Obra pública: se recortará la mitad de la inversión prevista

El ajuste del gasto público que anunció el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne afectará una de las fibras más sensibles de la gestión de Mauricio Macri : la obra pública , motor dinamizador de la economía tanto a nivel nacional como provincial. Para dimensionar la magnitud del recorte, que este año alcanzará los 30.000 millones de pesos según anticipó el funcionario, basta decir que significa la mitad de lo que el Gobierno preveía gastar en inversión real directa (IRD) en todo 2018.

Los gobernadores toman nota de esta mala noticia. La poda en las obras públicas golpeará sus gestiones de manera directa, pues recibirán menos transferencias de recursos desde la Nación.

«Es probable que la reducción del gasto en infraestructura afecte tanto la inversión real directa de la Nación como las transferencias de capital a las provincias. Aún no tenemos definido en qué magnitud», confirmaron a LA NACION fuentes de la cartera de Hacienda. La ley de presupuesto 2018 asignó un total de $202.392 millones a obras públicas, de los cuales $62.245 millones corresponden a IRD que realiza la Nación y otros 140.147 millones a transferencias de capital a las provincias.

En rigor, desde principios de este año se observa una sistemática reducción en los gastos de infraestructura. De ello da cuenta el último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), que preside Rafael Flores.

«Consolidando la Inversión Real Directa y las Transferencias de Capital, en el primer trimestre de 2018 la Administración Nacional asignó cerca de $22.700 millones del gasto en provincias y municipios, un 17% menos que el monto devengado en igual período de 2017 (-$4.676 millones.)», puntualiza el informe.

Específicamente en materia de gastos de capital, las transferencias de la Nación a las provincias totalizaron en el primer trimestre de este año $11.990 millones, unos $5200 millones menos que en el mismo período que el año pasado. Las disminuciones afectaron, en especial, a los programas de vivienda, vialidad y recursos hídricos.

Prevenidos ante las quejas que ya suenan desde las provincias, los funcionarios del Gobierno agitan dos argumentos: uno, que las provincias reciben este año más recursos corrientes que años anteriores por la devolución gradual del 15% de coparticipación que la Nación les retenía con destino a la Anses y en virtud del Pacto Fiscal que suscribieron la Nación y la mayoría de las provincias el año pasado.

Según ASAP, las transferencias corrientes a las provincias sumaron, durante el primer trimestre de 2018, $15.500 millones ($1500 millones más que el mismo período de2017).

Los funcionarios nacionales consideran que, en este escenario fiscal más favorable, los gobernadores deberían asumir las erogaciones que demanden las obras en infraestructura en sus territorios. «Las provincias alcanzarán este año un equilibrio fiscal, al pasar de un déficit de 0,4% del Producto Bruto Interno (PBI) el año pasado a un superávit de 0,2%», enfatizó Dujovne ayer.

El segundo argumento que utiliza el Gobierno para justificar el recorte de recursos públicos en infraestructura es la puesta en marcha del sistema de Participación Público Privada (PPP), con el que planea financiar con fondos privados las próximas obras.

De hecho, la semana pasada se presentaron 10 consorcios, conformados por siete empresas internacionales y 19 locales, para la explotación de seis corredores viales con un compromiso de inversión de 6000 millones de dólares.

«Esos corredores viales que se licitaron en esta primera etapa no abarca a todo el país», se quejan en el peronismo.

La oposición cuestiona que, en el reparto de los recursos públicos para obras de infraestructura, el Gobierno beneficia sistemáticamente a la Capital y Buenos Aires, dos distritos gobernados por Cambiemos.

Según el informe de ASAP, durante el primer trimestre de este año el gobierno porteño, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, recibió $2075 millones en transferencias para gastos de capital e inversión real directa. Esta suma representa un incremento del 339% respecto de igual período de 2017.

En cambio Buenos Aires recibió, por el mismo concepto, un 9% menos de recursos en igual período. Últimas en el ranking figuran, además, las provincias patagónicas de Santa Cruz (-82%); Tierra del Fuego (-61%) y Chubut (-56%).

Fuente: La Nación