Ya hay ley, pero la cartelización continúa impune en Catamarca

La nueva ley de Defensa de la Competencia perfecciona el sistema para combatir maniobras tendientes a eludir la competencia.

En mayo se publicó en el Boletín Oficial el decreto reglamentario de la ley nacional de Defensa de la Competencia, que establece mecanismos para combatir componendas entre empresas que perjudiquen a los consumidores, como la que se perpetró en Catamarca en 2012 para manipular una megalicitación de viviendas, a expensas del Instituto Provincial de la Vivienda.

Pese a que en abril de 2016 El Ancasti entregó elementos de prueba sobre esta “cartelización” a la Fiscalía de Estado, el organismo encargado de custodiar la integridad del patrimonio público no avanzó todavía en gestiones para deslindar responsabilidades.

La nueva ley de Defensa de la Competencia endurece las sanciones económicas para los infractores, ajusta los criterios para definirlas e incorpora herramientas para controlar conductas anticompetitivas con la creación de la Autoridad Nacional de la Competencia en la órbita del Ministerio de Producción de la Nación. Esta entidad funcionará como organismo descentralizado del Poder Ejecutivo Nacional, con un Tribunal de Defensa de la Competencia y dos secretarías, una de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y otra de Concentraciones Económicas, y amplias facultades para actuar en situaciones poco claras del mercado. Además, incluye un “programa de clemencia” con la figura del “arrepentido”, que permite al cómplice que primero denuncie las maniobras ilícitas quedar exento del 100% de las multas previstas. La norma apunta entre sus metas principales que los consumidores “tengan más y mejores opciones, y que las empresas compitan a partir de sus méritos, su calidad, sus precios y su innovación”.

 

El caso catamarqueño, denunciado por este diario, fue tan típico como claro.

A principios de 2012, varias empresas constructoras se repartieron 39 obras del IPV, un total de 1.300 viviendas cuyo costo total ascendía a más de 211 millones de pesos, antes de que se concretaran las respectivas licitaciones.

Los primeros indicios de la “cartelización” se manifestaron en una lista que circuló las semanas previas a la licitación donde supuestamente los interesados competirían para quedarse con el negocio. En esta nómina, que llegó a manos de El Ancasti, se asignaba cada obra a una empresa determinada.

Cuando se abrieron las ofertas en el IPV, que ya entonces era conducido por el actual administrador, Dante López Rodríguez, la distribución se correspondía con muy escasas variantes con la de la lista previa.

No hubo competencia efectiva en ninguna de las 39 licitaciones que conformaban la megalicitación, pues se presentó una sola oferta por barrio.

Solo tres de las firmas que figuraban en la lista previa no compulsaron. El resto lo hizo, en su mayoría exactamente en la licitación que se les habría asignado con anterioridad.

 

27 ofertas coincidieron exactamente con la lista previa: casi el 70% del total.

Dos licitaciones que en la lista original estaban en blanco no registraron ofertas. En otras que tampoco figuraban como asignadas previamente se presentaron firmas que ya tenían otro negocio cerrado.

La “cartelización” era evidente, pero el IPV, perjudicado por la maniobra, no hizo nada y adjudicó los negocios tal como las firmas beneficiarias lo habían pactado de antemano.

La conducta se encuadra en las tipificadas en el primer artículo de la ley de Defensa de la Competencia, que prohíbe “los acuerdos entre competidores, las concentraciones económicas, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general”.

El Ancasti entregó los documentos en los que basó su denuncia a la Fiscalía de Estado hace más de dos años, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas tendientes a esclarecer los hechos.

Las pruebas de la “cartelización” también llegaron, por otras vías, a la Fiscalía Federal, en el marco de las indagaciones por corrupción con la obra pública durante los gobiernos kirchneristas, denominadas con el nombre genérico de “causa Dusso”, por el ministro de Obras Públicas Rubén Dusso, a quien el empresario Jorge Marcolli sindicó como operador de las supuestas coimas que se giraban a la Nación. Tampoco por esta cuerda se han registrado avances significativos.

 

Pruebas ante escribano

El 2 de marzo de 2012 El Ancasti dejó en depósito notarial un sobre cerrado con la lista que, en ese momento, establecía la distribución entre empresas de la Cámara de la Construcción de 39 licitaciones cuyas ofertas se abrirían en el IPV cuatro días después.

El 23 de marzo, ya con las sugestivas licitaciones resueltas, se confeccionó en la misma escribanía el «acta de constatación», por escritura Nº 42, en la que el escribano Juan Carlos Canellada dio fe del cotejo entre la lista depositada antes y la resultante de las obras adjudicadas.

De la comparación surgieron las coincidencias que sugieren la existencia de un acuerdo entre las empresas, que convertía a la licitación en una farsa.

Estos elementos fueron entregados a Fiscalía de Estado.

Fuente: El Ancasti