia. Las obras tienen que continuar y estomas generando las herramientas para que esto sea posible», enfatizó Dietrich.

Entre las empresas involucradas que ganaron la adjudicación de obras PPP están José Cartellone Construcciones Civiles, Helport -que tiene como accionista mayoritario a Eduardo Eurnekian-, y Vial Agro, del empresario Pablo Quantín.

Por ley de PPP, hasta que las empresas involucradas no tengan sentencia firme de la Justicia, el Gobierno no tiene obligación de suspender las obras. «Hoy no tenemos una decisión tomada de ser mas restrictivos de lo que la ley dice, pero es el mercado el que no les va a dar financiamiento. Además tampoco se puede modificar el contrato de forma unilateral, una vez ya firmado y en operación, el contrato no se puede interrumpir», dijo Morea.

«Tenemos US$100 millones de garantía y nos quedamos con la obra que se hizo hasta ese momento si el consorcio no cumple con su contrato. Por lo tanto, la empresa es la primera que prefiere cambiar su directorio o vender su participación. Los contratos fueron hechos con empresas nuevas, cada empresa creó una nueva empresa, que son los consorcios y que tienen accionistas que son las distintas empresas. El mismo sistema genera incentivos para que una compañía compre las acciones de la otra dentro del consorcio», agregó Dietrich.

Con respecto a la obra pública y la línea de $300.000 millones que pondrá a disposición el BNA, López Menendez explicó que el financiamiento se complicó por la volatilidad financiera y el aumento en los costos de las tasas de interés, y que por esa razón las empresas comenzaron a descontar en el mercado más rápido los certificados de obra, aun antes que comenzara el escándalo de los cuadernos. «Por mes calculamos que todo el Estado emite $10.000 millones en certificados. La línea del BNA ayudará a proveer más liquidez al mercado», indicó.

Por último, Dietrich anunció que se implementará un nuevo marco ético y de integridad para la contratación de obra pública, exigiendo a las empresas nuevas exigencias de integridad para participar en el fideicomiso, elaboradas por los organismos de control competentes (Sindicatura General de la Naciòn (SIGEN), Oficina Anticorrupción (OA), Comisión Nacional de Valores (CNV), Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y Unidad de Información Financiera (UIF).

«Desde nuestro primer gobierno en la Ciudad, las licitaciones han tenido los mismos criterios de transparencia, que son los mismas prácticas que fuimos incorporando en el Gobierno Nacional», contestó el ministro de Transporte, cuando se le preguntó por las empresas involucradas en el escándalo de corrupción y que son contratistas del gobierno de la Ciudad.

Desde que estalló el escándalo de los cuadernos, el primero de agosto, cada vez más compañías contratistas comenzaron a estar implicadas en el caso. La declaración más determinante fue la de Carlos Wagner, expresidente de la Cámara de la Construcción, que contó en detalle cómo era el método de cartelización de las empresas constructoras para repartirse cada licitación.

 

Por: Sofía Diamante

Fuente: La Nación