Llegan los PPP, una movida oficial fuerte y también riesgosa

Es un paquete de caminos con el modelo público-privado. Clave: el precio de las obras.

Opinión. El Gobierno pone en marcha una jugada fuerte; fuerte, en cierto sentido arriesgada y nada libre de complicaciones políticas. Se trata de la licitación de un paquete de obras bajo el formato de programas de participación público-privada, conocidos como los PPP en el idioma de constructores y banqueros.

Justamente comienzan a conocerse las ofertas empresarias para seis grupos de autopistas y rutas. Contemplan tanto la construcción como la ampliación, la mejora y el mantenimiento de 2.500 kilómetros de corredores, con inversiones estimadas en nada menos que 6.000 millones de dólares a lo largo de cuatro años.

Una de las ventajas atribuidas al modelo es que no compromete recursos fiscales de inmediato sino al final de las obras; un alivio en tiempos de cuentas seriamente desequilibradas. Otra, que atiende notorios y caros déficits de la infraestructura vial y la tercera, que aportan inversiones privadas imprescindibles.

Hasta ahí, algunos de los beneficios. Los riesgos o parte de los riesgos pasan por cuánto pidan las empresas y, de seguido, por la necesidad de que el Gobierno presente todo de un modo capaz de licuar los cuestionamientos que sobrevendrán, casi inevitablemente, desde la oposición.

Es que, según admiten las constructoras, el precio duplicará y hasta puede triplicar el de obras públicas realizadas en base al método tradicional.

Ponen aquí el costo del financiamiento, que aunque al principio será sostenido por un préstamo puente de entidades locales luego derivará, inevitablemente, de créditos tomados en el mercado internacional.

Dicen: “Pensemos en un financiamiento externo que puede resultar dos o tres puntos más alto que el de la deuda soberana, o sea, sobre el que paga el Estado Nacional”.

Eso, dicen, implicaría “tasas en dólares del orden del 10% anual, quizás mayores al 10%”.

Añaden a la factura comisiones, seguros y otros gastos similares, más los llamados «eventuales».

“Imaginen que si estamos hablando de cosas que son megaproyectos en cualquier lugar del mundo, por los implícitos de aquí son bastante más que megaproyectos”, dice un constructor.

Responden desde el frente oficial: “Veremos qué cargan a las ofertas antes de aprobarlas, porque ellos parecen dispuestos a poner de todo con tal de cubrirse”.

Una punta del ovillo empieza a asomar con la apertura de los sobres con las propuestas.

Aun así, la transparencia y la información son consideradas clave para el éxito del operativo. “Es la principal meta”, ha dicho Laurence Carter, un experto del Banco Mundial en PPP.

Por eso mismo y por el resto, ya están alertas en la Comisión Bicameral de control presidida por el diputado del bloque justicialista Diego Bossio. Igual que en la Auditoría General de la Nación, a cargo del también peronista Oscar Lamberto.

Entre los funcionarios al mando de la movida señalan que han contemplado las experiencias acumuladas en el mundo con los PPP: “Desde las buenas, a las no tan buenas y a las decididamente malas”.

Vale, para el caso, la lista de costos extra y renegociaciones de contratos en Chile, Perú y Colombia. O los 716 revisados en Gran Bretaña hasta que, después de un pico de 60 proyectos en 2007, decidieron frenar el sistema.

¿Y cuándo calculan que las obras estarán definitivamente en marcha?, le preguntó Clarín a un empresario del sector.

Respuesta: “Pasada la cadena de trámites previos y sobre todo aprobada la operación financiera, hacia agosto el proceso comenzará verse en los hechos”.

La pregunta tampoco salta por casualidad, pues semejante cantidad de obras simultáneas requerirá un gran volumen de materiales como asfalto, cemento y cal vial. O sea, insumos cuya producción, además de ser récord, está hoy al límite y, por lo mismo, tal vez demande importaciones.

Del lado oficial, empuja a fondo una larga serie de incentivos fiscales: va desde desgravaciones y diferimientos de IVA y de Ganancias hasta avales y garantías del Estado que comprometen recursos públicos.

Más el pago semestral de trabajos comprobados, a través de bonos a diez años de plazo que los contratistas podrán negociar en el mercado: deuda al fin, aunque no sea computada así dentro del Presupuesto Nacional.

También entran a la caja de los privados los recursos del impuesto al gasoil y el cobro de peajes, cánones y otros servicios a los usuarios directos.

A pedido de empresas extranjeras que irán asociadas a grupos locales puros, el Gobierno incluyó a último momento la posibilidad de que en caso de litigios puedan intervenir tribunales internacionales.

Se sabe, en principio, de un par de compañías españolas, de otras italianas y de alguna colombiana; no aparece ninguna de origen brasileño.

Queda claro que el Gobierno juega mucho y espera mucho de esta primera tanda de proyectos público-privados. Y que no debe dejar cabos sueltos ni correr riesgos, porque después de rutas y autopistas vienen, entre varios más, planes para centrales eléctricas, para minería, comunicaciones y viviendas. Esto es, infraestructura económica y social imperiosa en un país que atrasa.

Fuente: Clarín