PPP Cambios de último momento a favor de los privados en megalicitación vial

Se trata de una obra por unos USD 6.000 millones

El Gobierno asegura que completará el programa vial más ambicioso de la historia argentina.

Los principales contratistas de obra pública del país, algunas de las empresas que formaron parte de la delegación que acompañó la visita de Mariano Rajoy como Albertis y Dycasa y muchos grandes bancos locales y extranjeros, festejaron al enterarse de que finalmente el Gobierno accedió a una extensa lista de reclamos que se habían presentado para que se modifiquen un montón de artículos del pliego de la megalicitación de rutas y autopistas por no menos de USD 6.000 millones bajo el debutante esquema del programa de Participación Público-Privada (PPP).

Esas modificaciones que hacen más atractivo el negocio para los privados y que muy probablemente aumentará la cantidad de ofertas que se presentarán próximamente en la apertura de sobres de una licitación a la que el Gobierno le otorga máxima importancia, figuran en las 129 páginas que conforman la Circular 6 de la Dirección Nacional de Vialidad que se publicó en el Boletín Oficial como Resolución 545.

El debutante esquema del programa de Participación Público-Privada hace más atractivo el negocio para los privados y muy probablemente aumentará la cantidad de ofertas que se presentarán.

 

Programa Público-Privado

El PPP es un esquema creado por una ley votada a fines de 2016 en el que el privado se hace cargo de construir una obra pública, obtener el financiamiento y gestionar el servicio, y el Estado le garantiza el recupero de la inversión y la ganancia mediante la entrega de títulos y concediéndole derecho al cobro por la explotación del servicio.

Una de las grandes diferencias con la forma tradicional de contratación de obra pública es que se afecta menos el Presupuesto Nacional en el corto plazo, lo que resulta funcional para un gobierno urgido de bajar el déficit fiscal.

La creada Subsecretaría de Participación Público-Privada bajo la órbita del Ministerio de Finanzas que encabeza Luis Caputo calcula que mediante ese esquema se realizarán en los próximos años obras públicas por USD 26.000 millones. El listado incluye proyectos viales como el que se licitará, obras ferroviarias y de agua y saneamiento, tendidos de redes de transmisión eléctrica, y construcción de cárceles y hospitales.

El Ministerio de Finanzas estimó que con el PPP se podrán impulsar obras en los próximos años por USD 26.000 millones

 

Los 6 principales logros de los contratistas

El lobby de la construcción supo trasmitir por diversos medios que si no se modificaban a su favor varias de las condiciones del pliego original, los USD 6.035 millones que la Subsecretaría y Vialidad habían estimado como un valor básico para las obras de los 6 corredores que integran la primera etapa de la llamada Red de Autopistas y Rutas Seguras iba a quedar muy superado por algunas ofertas y habría desestimulado la presentación de otras.

 

Entre los múltiples cambios, la Circular modifica:

1. El régimen de multas y el de garantías;
2. Flexibiliza los requisitos para la calificación de oferentes y las normas para el aporte de capital social mínimo;
3. Incrementa la tasa de interés que el Estado debe abonar si demora la entrega de los títulos para el pago de la obra;
4. Limita la obligatoriedad para la realización de obras complementarias;
5. Modifica a favor del contratista los pagos por el daño emergente por la extinción del contrato por culpa de una u otra parte;
6. Cambia el tribunal arbitral y también la tasa de descuento para el cálculo de los pagos, entre muchos otros de los «retoques» que hay en las 129 páginas.

 

Responsabilidad de los subcontratistas

Como ejemplo textual, así se favoreció a los privados en materia de responsabilidad por los subcontratistas de obra, que es el artículo 12.12 del Capítulo 5 del pliego.

El texto original decía: «Cumplir y hacer que todos los subcontratistas y que todos los subcontratistas de cada subcontratista cumplan con la legislación aplicable, incluidas aquellas en materia de tránsito laboral, de higiene, seguridad en el trabajo y seguridad social, y prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo». La Circular 6 eliminó «y que todos los subcontratistas de cada subcontratista», acotando la responsabilidad del contratista principal.

En ambos casos implicaba un severo problema para el Gobierno. Corría el riesgo de tener que explicar por qué contrataba a valores muy superiores a los presupuestados, o recibir escasas ofertas en la primera licitación de un programa al que apuestan fuerte.

El Gobierno corría el riesgo de tener que explicar por qué contrataba a valores muy superiores a los presupuestados, o recibir escasas ofertas en la primera licitación

Frente a la presión, la incertidumbre y la imperiosa necesidad de exhibir buenos resultados en este caso piloto, el Gobierno accedió a muchos de los reclamos. Para eso tuvo que correr la fecha original de apertura de sobres, preparar los cambios y publicar la Resolución 545 con la Circular 6.

 

Principales proyectos

Los 6 corredores de la etapa 1 del capítulo vial de los PPP comprende la construcción en cuatro años de 810 km de autopistas y 1.500 km de «rutas seguras».

Las etapas 2 y 3, cuyos sobres se abrirán en mayo y septiembre respectivamente, completan 1.610 km de autopistas y 3.310 de rutas seguras, con un costo estimado total de USD 12.600 millones. A los que se agregarían USD 4.200 millones en obras complementarias, repavimentación y mantenimiento a lo largo de los quince años de la concesión para explotar las rutas y autopistas.

Del resto de los proyectos con PPP, el más avanzado es el polémico Red de Expresos Regionales para interconectar las seis líneas de ferrocarriles metropolitanos, que ya tiene publicados los pre-pliegos de bases y condiciones para la licitación.

Mientras el programa PPP va ganando impulso, la obra pública bajo el modo tradicional va perdiendo terreno.

Mientras el programa PPP va ganando impulso, la obra pública bajo el modo tradicional va perdiendo terreno, tal como se desprende de la siguiente comparación: el gasto público presupuestado para 2018 en Vivienda y Urbanismo, Agua Potable, Transporte, Energía y Comunicaciones suma $328.410 millones, un 9% menos que el año pasado en términos nominales.

El recorte real es del orden del 30% si se tiene en cuenta que el dato de marzo que difundió el Indec refuerza la idea de que la inflación de este año difícilmente esté por debajo del 20 por ciento.

Fuente: Infobae