Otro capítulo para el Estado bobo

La experiencia europea con el PPP. Sobrecostos, endeudamiento elevado e incumplimientos de los privados.

Otro capítulo para el Estado bobo

El régimen de Participación Público-Privado (PPP), que el gobierno de Macri impulsa con entusiasmo para la obra pública, recibe contundentes críticas de especialistas. El Tribunal de Cuentas Europeo cuestiona ese mecanismo de financiamiento.

“Deficiencias generalizadas y beneficios limitados” del PPP europeo, según una investigación oficial.

 

Desde Londres

Las Asociaciones Público-Privadas (APP) que tanto deslumbran al macrismo, bajo la forma de régimen de Participación Público- Privada (PPP), cosechan cada vez más condenas y fracasos en el resto del mundo. Esta vez fue el órgano encargado del control y fiscalización de cuentas de la Unión Europea (UE) el que le bajó el pulgar a las APP o PPP con una exhaustiva investigación de título lapidario: “Asociaciones Público-Privadas en la Unión Europea: Deficiencias generalizadas y beneficios limitados”.

El Tribunal de Cuentas Europeo evaluó 12 APP cofinanciadas por la UE en Francia, Grecia, Irlanda y España que costaron 9600 millones de euros entre 2000 y 2014. Esta muestra de un total de 84 proyectos ejecutados dejó un resultado inequívoco. Entre las “deficiencias generalizadas” detectadas por el Tribunal se encontraban sobrecostos, retrasos, baja relación calidad-precio, escasa transparencia, difusa estrategia y un fuerte desequilibrio en los niveles de riesgo. “Se necesitaron casi 1500 millones de euros más en fondos públicos para completar las cinco autopistas auditadas en Grecia y España”, ejemplificó uno de los miembros del Tribunal de Cuentas, Oskar Herics.

 

Contratos

En el informe figuran varios clásicos de este tipo de relación público-privada. En siete de los nueve proyectos completados se llegó a retrasos de hasta 52 meses en la culminación de las obras que llevaron a renegociación de los contratos con nuevos sobrecostos. Una ONG europea con sede en Bruselas que lucha contra este tipo de contratos, Eurodad, señaló a PáginaI12 la dinámica inevitable que se arma en toda la cadena. “Se calcula que una obra se hará con un costo X en un tiempo Y, pero cuando se ve que esto no es posible, viene la renegociación del contrato y el Estado, en la mayoría de los casos, se hace cargo de la diferencia, lo que impacta en el costo final del proyecto”, explica María José Romero de Eurodad.

El más importante receptor de participación europea de APP es Grecia y el costo por kilómetro de las tres autopistas examinadas aumentó hasta un 69 por ciento respecto al costo inicial planteado en el contrato.

 

Otro clásico

Los auditores constataron que los contratos se basaban en hipótesis demasiado optimistas. Esas hipótesis son clave porque el beneficio calculado por peajes, por ejemplo, no se da en los hechos porque la densidad del tráfico es mucho menor a la proyectada a la hora de hacer el contrato. Es fácil dibujar números. La realidad es que a menos vehículos, menor recaudación. En Irlanda el uso de obras fue un 69 por ciento menor de lo estipulado contractualmente y en el caso de las carreteras de España, un 35 por ciento más bajo. Esto condujo a la renegociación de los contratos o la quiebra de las compañías.

En enero, el gobierno de Mariano Rajoy anunció que se haría cargo de las carreteras que habían quebrado como parte de esos APP/PPP (la denominación europea, argentina y mundial varía: la sustancia es la misma). Según el gobierno, el costo de ese rescate sería de entre 2000 y 4500 millones de euros que el Estado español debería desembolsar en concepto de la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas.

Esa responsabilidad es parte del engañoso esquema de las APP/PPP. En teoría el titular de la obra es el Estado, pero en la práctica la construcción está a cargo de las empresas privadas que, además, suelen obtener la concesión por un largo período estipulado por contrato para el gerenciamiento de la obra.

 

Quiebras

Este esquema se ha repetido en países desarrollados y en desarrollo. El Reino Unido sigue sacudido por la bancarrota en enero de la segunda constructora del país, Carillion. La National Audit Office (NAO), que supervisa las cuentas y contratos estatales, publicó un exhaustivo informe en el que estimó que el Estado británico deberá pagar alrededor de 200 mil millones de libras (unos 225 mil millones de dólares) al sector privado en los próximos 25 años por más de 700 proyectos montados con el esquema de la Private Financial Initiative (PFI, en inglés).

¿Qué hubiera pasado si el Estado se encargaba de estos proyectos? Según la NAO, hubieran costado un 40 por ciento menos. ¿Ineficiencia anglosajona, griega o hispánica? En Alemania, reino de la supuesta eficiencia, las cosas no han ido mucho mejor. La reparación de la más importante carretera europea, la A7, fue encarada por el gobierno conservador de Angela Merkel a través de un contrato APP/PPP al que se oponían los verdes, la izquierda y, el derechista-nacionalista Alternative für Deutschland. El costo se duplicó respecto al estimado en el contrato y el alcance de las reparaciones se encogió porque el acuerdo le permitía a la compañía privada ejecutar las partes del proyecto más rentables, dejando el resto para el Estado.

Las peores debacles suelen ocurrir en el mundo en desarrollo. Uno de los ejemplos más dramáticos es el de Nigeria. El financiamiento de un hospital público en Lessoto se lleva hoy una tercera parte del presupuesto de la salud pública nacional. Las APP/PPP están en auge en Brasil, Colombia, Chile y Perú, impulsadas por la agenda neoliberal del Banco Mundial, el FMI y los G20.

 

FMI-BM

En la reunión de otoño del FMI y el Banco Mundial más de 150 ONG del mundo firmaron un manifiesto en el que exigían que estas organizaciones dejaran de promocionar las APP/PPP. El manifiesto ponía el acento en los problemas que señalan el Tribunal de Cuentas Europeo o la NAO británica. Más sutiles que el gobierno de Mauricio Macri, el Banco Mundial no prohibió la presencia de las ONG, sino que continuó con el diálogo que venían manteniendo. El resultado de este diálogo es, en el mejor de los casos, incierto, pero las ONG seguirán con su campaña en la próxima reunión este abril. “En el Banco Mundial nos reconocieron algunos de los riesgos de las APP. Eso no quiere decir que vayan a cambiar. Por eso la campaña sigue adelante porque el problema no se va a ir como queda claro con este último informe europeo”, señaló a PáginaI12 María José Romero de Eurodad.

 

Plan

Argentina planea usar a las APP/PPP como una vía para reducir el gasto público y mantener un nivel de inversión pública que sostenga la actividad económica. Según el Presupuesto, se destinará 1,9 por ciento del PIB a infraestructura en 2018, inversión que trepará al 3,5 por ciento gracias a las iniciativas PPP, según indicó a la agencia Reuters, en noviembre pasado, el ministro de Finanzas, Luis Caputo.

En diálogo con PáginaI12, uno de los grandes estudiosos argentinos del tema, Pablo Chena, economista del Conicet y de la Corriente Federal de Trabajadores, señaló que “estamos ante una deuda encubierta” que, tarde o temprano, va a tensar “peligrosamente” las cuentas fiscales. “El Estado se endeuda porque es el garante de la inversión y rentabilidad privada, pero esa deuda no se ve por un tiempo. Es una manera peligrosa de endeudamiento porque no se hace bajo los cánones que rigen la obra pública. En las PPP reinan los fideicomisos que tienen su propia mecánica de funcionamiento con escasa transparencia y mucha opacidad, con contratos secretos y uso de paraísos fiscales”, concluye Chena.

El veredicto de Oskar Herics, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, es igualmente devastador:”La conclusión es clara. Las PPP (Public-Private Partnerships) no son una opción económicamente viable para el suministro exitoso de obras públicas”.

Fuente: Página 12