Allanaron a las 20 principales constructoras de Chubut

La Justicia realizó 20 allanamientos en la causa que investiga presuntos retornos de la obra pública. Los fiscales consideran que la participación de las empresas para consumar este delito es imprescindible. Secuestraron libros contables, computadoras y teléfonos celulares. El material recolectado ocuparía una habitación completa.

El sector empresarial de la construcción recibió un fuerte sacudón de la Justicia chubutense. Las principales sociedades a cargo de la obra pública fueron allanadas por la causa que investiga presuntos retornos que habrían sido repartidos entre funcionarios del Gobierno. Los fiscales creen que algunas de las constructoras aportaban a la «caja negra de la política».

Los procedimientos se consumaron en Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Esquel, luego de que el juez Sergio Piñeda librara una orden de allanamientos a las empresas más importantes en relación a los niveles de contratación con la obra pública.

En una conferencia de prensa que tuvo como protagonistas al Procurador General de la Provincia, Jorge Miquelarena; los fiscales Marcos Nápoli; Omar Rodríguez y Alex Williams, brindaron detalles del material secuestrado en los diversos procedimientos que se realizaron en las cinco ciudades más importantes de Chubut.

Nápoli reconoció que los empresarios «se vieron sorprendidos» con los allanamientos, aunque aclaró que en todos los casos «accedieron a entregar la información requerida».

 

Motivos de los allanamientos

EL CHUBUT había tomado conocimiento que uno de los motivos por los cuales se llevaron a cabo los allanamientos en toda la provincia fue por la falta de predisposición de un grupo de empresarios para aportar datos sensibles y sustanciales sobre el modus operandi de los retornos de la obra pública.

A pesar del compromiso de algunos empresarios de aportar datos, el hecho no fue materializado y en el Ministerio Público Fiscal prevaleció la idea de accionar.

EL CHUBUT consultó en la conferencia por esta situación que habría promovido los allanamientos y tanto Nápoli como Williams lo confirmaron.

«Había contactos informales en donde empresarios nos transmitieron la voluntad de aportar datos, pero eso no sucedió, no se materializó y en la práctica procesal están todos en la misma condición», sostuvo Williams.

Fue así que se concretaron los 20 allanamientos, de los cuales 10 se realizaron en Trelew, 5 en Comodoro Rivadavia, 2 en Esquel y en Rawson y 1 en Puerto Madryn.

 

Material secuestrado

«Buscamos libros contables de las empresas y secuestramos diferentes dispositivos informáticos, entre ellos computadoras, servidores y telefonía celular», reconoció Nápoli en la conferencia de prensa realizada en la Fiscalía de Trelew.

El fiscal que lleva la investigación junto a Héctor Iturrioz, afirmó que los allanamientos «fueron exitosos» y remarcó que ahora comenzarán con el proceso de peritar la información.

Dimensionando el material secuestrado, Nápoli graficó que fueron «entre 4 ó 5 bultos por empresas» y precisó que en cantidad «secuestramos información que ocuparía una habitación repleta».

Si bien la tipificación del delito aún no está esclarecida, el fiscal reflejó que «es contra la administración pública». Profundizando, indicó que desde la Fiscalía «apuntamos a ratificar si se vio mellado el patrimonio del Estado a raíz de comportamientos infieles de funcionarios o empresarios tentando situaciones como estas o si finalmente se vieron obligados a acceder a situaciones irregulares».

En torno al procesamiento de la información, Nápoli detalló que llevará «entre tres y cuatro meses», por eso pidió cautela y subrayó que por el momento «no podemos definir la situación procesal de cada uno de los empresarios».

 

¿Empresarios apretados?

Nápoli evidenció que existen asimetrías en la situación de cada empresario. Estas diferencias no están vinculadas a la calidad procesal, sino orientadas a la solvencia económica de cada sociedad.

«Hay empresarios chicos con situaciones financieras apremiantes que probablemente se hayan visto en una situación amenazante de tener que acceder a este tipo de prácticas», dijo Nápoli en torno al presunto apriete de funcionarios provinciales para que los dueños de las compañías entreguen los retornos.

Argumentó que si este mecanismo de apriete es confirmado, «el empresario en particular no tendría del punto de vista penal ningún reproche, al contrario sería víctima».

Nápoli describió que debido a que esta práctica de los retornos viene desde mucho tiempo atrás, «algunos empresarios lo han incorporado como algo habitual», pero aclaró que «es totalmente reprochable».

Miquelarena llevó tranquilidad sobre este tema y señaló que este planteo de Nápoli «es solo una hipótesis» y agregó que con las evidencias «veremos si algún empresario se vio presionado o si existió otro condicionante o motivación para entregar la plata».

 

Las empresas allanadas

Por pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez Sergio Piñeda libró un oficio para allanar a las principales constructoras de la provincia. Las empresas en donde se realizaron los procedimientos fueron seleccionadas de acuerdo a los casi 300 cheques al portador que encontraron en una vivienda de Playa Unión.

 

TRELEW:

Ledesma Construcciones

Arteco S.A.

Lal Construcciones S.A.

Palco Construcciones S.A

Sudelco S.A.

Apicons Elaborados S.A.

Emecco Loza S.A.

Villegas Construcciones S.R.L.

War Construcciones

IPE S.R.L.

 

ESQUEL:

Pasquini Construcciones S.R.L.

Peña Construcciones

 

RAWSON:

Inverfin S.A.

Simsel S.R.L.

 

COMODORO RIVADAVIA:

Edisud S.A.

Rigel S.R.L.

Transredes S.A.

Freile Construcciones S.R.L.

Nitens S.R.L.

 

PUERTO MADRYN:

Ingar S.R.L.

Fuente: El Chubut